La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha decidido ampliar la investigación que desarrolla por posibles irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). De manera inédita, anunció que colabora directamente con informantes que buscan reducir sus sanciones.

En un comunicado, el órgano técnico detalló que estas personas han proporcionado información y elementos relevantes con el fin de apegarse al “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones”, instrumento dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La ASF, bajo la titularidad de Aureliano Hernández Palacios Cardel, garantizó que esta colaboración ha permitido obtener avances de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales “durante varios años”.

“Entre los elementos recabados destacan testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias y personas presuntamente involucradas”, indicó.

De acuerdo con la Auditoría Superior, las indagatorias han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de las empresas, señaladas de encabezar un duopolio en el INE, habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

La Auditoría Superior compartió un diagrama con imágenes del esquema delictivo, que comprende la colusión de tres actores principales identificados plenamente por la ASF: empresas fachada, beneficiarios finales y personas servidoras públicas involucradas dentro del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

La ASF aclaró que las indagatorias de oficio se mantendrán activas bajo tres consignas inmediatas: Identificar a todas las personas que formaron parte de esta red de corrupción institucional; rastrear el destino final de los recursos públicos desviados mediante estas licitaciones amañadas; y garantizar que se impongan las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.