Hablar de salud mental en México ya no puede ser un tema tabú, una conversación de café o una preocupación individual, la salud mental debe ser reconocida, protegida y promovida como parte esencial de los derechos humanos, y las escuelas públicas y privadas deben ser el punto de partida para esta transformación urgente.

La infancia y la adolescencia son etapas cruciales para el desarrollo emocional, cognitivo y social de cualquier persona, sin embargo, en nuestro país, miles de niñas, niños y jóvenes enfrentan ansiedad, depresión, violencia familiar, bullying, abuso o abandono, sin contar con herramientas para afrontarlo ni con redes de apoyo profesional dentro del espacio escolar.

Como docente en una escuela pública de nivel secundaria, he sido testigo de historias que conmueven y preocupan profundamente. Alumnas que no duermen por miedo a lo que ocurre en casa, estudiantes que cargan con la ausencia o violencia de sus padres, o que viven con familiares con adicciones, depresión o duelos no resueltos, jóvenes que viven una doble vida: la de la sonrisa en el aula y la del silencio en casa. Y todo ese dolor, inevitablemente, se refleja en su comportamiento escolar: bajo rendimiento, rebeldía, ausentismo, crisis emocionales, retraimiento o explosiones de ira sin explicación aparente.

Y la pregunta constante es: ¿quién los escucha? ¿quién los atiende?

La respuesta, tristemente, muchas veces es “nadie”. En la mayoría de los planteles, no hay psicólogos escolares suficientes o simplemente no existen. Hay escuelas donde una sola orientadora debe atender a cientos de alumnos, o donde la salud mental se limita a una charla ocasional. Esto no es prevención. Es abandono institucional.

Según datos de la Secretaría de Salud, al menos 1 de cada 7 adolescentes en México ha presentado síntomas relacionados con ansiedad o depresión. Y de acuerdo con la UNICEF, los trastornos mentales son una de las principales causas de discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial. El problema no es menor. Es estructural. Y en muchos casos, silencioso.

Las consecuencias son visibles y dolorosas: abandono escolar, autolesiones, aislamiento, y en los casos más graves, suicidio. El INEGI reporta que el suicidio es ya la tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 24 años en México.

¿Cuántas vidas más tenemos que perder para reaccionar?

Desde este espacio, hago un llamado claro: la salud mental debe ser prioridad nacional, no solo en el discurso, sino en la legislación y el presupuesto.

Es urgente que las y los diputados federales y estatales presenten y aprueben iniciativas que obliguen a garantizar la presencia de personal psicológico capacitado en cada plantel escolar, y que se generen programas permanentes de prevención, acompañamiento y atención.

Incorporar el apoyo psicológico en las escuelas no es un lujo, es una necesidad. Así como hablamos de infraestructura, de libros, de uniformes o de alimentación escolar, debemos hablar de emociones, vínculos, autoestima y contención, un niño emocionalmente estable tiene más herramientas para aprender, para relacionarse, para crecer. Y un maestro que se siente acompañado emocionalmente enseña mejor. Una comunidad escolar que cuida su salud mental, construye futuro.

También debe reconocerse que la salud mental no termina en la niñez, muchos adultos cargan con heridas no atendidas desde la infancia. Por eso, debemos entender que la salud mental debe acompañar todo el ciclo de vida, desde la infancia hasta la vejez. Y que su cuidado no es asunto de “locos”, sino de seres humanos que sienten, sufren, ríen y necesitan ser escuchados.

Por mi parte seguiré insistiendo: la educación emocional salva vidas. Y el Estado tiene la obligación de garantizar que todas y todos —en cada rincón del país— tengan acceso a ese derecho fundamental.

Porque una sociedad que cuida la mente de sus niñas, niños y jóvenes es una sociedad que siembra paz, esperanza y futuro.

Es momento de escucharlos, de sostenerlos y de no dejarlos solos nunca más.