El impuesto a la muerte
En México ya se paga por trabajar, por consumir, por ahorrar, por ganar, por comprar una casa y hasta por venderla. Faltaba morirse. La semana pasada, la ministra Lenia Batres dedicó su videocolumna a defender que las herencias, los legados y hasta la Afore de un trabajador fallecido paguen impuesto sobre la renta, todo en nombre de “redistribuir la riqueza”. El asunto no salió de la nada: La Corte acababa de resolver que el ahorro de la Afore entregado a los deudos equivale a una herencia y, por tanto, está exento. Ella votó en contra. El Estado, según ésto, merecía su parte.
Detengámonos en la estampa, porque es de novela. Un obrero cotiza treinta años. Le descuentan impuestos en cada quincena de su vida. Se muere sin alcanzar a estrenar su retiro. Y cuando la viuda acude por ese ahorro, aparece el fisco formado en la fila del velorio, con la mano extendida. A eso la ministra le llama justicia, porque quien hereda “recibe un recurso que no provino de su esfuerzo”. El difunto, por lo visto, tampoco se esforzó.
Lo mejor es que sus propios números la desmienten. Ella citó que 24 países de la OCDE cobran ese impuesto y que recauda el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales. Léalo dos veces: Medio punto porcentual. Con eso no se redistribuye nada; se molesta a todos para no resolver nada. Y hay un detalle que la videocolumna omite: Ese impuesto casi nunca lo pagan los verdaderamente ricos, que para eso tienen fideicomisos, fundaciones y despachos enteros dedicados a esquivarlo. Lo paga la familia de en medio, la que hereda una casa y no tiene ni liquidez ni abogados. En Estados Unidos, con toda su fama, el impuesto a las sucesiones alcanza apenas a una de cada mil.
Y si de referencias internacionales se trata, vamos allá. Suecia, sí, Suecia, la meca socialdemócrata, lo abolió en 2004 por voto unánime de su parlamento, izquierda incluida, porque espantaba capital y estrangulaba empresas familiares. Noruega lo eliminó en 2014; Austria, Australia y Portugal, antes. En el otro extremo está Corea del Sur, que cobra hasta 50 por ciento: Cuando murió el dueño de Samsung, sus herederos quedaron a deber unos once mil millones de dólares y llevan años vendiendo y empeñando acciones para pagarle al fisco. Eso no fue redistribución. Fue desmantelamiento con recibo oficial.
México, por cierto, ya tuvo ese impuesto. Lo derogó en 1961, porque recaudaba poco y se evadía mucho. La lección sigue vigente: Nuestro problema fiscal no es que la muerte esté exenta, sino que la mitad de la economía es informal y el Estado no ha sabido cobrarles bien a los vivos. Hasta la presidenta se deslindó al día siguiente. Cuando una ocurrencia recaudatoria le parece excesiva incluso al gobierno que recauda, algo dice.
En mi libro escribí que los impuestos nunca son neutrales: Son poder puro, decidiendo a quién exprimir. Esta semana el poder miró hacia los panteones. De ahí, ésto:
Cuando un Estado ya no encuentra qué cobrarles a los vivos, empieza a facturarle a los muertos. A eso no se le llama redistribución. Se le llama, desde tiempos de los romanos, despojo.