La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió avalar el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y dejó sin efectos el último amparo que favorecía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La ministra Yazmín Esquivel se pronició en contra de la metodología del proyecto de Batres, pues desborda la litis planeada – según su aprecisación -, señala que el proyecto no responde los agravios planteados, sino que se sustituye en el juez de control.

El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía consideró que la propuesta de sentencia no fija un parámetro constitucional, ya que no desarrolla un criterio con vocación general, sino que lo que hace es verificar si en el caso concreto existen datos de prueba suficientes para la orden de captura, situación que corresponde al juez de control y no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte la ministra Loretta Ortiz, si bien, votó a favor del proyecto, consideró que la forma en que está constuirda la propuesta parecería que este alto tribunal está asumiendo funciones del juez de control y que el analisis debía limitarse a saber si el juzgado de distito hizo bien en conceder el amparo de la justicia.

El Presidente Hugo Aguilar, abundó en que la SCJN fortaleció la jurispridencia 28/2020 donde se señala que los jueces de amparo no pueden sustituir al juez de control, sin embargo, sí pueden analizar la legalidad de su ejercicio.

Con esta determinación, el máximo órgano judicial del país confirmó la validez de la orden de aprehensión girada por un juez federal con sede en el Estado de México, en la que se le imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El fallo representa un avance relevante dentro del proceso penal iniciado a partir de las denuncias interpuestas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República.

Alcances de la decisión

El Pleno concluyó que el amparo promovido por el exmandatario no era procedente y que el mandamiento judicial cumple con los parámetros constitucionales. En consecuencia, la orden de captura queda firme y las autoridades federales pueden continuar con las diligencias correspondientes.

Incluso, se abre la posibilidad de activar mecanismos de cooperación internacional, como una eventual ficha roja ante la Interpol, en caso de considerarse necesario.

Antecedentes del caso

El expediente tiene su origen en 2020, cuando la UIF presentó denuncias por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero. En 2021, la FGR solicitó a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia, el cual fue aprobado, y posteriormente se emitió una orden de aprehensión.

Tras diversas impugnaciones y resoluciones judiciales, incluida una controversia constitucional promovida por el Congreso local, el asunto escaló hasta la Corte, que ejerció su facultad de atracción.

Con la votación unánime, la SCJN fijó una postura definitiva: la orden de aprehensión es válida y el proceso penal puede continuar sin obstáculos judiciales.