La violencia no es nueva en Tamaulipas, pero eso no vuelve menos doloroso cada episodio ni permite acostumbrarse a sus consecuencias. Lo ocurrido esta semana en Matamoros deja familias lastimadas y una pérdida especialmente desgarradora: la muerte de una niña de siete años, cuya madre también resultó herida.

En medio de esa tragedia, hay una decisión del gobernador Américo Villarreal Anaya que debe reconocerse: admitir públicamente la gravedad de los hechos y señalar que se investiga si el disparo que mató a la menor provino de un helicóptero de la propia Guardia Estatal. Es una posibilidad bajo investigación; todavía deben esclarecerse el origen del disparo y las responsabilidades.

El mandatario expresó que se actuará con apego a la ley, sin encubrir a nadie. Esa postura es necesaria y deberá traducirse en una investigación transparente, atención a las víctimas y resultados que permitan conocer la verdad.

La condición fronteriza de Tamaulipas añade dificultades al combate a la delincuencia organizada. Enfrentar ese problema exige coordinación entre autoridades, inteligencia y medidas que protejan a la población durante los operativos y ante las reacciones criminales. Reconocer lo que ocurre es un primer paso indispensable para corregir lo que está fallando.

Por eso puede valorarse que Américo haya reconocido el dolor y abierto públicamente la posibilidad de responsabilidades dentro de una corporación estatal. Ahora corresponde sostener ese compromiso con hechos. Para las familias afectadas, la respuesta más importante será que se esclarezca lo sucedido, se determinen responsabilidades y se eviten nuevas tragedias.

Si me lo permite, tomemos con reserva el ejemplo de Sinaloa , el cual nos obliga a mirar más allá de la emergencia. A pesar del despliegue de fuerzas federales, la violencia persiste y afecta la economía y la vida cotidiana. Apenas el 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció un repunte de homicidios y anunció una revisión de los despliegues militares. La lección merece atención: enviar más efectivos es una medida importante, pero su presencia, por sí sola, no garantiza recuperar la tranquilidad.

Tamaulipas tiene razones para tomar en serio esa advertencia. Sigue presente el recuerdo de la violencia que marcó al estado alrededor de 2010. Evitar que se repitan aquellos años exige actuar con firmeza, mejorar la investigación y proteger a las familias, los comercios y las actividades productivas.

En ese contexto cabe una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué colaboración adicional con Estados Unidos podría ayudar a reducir la violencia en nuestra frontera?

Conviene precisar de qué estamos hablando. Compartir inteligencia, rastrear el dinero de las organizaciones criminales, frenar el tráfico de armas y coordinar la vigilancia fronteriza son opciones que las autoridades de ambos paises han externado y que que deben evaluarse por sus resultados. La participación de fuerzas estadounidenses en operativos dentro de México plantea decisiones de otro alcance, que corresponden al Gobierno federal y requieren un marco legal claro.

Por eso, la discusión debe partir de qué está funcionando, qué falta y qué compromisos adicionales asumiría cada gobierno.

Reconocer el problema, como lo hizo Américo Villarreal ante la tragedia de esta semana, es un paso necesario. El siguiente es convertir ese reconocimiento en decisiones que reduzcan la violencia y permitan esclarecer responsabilidades, incluso dentro de las propias corporaciones. La medida del éxito será que las familias puedan vivir y trabajar con tranquilidad.

 NUEVE AÑOS DESPUÉS, UNA CONDENA QUE NO SE SOSTUVO

Más de nueve años en prisión no se recuperan con una orden de libertad. El caso de Jorge Fernández González, absuelto del feminicidio de su esposa, la ciudadana española María del Pilar Garrido Santamans, obliga a mirar críticamente la procuración y la impartición de justicia en Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en 2017, durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, cuando Irving Barrios Mojica encabezaba la Procuraduría estatal. La acusación contra Fernández derivó en una condena de 47 años de prisión, cuya solidez fue cuestionada por su defensa durante años.

El pasado 28 de octubre, la Sala Colegiada Penal dictó sentencia absolutoria y ordenó su libertad, después de que un tribunal federal dispusiera revisar nuevamente las pruebas. La conclusión fue determinante: el material presentado por la Fiscalía resultaba insuficiente para sostener su responsabilidad penal.

En el Poder Judicial que hoy encabeza la magistrada presidenta Tania Contreras López merece reconocerse la actuación de la Sala al corregir una condena que no pudo sostenerse bajo los parámetros establecidos por la justicia federal. También corresponde reconocer la persistencia de la defensa y la intervención del tribunal de amparo.

Tania Contreras López

El desenlace obliga a esclarecer cómo se construyó y sostuvo aquella acusación, y si existieron actuaciones indebidas que deban investigarse. Afirmar una fabricación deliberada requiere pruebas; exigir que se revisen las responsabilidades es una demanda legítima.

Queda, además, una deuda fundamental: justicia para María del Pilar Garrido y su familia. La absolución de Jorge Fernández no esclarece quién la asesinó. Tamaulipas necesita respuestas para ambas partes: sobre la condena que fue revocada y sobre el crimen que sigue reclamando justicia.

MORENA TEME RUPTURAS… ¿QUIÉN LAS APROVECHARÍA?

La preocupación de la maestra Guadalupe Gómez Núñez por evitar en Tamaulipas el llamado “efecto Tatiana” tiene fundamento político. Las inconformidades que rodean la selección interna de Morena en Nuevo León recuerdan que repartir candidaturas también implica administrar decepciones. Y cuando esas diferencias no se procesan adecuadamente, pueden convertirse en rupturas, desmovilización o apoyos para los adversarios.

La dirigente estatal ha explicado que mantiene acercamientos con los aspirantes para promover la unidad. Hasta ahora no identificó una ruptura concreta en Tamaulipas, pero su llamado anticipa el problema: ¿cómo conseguir que quienes no resulten favorecidos trabajen por la candidatura de alguien con quien compitieron?

Guadalupe Gómez Núñez

Lo que ocurre fuera del estado puede repercutir aquí. Los partidos presumen los gobiernos que consideran exitosos, pero también deben responder por los cuestionamientos que enfrentan sus figuras nacionales. Esa exposición alcanza tanto a Morena como a Movimiento Ciudadano.

Para MC, Nuevo León representaba una carta de presentación importante. Sin embargo, los señalamientos sobre presunta triangulación de recursos públicos, expuestos por la Auditoría Superior de la Federación y vinculados por investigaciones periodísticas con el entorno del gobernador Samuel García, complican utilizar esa administración como ejemplo de buen gobierno. Son asuntos sujetos a investigación, no una sentencia contra el mandatario, pero ofrecen argumentos a sus adversarios.

En Jalisco, el gobierno emecista de Pablo Lemus enfrenta otro cuestionamiento: la calidad y distribución del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador reconoció la crisis y comentó que el problema tiene antecedentes de varias administraciones, pero atenderlo es responsabilidad del gobierno actual, no del pasado.

Ambos casos pueden debilitar el discurso con el que Movimiento Ciudadano busca presentarse como una alternativa. Eso no demuestra una pérdida de votos en Tamaulipas, pero sí obliga a sus dirigentes locales a construir credibilidad propia: presumir las siglas y a sus gobernadores puede resultar insuficiente.

Aquí se cruzan los problemas de ambos partidos. Si Morena genera inconformes y MC enfrenta cuestionamientos en sus principales gobiernos, ¿qué opciones tendrían los aspirantes que decidieran abandonar el partido guinda? ¿Buscarían espacio en el PAN, en el PRI o en alguna combinación opositora?

Ninguno de esos movimientos está asegurado. Tampoco todo aspirante que cambia de partido se lleva consigo a sus simpatizantes. Pero una candidatura con trabajo territorial, acompañada de una alianza competitiva, podría modificar una contienda municipal que Morena considere resuelta.

PAN y PRI tendrían que demostrar que pueden construir acuerdos y candidaturas capaces de atraer respaldo. Recibir inconformes tampoco garantiza el triunfo: puede sumar estructuras, pero también provocar conflictos con sus propias militancias.

Por eso, la preocupación de Lupita Gómez no debería limitarse a evitar protestas cuando se conozcan los resultados internos. El desafío consiste en generar confianza en el procedimiento, explicar las decisiones y ofrecer participación a quienes no obtengan una candidatura.

Morena tiene razones para cuidar su unidad, pero sería un error confiar en que los problemas de sus adversarios bastarán para conservarla. Una oposición cuestionada puede seguir encontrando oportunidades si el partido gobernante convierte sus diferencias internas en fracturas electorales.

INE: LA RENUNCIA NO PUEDE SER EL CASTIGO

La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral no puede cerrar el capítulo de las presuntas irregularidades en sus contrataciones. Dejar el puesto no sustituye la obligación de rendir cuentas ni libera de responsabilidades a quienes pudieran haber utilizado recursos públicos para beneficiar intereses particulares.

El pasado 30 de octubre, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, informó ante diputados de 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades: trece continúan en investigación y cinco pasaron a procedimientos de responsabilidades. Es un asunto que exige esclarecer quién autorizó los contratos, cómo se seleccionaron los proveedores y si hubo daños al patrimonio público.

Resulta indignante que, frente a tantos señalamientos de posibles desfalcos, México siga arrastrando carencias en infraestructura médica, hospitales, equipo y suministro de medicamentos. Mientras hay familias que deben endeudarse para conseguir un tratamiento, las sospechas sobre el aprovechamiento privado del presupuesto profundizan el enojo social. Ninguna institución puede tolerar el desperdicio o el saqueo del dinero público en un país con necesidades tan urgentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe mantener su exigencia de una investigación profunda y transparente. Su compromiso contra la corrupción también se mide cuando los señalamientos alcanzan a figuras cuya llegada al cargo fue respaldada por el oficialismo.

Porque repetir “no mentir, no robar y no traicionar” no acredita honestidad. Si quienes hacen suya esa consigna toleran irregularidades o protegen a los responsables por conveniencia política, la convierten en populismo barato. Los militantes y dirigentes de Morena que la proclaman tienen la obligación de demostrarla con hechos, especialmente cuando investigar implica incomodar a los cercanos.

También cabe una advertencia política: si la denuncia contra Guadalupe Taddei prospera, Morena podría intentar convertir el caso en un trofeo electoral rumbo a 2027, para reivindicar su discurso anticorrupción y recuperar credibilidad ante el desgaste del ejercicio del poder. Pero proceder únicamente contra ella, dejando intacta cualquier red de funcionarios, intermediarios y contratistas cuya responsabilidad se acredite, sería una respuesta incompleta. La justicia debe alcanzar a todos los responsables; su alcance no puede depender de cuánto beneficio electoral produzca una sola figura.

El caso del INE pone a prueba esa congruencia. Si se acreditan las conductas señaladas y aparece protección política, habrá una nueva muestra de la distancia entre el discurso de honestidad y el ejercicio del poder. Las consignas no pueden servir como certificado de inocencia ni como escudo frente a una investigación.

Por eso, un relevo en la presidencia resulta insuficiente. El desenlace debe incluir investigaciones concluidas, responsabilidades individualizadas y sanciones cuando correspondan. Si hubo corrupción, la renuncia no puede ser el castigo.