domingo, 20 de septiembre de 2026
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Opinión

Américo, al rescate de la imagen de MORENA

La presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya en prácticamente todos los informes de los alcaldes de Tamaulipas puede considerarse un hecho poco común en la historia política reciente del estado.

No recordamos que un gobernador haya realizado un recorrido de esta magnitud para acompañar personalmente a los presidentes municipales en sus informes.

Durante muchos años vimos exactamente lo contrario. El gobernador acudía a determinados municipios y al resto enviaba representantes, generalmente secretarios o funcionarios de su gabinete. Dependiendo de la importancia política del municipio, del interés en determinada región o incluso de la relación con el alcalde, era también el peso del funcionario enviado.

Américo decidió hacerlo diferente.

El Gobierno del Estado realizó una planeación logística para procurar el acompañamiento del gobernador en los informes de los 43 ayuntamientos.

Sin embargo, hubo cuando menos una excepción que llamó especialmente la atención: Río Bravo.

La ausencia generó suficientes comentarios como para que el propio Gobierno de Tamaulipas emitiera un comunicado explicando lo sucedido.

De acuerdo con la información oficial, al Ayuntamiento encabezado por Miguel Ángel Almaraz Maldonado se le propuso originalmente realizar su informe el 6 de septiembre a las 16:00 horas, cuando existía la posibilidad de contar con la presencia del gobernador.

Finalmente, el alcalde decidió realizarlo en una fecha distinta y para el día 13 Américo ya tenía compromisos previamente establecidos en Palmillas y Tula.

El Gobierno estatal incluso consideró necesario precisar que la ausencia obedecía exclusivamente a razones de agenda y logística y que no existía diferencia alguna con el alcalde ni con su administración.

Pero más allá del caso particular de Río Bravo, lo verdaderamente relevante es la decisión del gobernador de mantener una presencia prácticamente generalizada en los informes municipales.

¿Por qué hacerlo?

Américo es un gobernador que ha procurado mantener una imagen de hombre atento, correcto y conciliador. Sin embargo, esa percepción no necesariamente alcanza por igual a todos los gobiernos municipales emanados de Morena.

Hay alcaldes que enfrentan inconformidades por el deterioro de servicios públicos, falta de obra o inversión y compromisos que, desde la percepción de distintos sectores ciudadanos, no han sido cumplidos.

Y eso, tarde o temprano, puede repercutir en la imagen del partido.

De ahí la pregunta: ¿está Américo saliendo también al rescate de la imagen de Morena frente al desgaste de algunos gobiernos municipales?

Pero existe otra razón que debemos analizar.

La elección de 2027 es sumamente importante para Américo Villarreal.

No solamente estarán en juego los 43 ayuntamientos. También se renovará el Congreso del Estado.

Y ahí está una de las claves políticas.

Los diputados que resulten electos serán quienes integren la Legislatura que estará en funciones cuando llegue la sucesión gubernamental de 2028.

Para cualquier gobernador resulta políticamente importante conservar una mayoría legislativa afín durante la recta final de su administración.

Pero además existe otro escenario que en política nadie puede ignorar.

¿Qué pasaría si Morena perdiera la gubernatura en 2028?

Un Congreso con mayoría morenista se convertiría en un importante contrapeso frente a un eventual gobierno de oposición y, políticamente hablando, podría cuidar las espaldas de la administración saliente, dificultando cualquier intento de utilizar al Poder Legislativo para emprender revanchas políticas.

No estamos diciendo que exista un plan del gobernador para blindarse. Es simplemente una lectura política sobre la importancia que adquiere conservar el Congreso.

Visto así, su presencia prácticamente generalizada en los informes adquiere otra dimensión.

2027 no será una elección intermedia cualquiera.

Será la elección que comenzará a definir las condiciones políticas con las que Américo Villarreal llegará a la sucesión de 2028.

Seguramente Américo entendió antes que muchos que 2027 comienza desde ahora.

RÓMULO PROVOCA INCONFORMIDAD Y DIVISIÓN

Precisamente por eso cobra todavía mayor importancia quiénes serán los candidatos de Morena.

Y aquí aparece un nombre que empieza a provocar ruido hacia el interior del partido: Rómulo Pérez Sánchez.

Rómulo ocupa dos posiciones relevantes: es subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno de Tamaulipas y presidente del Consejo Estatal de Morena.

Además, su nombre aparece entre los interesados en participar en 2027 por Ciudad Victoria.

Tiene todo el derecho de aspirar.

El problema no es ese; el problema es la percepción que puede generarse cuando una misma persona ocupa una posición relevante dentro del Gobierno, preside el Consejo Estatal del partido y, al mismo tiempo, tiene aspiraciones electorales.

Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria y también mencionado entre los aspirantes, ya cuestionó públicamente esta circunstancia.

Pero hay otro ingrediente que Rómulo ha incorporado a la discusión: la relación de Morena con sus aliados.

El presidente del Consejo Estatal declaró que Morena tiene una representatividad tan sólida en Tamaulipas que puede responder electoralmente “con aliados y sin aliados”, además de definir a su partido como “un monstruo” electoral en el estado.

Las declaraciones provocaron respuestas de quienes han acompañado electoralmente a Morena.

Desde el Verde y el PT le recordaron la aportación que sus partidos han hecho a la coalición y cuestionaron que se minimizara su peso.

Y entre las críticas a esa postura apareció una palabra particularmente incómoda: soberbia.

No se trata de que desde esta columna pretendamos adjudicarle gratuitamente el calificativo. Se trata de un cuestionamiento surgido entre sus propios aliados después de aquellas declaraciones.

Y este episodio no es menor.

Porque si Rómulo pretende convertirse en candidato en 2027 tendrá que administrar no solamente las inconformidades que pueda generar su posición dentro del Gobierno y del Consejo Estatal de Morena, sino también las consecuencias políticas de declaraciones que sus aliados interpretan como una minimización de su aportación.

En política, sentirse demasiado fuerte también puede convertirse en una debilidad.

Y aquí es donde Morena debería poner atención.

Porque el verdadero problema quizá no sean solamente quienes obtengan las candidaturas.

El problema pueden ser quienes se queden sin ellas.

¿REELEGIR PARA NO ARRIESGAR?

Esto nos lleva directamente a otro asunto que Morena tendrá que resolver rumbo a 2027: qué hacer con los alcaldes que todavía tengan derecho a buscar la reelección.

En los corrillos políticos ha comenzado a circular una versión: donde un presidente municipal pueda reelegirse y conserve posibilidades competitivas, Morena estaría valorando darle continuidad antes que comenzar desde cero con otro candidato.

Por ahora debe entenderse precisamente como eso: un trascendido político, pues Morena ha señalado públicamente que todavía no tiene definidas sus candidaturas.

La lógica parece sencilla.

Un alcalde ya tiene nombre, estructura, operadores, presencia territorial y prácticamente tres años recorriendo el municipio.

Construir una candidatura nueva requiere tiempo, organización y recursos partidistas.

Sobre el papel puede sonar razonable.

El problema es que una reelección también obliga a cargar con todo el desgaste del gobierno municipal.

Y ahí Morena deberá analizar municipio por municipio.

Uno de estos lugares donde Morena tendrá que pensar muy bien su decisión es El Mante.

La alcaldesa Patricia Chío de la Garza todavía tendría la posibilidad de buscar la continuidad y, bajo esta lógica de aprovechar estructuras políticas ya construidas, parecería natural pensar inicialmente en su reelección.

Pero precisamente aquí aparece el riesgo de aplicar la misma receta en todos lados.

Patricia Chío llega al inicio de la etapa final de su administración cargando cuestionamientos sobre el manejo de los recursos municipales.

La Auditoría Superior del Estado hizo observaciones por 22 millones 951 mil 698 pesos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2024, es decir, los primeros tres meses de su administración.

Si bien no es un desfalco definitivamente acreditado, sí es una cantidad importante para tan solo tres meses de gestión de Chío, y políticamente el dato pesa.

Además, no es el único problema.

Durante la administración, en El Mercurio se han recibido denuncias ciudadanas que constatan las condiciones en las que se encuentra El Mante.

Entre vialidades deterioradas, baches, problemas de drenaje y deficiencias en diferentes servicios públicos, como en el suministro del agua, así como obras inconclusas realizadas por COMAPA.

Como la mayoría de los alcaldes morenistas que son incapaces de cumplir lo que prometieron en campaña, acusa que los problemas vienen arrastrando años de deterioro y que no son propios de la actual administración.

Pero electoralmente al ciudadano difícilmente le interesa quién heredó el problema.

Le interesa quién gobierna cuando abre la llave y no sale agua, cuando transita por una calle destrozada o cuando el drenaje falla frente a su casa.

Y esos pueden convertirse en algunos de los principales factores en contra de Patricia Chío, si pretende buscar la reelección.

Entonces Morena tendrá que hacerse una pregunta:

¿Conviene reelegir para aprovechar una estructura existente o cambiar de candidata antes de cargar en las urnas con el desgaste de la administración?

Y ahí aparece otro nombre dentro de la conversación política de El Mante: Astrid Sontoya Müller.

La décima regidora Sontoya Müller lleva años realizando trabajo territorial y desarrollando actividades de gestión en colonias, comunidades y diferentes sectores del municipio.

Durante ese tiempo ha ido construyendo una estructura política y social propia. Y eso le proporciona algo que puede ser relevante si Morena decide buscar una alternativa: una plataforma desde la cual arrancar sin comenzar completamente de cero.

Si la estrategia del partido consiste en buscar perfiles con estructura previamente construida para no invertir tantos recursos partidistas en levantar una candidatura desde el principio, ese trabajo territorial de Astrid será un elemento que Morena podría tomar en consideración.

A esto debemos agregar otro factor: la paridad de género.

Si la distribución de candidaturas determina que El Mante corresponda nuevamente a una mujer, Morena no necesariamente tendría que limitar su decisión a la reelección de Patricia Chío.

Por eso El Mante puede convertirse en un buen ejemplo del dilema que enfrentará Morena:

¿Ir por la reelección de Chío con los negativos y desgaste natural o apostar por un perfil limpio con la regidora Sontoya?

Otro escenario en que se asoma la reelección es en Tampico, aunque con un escenario diferente.

Mónica Villarreal Anaya también podría entrar en la discusión sobre la continuidad.

Su administración no enfrenta necesariamente el mismo escenario político de El Mante, pero existe un factor imposible de separar de cualquier análisis: es hermana del gobernador Américo Villarreal.

El parentesco no la inhabilita ni le resta su derecho a competir.

Pero Morena tendrá que medir qué piensa realmente el electorado tampiqueño ante la posibilidad de que la hermana del gobernador vuelva a aparecer en la boleta.

No se trata solamente de evaluar su administración.

Se trata también de medir si el parentesco puede convertirse en un argumento político durante la campaña.

LO DIJIMOS DESDE OCTUBRE

El 16 de octubre de 2025 escribimos en nuestras redes algo que hoy vale la pena recordar:

“La oposición que pudiera tener MORENA la podemos dividir en 2 variantes; el primero son ellos mismos, por los problemas internos que les ha causado el no saber manejar el poder…”

Y posteriormente agregamos:

“Y la segunda está viniendo de los vecinos del norte precisamente…”

Ha pasado casi un año.

Y aquellos dos escenarios comienzan, cuando menos, a hacerse visibles.

El primero está dentro del propio Morena.

Las candidaturas, los grupos, los inconformes y aquellos que saben que no todos podrán ser agraciados con una posición en 2027.

Y cuidado con ellos.

Porque algunos de los que queden fuera podrían buscar espacios en otras fuerzas políticas.

PAN, PRI, Verde, PT y Movimiento Ciudadano también estarán haciendo sus propios cálculos.

Pero existe un segundo frente.

Y ese viene del norte.

Donald Trump acaba de elevar nuevamente la presión sobre México en materia de combate al narcotráfico.

En un memorando enviado al Congreso estadounidense, reconoció acciones realizadas por la administración de Claudia Sheinbaum, pero sostuvo que México debe hacer más para combatir a los cárteles y sus redes.

Existe una parte especialmente importante para la política mexicana.

Trump reclamó mayores acciones contra funcionarios públicos corruptos que colaboren con los cárteles, incluyendo su exposición, detención y procesamiento.

Eso cambia la dimensión del asunto.

Porque Washington ya no está hablando solamente de capos, rutas de droga o decomisos.

Está hablando también de funcionarios públicos.

Y aquí debemos hacernos una pregunta.

¿Todo responde exclusivamente a una estrategia estadounidense de seguridad o existe también un componente político en la presión que Washington está ejerciendo sobre México?

Y aquí aparece otro elemento que desde Tamaulipas no podemos dejar fuera del análisis.

Si observamos el mapa político de la frontera norte encontramos una diferencia que, cuando menos, merece atención.

Baja California, Sonora y Tamaulipas están gobernados por Morena, y precisamente alrededor de los gobernadores de esas entidades han trascendido algunos de los episodios más fuertes relacionados con decisiones o investigaciones estadounidenses.

Marina del Pilar Ávila confirmó desde 2025 la revocación de su visa. En junio de 2026, medios estadounidenses y mexicanos publicaron que Washington investigaba a Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, y reportaron la revocación de sus visas; ambos gobiernos rechazaron esos señalamientos en aquel momento.

Ahora veamos el otro lado del mapa.

Chihuahua es gobernado por Maru Campos, del PAN; Coahuila por Manolo Jiménez, del PRI; y Nuevo León por Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

En esos tres estados no ha trascendido públicamente, hasta ahora, un episodio contra sus actuales gobernadores comparable con los reportados alrededor de los mandatarios morenistas mencionados anteriormente.

La diferencia merece atención.

Pero cuidado: eso no demuestra que Estados Unidos esté persiguiendo a Morena por ser un partido de izquierda.

De hecho, las medidas estadounidenses sobre visas han alcanzado también a políticos de otros partidos, y Washington no ha anunciado una política destinada a impedir gobiernos morenistas en la frontera.

Sin embargo, desde el análisis político resulta inevitable formular una pregunta:

¿Es solamente una coincidencia que algunas de las mayores tensiones conocidas entre Washington y gobernadores de la frontera norte se hayan presentado precisamente en entidades gobernadas por Morena?

No podemos responder categóricamente que Washington no quiera vecinos de izquierda porque no existe evidencia pública que lo demuestre.

Pero el contraste está ahí.

Y entonces aquella reflexión que hicimos desde octubre de 2025 vuelve a cobrar sentido:

Morena no solamente tiene que mirar lo que sucede dentro de casa. También tiene que voltear hacia el norte.

Porque una cosa sí está documentada: la administración Trump ha incrementado la presión sobre México y acaba de exigir mayores acciones contra funcionarios públicos que colaboren con los cárteles.

Y para Tamaulipas, por razones geográficas y políticas, lo que ocurra del otro lado del Río Bravo no es un asunto lejano.

Además, cualquier publicación, conversación, mensaje o video que involucre a un personaje político debe analizarse con una precisión fundamental:

Que aparezca su nombre no demuestra por sí mismo la comisión de ningún delito ni acredita una relación con el crimen organizado.

Eso solamente pueden determinarlo las autoridades mediante investigaciones y pruebas.

Pero una cosa es la responsabilidad jurídica y otra la responsabilidad política de dar explicaciones.

Y quizá ese sea precisamente el camino.

Dar la cara también es hacer política.

Mientras tanto, desde el otro lado del Río Bravo también están moviendo sus piezas.

Correo electrónico: Cabalgatapolitica@elmercurio.com.mx

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