Los trabajadores que planeaban mejorar su pensión mediante la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrentan un nuevo escenario: las modificaciones a las reglas de incorporación limitan el salario de cotización, eliminan la posibilidad de realizar nuevas contrataciones retroactivas y podrían derivar en controversias legales.

Los cambios, publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de octubre, entraron en vigor al día siguiente y han generado preocupación entre quienes preparan su retiro y esperaban utilizar este esquema para incrementar el monto de su futura pensión.

Ante esta situación, la abogada Nancy Sotomayor advirtió que las nuevas disposiciones podrían abrir la puerta a juicios de amparo indirecto, siempre que los asegurados acrediten una afectación concreta a sus derechos y que existan fundamentos jurídicos para impugnar la aplicación de las medidas.

Uno de los puntos más relevantes es la limitación al salario de cotización para las nuevas incorporaciones. Bajo las nuevas reglas, se toma como referencia el último salario registrado al momento de la baja del régimen obligatorio, con un incremento máximo equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos, por lo que quienes pretendían incorporarse con un salario considerablemente superior al que tenían registrado podrían encontrar restricciones para aumentar sus aportaciones. La medida representa un cambio importante para quienes buscaban mejorar su pensión mediante aportaciones voluntarias, aunque el impacto dependerá de las semanas cotizadas, la trayectoria salarial y el régimen pensionario aplicable a cada trabajador.

Otro de los ajustes establece que la incorporación comenzará a partir de la fecha de presentación de la solicitud, lo que impide realizar nuevas contrataciones retroactivas para cubrir periodos anteriores.

Además, las nuevas solicitudes deberán realizarse mediante mecanismos digitales, de acuerdo con las disposiciones difundidas.

Sotomayor señaló que uno de los aspectos que podrían analizarse jurídicamente es si las medidas administrativas se apegan a la Ley del Seguro Social, particularmente a las disposiciones que regulan la continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

Entre los argumentos que podrían plantearse ante los tribunales se encuentra el principio de jerarquía normativa, bajo el razonamiento de que una disposición administrativa debe respetar lo establecido en la legislación federal.