La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió las investigaciones sobre las contrataciones de las autoridades electorales y anunció una revisión histórica de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La fiscalización abarcará 25 años de compras y contratos para identificar posibles irregularidades, concentración de proveedores, esquemas de subcontratación y prácticas que pudieran afectar el manejo de los recursos públicos.

La decisión contempla tres líneas de trabajo, investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE, además de la revisión del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales estatales.

De acuerdo con la ASF, las indagatorias derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a distintas entidades federativas, donde se identificaron indicios de posibles anomalías en operaciones relacionadas con las autoridades electorales.

Uno de los principales objetivos será reconstruir el historial de adquisiciones del sistema electoral mexicano entre 2000 y 2025.

La investigación también examinará las relaciones comerciales entre grupos empresariales, proveedores y servidores públicos, para determinar si hubo mecanismos que limitaron la competencia en las licitaciones o favorecieron a determinadas compañías.

La ampliación de las investigaciones no se limitará a las compras históricas. La ASF anunció una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral, así como la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los Organismos Públicos Locales Electorales.

Esto permitirá examinar tanto los recursos administrados por la autoridad electoral nacional como el presupuesto federal transferido a los organismos encargados de organizar los comicios en las entidades federativas.