Hay una pregunta que cada vez escucho con mayor preocupación entre quienes dedicamos nuestra vida a la enseñanza:

¿Hasta dónde estamos seguros dentro de nuestras propias escuelas?

Durante años hemos hablado, con toda razón de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero en algún momento pareciera que olvidamos que frente a cada grupo también hay un ser humano que merece respeto, seguridad y protección.

Lo ocurrido recientemente en Veracruz resulta inquietante. Un maestro pidió a sus alumnos elaborar un croquis del recorrido entre su casa y la escuela, una actividad contemplada en los materiales educativos, la inconformidad de algunas familias derivó en señalamientos de presunto acoso y una denuncia ante las autoridades.

El caso incluye otras acusaciones que deben investigarse con seriedad, pero también deja una pregunta: ¿cómo llegamos al punto en que una actividad escolar puede convertirse en motivo de confrontación pública y poner en riesgo la reputación de un docente antes de que exista una resolución? Y lo más preocupante es que hay historias que terminaron de manera mucho más dolorosa.

En marzo de este año, dos maestras fueron asesinadas dentro del Colegio Antón Makarenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En octubre de 2025, la maestra Fabiola Ortiz Medina fue asesinada en Oaxaca; las investigaciones señalaron a un estudiante como presunto responsable.

No son simples noticias, son vidas arrebatadas en espacios que deberían ser seguros para enseñar y aprender, y no son hechos que debamos normalizar.

En Tlaxcala, las autoridades educativas reportaron 90 casos de violencia ejercida por madres, padres o tutores contra docentes de educación básica durante el ciclo 2024-2025.

Detrás de estas cifras hay maestros que sienten miedo, que enfrentan amenazas o que temen que una acusación pública destruya en cuestión de horas la reputación que construyeron durante años.

¿En qué momento enseñar comenzó a convertirse también en un riesgo?

Como docente, me preocupa profundamente lo que estamos viviendo, y creo que debemos atrevernos a hablar de algo que muchas veces evitamos: la responsabilidad de las familias.

La primera escuela es el hogar, ahí se aprende a respetar, escuchar, cumplir reglas, reconocer errores y comprender que nuestros actos tienen consecuencias. Amar a nuestros hijos no significa justificarles todo, defenderlos no significa asumir que siempre tienen la razón, y acompañarlos tampoco significa desautorizar al maestro cada vez que establece un límite. Por supuesto, existen docentes que cometen faltas y deben responder por ellas, toda denuncia legítima merece atención y ninguna niña o niño debe quedar desprotegido.

Pero escuchar una denuncia no significa declarar culpable a alguien antes de investigar, necesitamos proteger a los estudiantes sin destruir la presunción de inocencia de los maestros.

A esta situación se suma otra realidad que conocemos quienes estamos frente a grupo, cada vez se nos exige más, además de enseñar, debemos atender una creciente carga administrativa, registrar evidencias, elaborar reportes, participar en campañas institucionales, identificar problemas emocionales, atender conflictos y asumir tareas relacionadas con la salud y el bienestar de los estudiantes.

Por supuesto que debemos acompañarlos, pero los maestros no podemos sustituir a los psicólogos, médicos, trabajadores sociales ni a las familias. Nos están pidiendo resolver desde el aula problemas que muchas veces comienzan fuera de ella, sin proporcionarnos siempre las herramientas necesarias.

Por eso considero valiosas las iniciativas legislativas que buscan proteger los derechos del magisterio. En Durango, la diputada del PRI Dany Soto propuso medidas frente a amenazas, acoso y denuncias deliberadamente falsas, en Jalisco, la diputada tambien priista María del Refugio Camarena presentó una iniciativa para fortalecer las garantías de debido proceso de los docentes. Es momento de que estas discusiones se conviertan en protocolos claros, acompañamiento jurídico, atención psicológica, mecanismos de prevención y protección efectiva, y es momento de exigir a la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado, que la dignidad y la seguridad del magisterio ocupen un lugar prioritario en la política educativa.

Porque no basta reconocer a los maestros cada 15 de mayo, hay que protegerlos todos los días. Necesitamos recuperar una alianza que nunca debió romperse: la de las familias y las escuelas, los padres no somos enemigos de los maestros y los maestros tampoco somos enemigos de nuestros alumnos, compartimos una responsabilidad enorme: formar personas capaces de vivir con respeto, responsabilidad y empatía.

No podemos pedirles a los maestros que cuiden a nuestros hijos mientras dejamos de cuidar a quienes enseñan. Una sociedad que pierde el respeto por sus educadores termina debilitando uno de sus pilares más importantes, y una escuela donde el maestro tiene miedo de enseñar, corregir o establecer límites difícilmente podrá cumplir su misión.

Defender al magisterio no es pedir privilegios, es exigir algo elemental: que enseñar no signifique renunciar a nuestros derechos, a nuestra tranquilidad ni a nuestra seguridad.

Porque al final, la realidad siempre encuentra la manera de hacerse escuchar.