Los gobiernos populistas no se definen por ideologías, sino por métodos, no importan tanto las siglas ni los colores, sino la lógica que los guía: la construcción de un enemigo, la concentración del poder, la simplificación de los problemas complejos y el uso del “pueblo” como argumento absoluto para justificarlo todo.

En teoría, el populismo dice gobernar para la gente, pero en la práctica, gobierna a través de la gente.

México no es ajeno a este fenómeno, desde 2018, el discurso político se transformó en una narrativa permanente de división: “ellos contra nosotros”, “el pueblo contra las élites”, “los buenos contra los malos”. Una narrativa emocional que no busca resolver problemas estructurales, sino consolidar lealtades políticas. En nombre del pueblo se justifican recortes, se eliminan instituciones, se concentran decisiones y se debilitan contrapesos.

El concepto de “pueblo” dejó de ser una categoría social para convertirse en una herramienta política. Una palabra poderosa, sí, pero también peligrosa cuando se utiliza para deslegitimar cualquier crítica. Porque cuando todo se hace “por el pueblo”, cualquier oposición se vuelve “enemiga del pueblo”. Y ahí comienza el autoritarismo.

En México, esta lógica ya no es discurso aislado: es método de gobierno, y se replica con claridad en algunos estados donde la corriente populista es aún más evidente: centralización de decisiones, debilitamiento institucional, uso excesivo del lenguaje emocional y reducción del debate público a consignas. El gobierno ya no administra: construye relatos.

El populismo no empodera al ciudadano, lo convierte en símbolo, no lo organiza, lo instrumentaliza, no lo forma, lo necesita dependiente. Porque un ciudadano crítico incomoda, pero una masa emocional es políticamente funcional.

Y aquí está el problema de fondo: cuando el pueblo se convierte en excusa, deja de ser sujeto de derechos y se vuelve objeto de manipulación.

Se habla en su nombre para justificar recortes presupuestarios, decisiones personalistas, eliminación de programas técnicos, desaparición de políticas públicas especializadas. Todo se simplifica en una narrativa peligrosa: “es por el bien del pueblo”. Pero el bienestar no se decreta, se construye con instituciones fuertes, políticas públicas sólidas y gobiernos que rindan cuentas.

Este modelo ya ha demostrado sus consecuencias en otras latitudes. Venezuela es el ejemplo más doloroso: un discurso que comenzó en nombre de los pobres terminó en control, represión, migración forzada y destrucción institucional. Cabe mencionar que esto no ocurrió de un día para otro, ocurrió paso a paso, entre aplausos y silencios.

En México, el riesgo no es solo político, es social, porque el populismo no solo transforma gobiernos: transforma mentalidades, normaliza la obediencia, desacredita la crítica, convierte la lealtad en virtud y el pensamiento libre en sospecha.

Desde la llegada de Morena al poder, el lenguaje del gobierno se volvió emocional, moralista y polarizante, se dejó de hablar de políticas públicas y se comenzó a hablar de bandos, se sustituyó el análisis por la consigna, la planeación por la narrativa, el diálogo por la descalificación.

Y el mayor daño del populismo no es económico ni administrativo: es cultural. Es cuando una sociedad empieza a creer que pensar diferente es traicionar, que cuestionar es atacar, que disentir es ser enemigo.

Yo no creo en ese modelo de gobierno. No creo en el uso del pueblo como escudo político, no creo en liderazgos personalistas que se colocan por encima de las instituciones, no creo en gobiernos que necesitan dividir para sostenerse.

Creo en una política que construya ciudadanía, no clientelas.
En gobiernos que fortalezcan instituciones, no personas.
En liderazgos que unan, no que confronten.
En el pueblo como sujeto de derechos, no como herramienta discursiva.

Porque cuando el poder se disfraza de pueblo, el abuso se vuelve moralmente aceptable.
Y cuando eso ocurre, la democracia deja de ser sistema…
y se convierte en relato.

Y los relatos, tarde o temprano, siempre se caen.