Amable lector, empecemos con un examen. Le prometo que es breve y que es fácil.

“El agua hierve a cien grados al nivel del mar”. ¿Hecho u opinión?

“El mejor café de Ciudad Victoria es el de la esquina”. ¿Hecho u opinión?

“Tamaulipas está mejor hoy que hace tres años”. ¿Hecho u opinión?

Sospecho que no le tomó más de diez segundos. Acaba usted de aprobar, sin código de ética, sin defensor de audiencias y sin una sola pleca en la pantalla, el examen que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones considera que la radio y la televisión mexicanas no pueden pasar por su cuenta.

El 24 de julio se publicó el anteproyecto de Lineamientos de Derechos de las Audiencias y el 28 Luisa María Alcalde lo presentó en la mañanera. Obliga a los concesionarios a separar con plecas y cortinillas lo que es noticia, lo que es opinión y lo que es publicidad. Dicho así, ¿quién podría oponerse?

Sigamos, entonces, con frases reales dichas en voz alta estos días.

“No hay censura”. ¿Hecho u opinión?

“Es mejor la regulación que la censura”. ¿Hecho u opinión?

“El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad”. ¿Hecho u opinión?

¿Notó usted algo? Todas se pronunciaron con el tono con el que se enuncian los hechos. Ninguna llevaba pleca. Ninguna llevaba cortinilla. Y todas se transmitieron por radio y televisión, de lunes a viernes, desde las siete de la mañana. ¿Se le aplicarán los lineamientos a la mañanera, amable lector? ¿O distinguir el hecho de la opinión es una obligación hacia afuera y una virtud que se presume hacia adentro?

Permítame contarle lo que ocurrió el miércoles pasado. En la sección “Detector de Mentiras”, que el Gobierno transmite cada semana desde Palacio Nacional, el coordinador de Infodemia desmintió, entre las falsedades de la semana, la afirmación de que el Gobierno vaya a determinar qué es verdad y qué es mentira en los medios.

Léalo otra vez, despacio. El mecanismo con el que el Estado determina cada miércoles qué es verdad y qué es mentira determinó que es mentira decir que el Estado determina qué es verdad y qué es mentira.

Ahora sí, amable lector, las preguntas difíciles. ¿Qué es un hecho? ¿Existe un hecho sin alguien que lo cuente? Los lineamientos prohíben difundir información “descontextualizada”: ¿Quién decide cuál es el contexto correcto? ¿Cuánto contexto le falta a un dato para volverse mentira y cuánto le sobra para volverse propaganda? Si un hecho resulta incómodo para quien manda, ¿qué probabilidad hay de que se le declare incompleto? ¿Puede un gobierno evaluar con imparcialidad lo que se dice del gobierno? Y si nos asegura que no piensa hacerlo, ¿con qué instrumento lo comprobamos? ¿Con el suyo?

Hannah Arendt escribió en 1967 que la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información sobre los hechos. Y advirtió algo más fino: Los hechos son más frágiles que los axiomas. Un teorema se demuestra; un hecho solo se atestigua. Nadie puede reconstruir por su cuenta lo que pasó ayer a doscientos kilómetros de su casa: Depende de quien se lo cuente.

Y aquí es donde ya no da risa.

¿Dónde estaría el riesgo real? ¿En la pleca? ¿En el defensor de audiencias? ¿Será que el asunto radica más bien en quién sostiene la pluma? La obligación de distinguir el hecho de la opinión no es nueva: Está en la ley desde 2014. Lo nuevo es el árbitro. Hasta el 17 de octubre de 2025 la vigilaba el IFT, un órgano constitucional autónomo; ese día se extinguió y sus funciones pasaron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende del Ejecutivo. ¿Se le ocurre alguna otra actividad humana en la que aceptaríamos que uno de los equipos nombre al que pita?

Las multas van del 0.01% al 1% de los ingresos anuales. El Gobierno aclara que nunca serán por el contenido, sino por no publicar el código de ética. ¿Y qué debe contener ese código? Cómo se garantiza que la información sea veraz. Es decir: El Estado no juzgará si usted dijo la verdad, juzgará si cumplió el código que juzga si usted dijo la verdad. ¿Le parece a usted una diferencia grande?

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión advierte que las quejas anónimas pueden volverse mecanismo de presión, y Artículo 19 habla de autocensura. ¿Cuántas notas se van a caer antes de salir al aire? Esa cifra no la vamos a conocer nunca. En un país con 451 agresiones contra periodistas durante 2025 y 178 asesinados desde el año 2000, ¿hacía falta un motivo más para pensarlo dos veces antes de publicar?

Y note usted que los lineamientos alcanzan a la radio y la televisión, pero no a la prensa, los portales ni las redes. ¿Por qué justamente los medios que operan con una concesión que el Gobierno renueva o no renueva?

Los gobiernos pasan, los instrumentos se quedan. ¿Firmaría usted esta regla si supiera de antemano que quien va a estrenarla es su adversario político?

Le dejo la última pregunta del examen. La frase es oficial y es del miércoles pasado: “Es falso que el Gobierno vaya a determinar qué es verdad y qué es mentira”.

¿Hecho u opinión?

¿Y quién nos va a decir cuál de las dos?