Hay instituciones que administran recursos públicos, otras toman decisiones que afectan nuestra vida cotidiana, pero existen algunas cuya responsabilidad es todavía más delicada: custodiar la confianza de millones de ciudadanos. El Instituto Nacional Electoral (INE) es una de ellas.

Por eso los señalamientos que durante los últimos días han rodeado a su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, no pueden reducirse a una controversia personal ni a una disputa entre partidos, estamos hablando de posibles conflictos de interés, contratos millonarios y vínculos entre funcionarios y proveedores de la institución que organiza nuestras elecciones.

La Auditoría Superior de la Federación ha iniciado una investigación de oficio y ha informado que existen indicios de posibles irregularidades en contrataciones, colusión y triangulación de recursos. Son hechos que deben investigarse hasta sus últimas consecuencias. Este domingo, Guadalupe Taddei anunció que presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados, argumentando la necesidad de preservar la estabilidad, credibilidad e independencia del Instituto, su decisión abre una nueva etapa, pero hay algo que debemos tener absolutamen te claro:

Renunciar puede ser una decisión personal; rendir cuentas es una obligación pública. Y corresponde a las autoridades determinar si existieron conductas indebidas, pero la transparencia tampoco puede quedar suspendida mientras se esclarecen los hechos.

La Auditoría Superior de la Federación tiene la responsabilidad de investigar con independencia, rigor y sin consideraciones políticas, y si se acreditan irregularidades, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes, porque ningún cargo público puede convertirse en un espacio de privilegios, mucho menos cuando se trata del árbitro electoral.

México tardó décadas en construir instituciones capaces de organizar elecciones confiables, la autonomía electoral no fue una concesión generosa del poder, fue resultado de exigencias ciudadanas, reformas, acuerdos y una larga lucha para que los gobiernos dejaran de ser juez y parte en las elecciones. Por eso siempre he expresado mi preocupación ante las reformas que buscan concentrar decisiones y debilitar los contrapesos institucionales.

Un organismo electoral necesita independencia frente al gobierno, pero también controles efectivos sobre sus propias decisiones.

La autonomía no significa ausencia de vigilancia, significa libertad para cumplir la ley, sin sometimiento político y con plena rendición de cuentas.

Y aquí existe una responsabilidad que va mucho más allá de Guadalupe Taddei. Quienes participan en el diseño de las instituciones, quienes nombran a sus autoridades y quienes administran sus recursos deben comprender que la confianza pública no se obtiene automáticamente al ocupar un cargo, se construye con decisiones, se sostiene con transparencia, y se pierde cuando las dudas encuentran silencio en lugar de explicaciones.

A las puertas de un nuevo proceso electoral, México no puede permitirse un INE debilitado por sospechas ni sometido a intereses partidistas, tampoco podemos permitir que esta controversia se utilice como argumento para restarle autonomía a una institución que debe pertenecer a todos los mexicanos.

La respuesta a una crisis de confianza no puede ser concentrar más poder, debe ser fortalecer los mecanismos que permiten vigilarlo. Por eso el esclarecimiento de estos hechos tiene que ser completo, independientemente de quién resulte involucrado sin encubrimientos, sin condenas anticipadas, sin impunidad y con procedimientos que garanticen tanto el derecho de defensa como el derecho de los ciudadanos a conocer qué ocurrió con los recursos públicos.

Porque la democracia no solamente necesita elecciones, necesita ciudadanos que confíen en ellas. Y esa confianza comienza mucho antes de que se instale una casilla, comienza cuando las instituciones demuestran que nadie está por encima de la ley.

México necesita un INE independiente del poder, imparcial frente a los partidos y transparente ante los ciudadanos.

Las personas pasan, las instituciones permanecen, pero su legitimidad depende de algo que ningún nombramiento puede garantizar por sí solo: la confianza que son capaces de merecer.

Porque al final, la realidad siempre encuentra la manera de hacerse escuchar.