El nombre de Yahleel Abdala Carmona volvió a colocarse en el centro de la conversación política en Tamaulipas. La exsecretaria de Bienestar Social en el último tramo del sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca hoy enfrenta una situación legal muy delicada.

Un juez de control la declaró sustraída de la acción de la justicia, es decir, en condición de prófuga, luego de que no se presentara a cinco audiencias consecutivas dentro del proceso penal que enfrenta, argumentando distintos problemas de salud. Esta determinación abre la puerta a que la Fiscalía solicite una orden de aprehensión en su contra.

A Yahleel se le investiga por uso indebido de atribuciones y facultades durante el período en que estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar, de octubre de 2021 a septiembre de 2022. Entre los señalamientos que han trascendido están la presunta compra irregular de despensas por casi mil millones de pesos, adjudicaciones directas sin licitación pública y un posible daño patrimonial al erario.

Pero mientras ésto ocurre en los tribunales, en el terreno político ella se mantiene activa. En sus redes sociales ha negado una y otra vez las acusaciones y recientemente emitió un comunicado en el que asegura que todo ésto se trata de una persecución política para frenar sus aspiraciones rumbo al próximo proceso electoral con el PAN, recordemos que ella aspira a ser alcaldesa de Nuevo Laredo.

Su caso se suma a la lista de exfuncionarios del sexenio pasado que hoy están bajo investigación por presuntos desvíos en distintas áreas del gobierno. Desde el gobierno estatal y Morena sostienen que se trata de la aplicación de la ley sin distinciones. Desde el PAN, en cambio, aseguran que es el uso político de la justicia para sacar de la jugada a posibles rivales.

Pero hay un elemento nuevo en su defensa. Yahleel ha comenzado a plantear que lo que vive encuadra en violencia política en razón de género, figura legal que en los últimos meses ha sido muy utilizada en Tamaulipas y este argumento podría llevar el tema a instancias electorales, de derechos humanos e incluso al INE.

Y aquí es donde el tema se vuelve todavía más interesante, porque esta figura jurídica que ha sido usada en contra del dirigente del Partido Verde y más recientemente contra el alcalde de Victoria y su secretario del Ayuntamiento se han resuelto a favor de las quejosas.

Así que la pregunta es si ¿estamos frente a un caso más de presunta corrupción que llega a tribunales? ¿o ante un pleito político con el que pretenden eliminar a un contrincante? como argumenta Yahleel.

Lo cierto es que, más allá del discurso de persecución o de justicia, quien tenga la última palabra será un juez, esos que recientemente fueron electos por el voto popular.

Estaremos pendientes.

Que Dios los bendiga, gracias. Leo sus comentarios en mis redes sociales…