Más de mil familias fueron desplazadas de las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula y Acahuetlán, en la región de la Montaña Baja de Guerrero, luego de una serie de ataques atribuidos al grupo criminal Los Ardillos, denunció el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

Jesús Plácido Valerio, dirigente de la organización, acusó que las agresiones continúan incluso con el uso de drones armados, mientras que elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Ministerial se retiraron de la zona en pleno desarrollo de los ataques.

El Cipog-EZ responsabilizó a los tres niveles de gobierno de presunta complicidad con Los Ardillos, al señalar que han permitido las incursiones armadas contra comunidades indígenas y miembros de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores.

En un comunicado, la organización informó que el pasado 6 de mayo fueron asesinados Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario, originarios de la comunidad de Tula, cuando realizaban trabajos de albañilería en Xicotlán. De acuerdo con el relato, hombres armados a bordo de una camioneta blindada abrieron fuego contra ellos.

Las víctimas, además de dedicarse a la construcción, formaban parte del sistema de justicia comunitaria y participaban en la defensa del territorio, afirmó el Cipog-EZ, que también denunció una escalada de violencia marcada por desapariciones, torturas y asesinatos en la región.

La agrupación sostuvo que existe una red de protección política y policial hacia Los Ardillos, mencionando presuntos vínculos entre integrantes del grupo criminal y actores políticos de Guerrero. Asimismo, denunciaron que pese a la presencia de un cuartel militar cercano al crucero del Jagüey, los agresores pudieron entrar y salir de Xicotlán sin ser detenidos.