El Senado aprobó al fast track una de las reformas más polémicas del año, la nueva Ley General de Aguas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Una reforma que promete ordenar la gestión del agua en un país que ya vive al límite. Morena celebró sus 83 votos en el Senado y los 324 en Diputados, pero la discusión apenas comienza.

El tema del agua es muy delicado, no por nada dicen que las guerras futuras serán por el vital líquido y en México existe sobreexplotación, contaminación, acaparamiento privado, falta de vigilancia y una regulación que nunca estuvo a la altura.

La reforma llega justo en medio del enojo del campo, especialmente en estados productores como Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, que la ven como un golpe directo a su patrimonio.

El temor más grande era que los productores perdieran derechos sobre el agua. Agricultores de la CNC advirtieron que el artículo 22 rompía el binomio tierra-agua al prohibir transmitir concesiones al vender o heredar una finca. Y claro, una parcela sin agua pierde productividad y valor económico. De ahí surgió el escándalo nacional y por ende los bloqueos carreteros. Pero en el dictamen final se mantuvo el derecho a heredar o vender la tierra junto con su concesión, lo que desactivó parte del conflicto en algunas zonas como Tamaulipas, aunque no calmó las aguas del todo.

En Tamaulipas el tema nos atraviesa de lleno, desde la disputa eterna del Río Bravo hasta los niveles críticos del sistema lagunario del sur hace apenas unos meses. Por eso esta ley nos pega directo.

El secretario de Recursos Hídricos, Raúl Quiroga, ha sido uno de los defensores más convencidos de la reforma. Desde febrero viene argumentando que la crisis hídrica nacional es el resultado de errores históricos. Para él, la ley de 1992 mercantilizó el agua, entregó concesiones sin verificar nada, permitió el acaparamiento mediante declaraciones bajo protesta de decir verdad y jamás le dio a Conagua los inspectores necesarios para vigilar. Y si la cuenca del Río Bravo está sobreexplotada es porque, durante décadas, nadie supervisó quién sacaba agua ni cuánto. Por eso defiende que esta nueva ley fortalece a la Conagua, prioriza el consumo humano, ordena la agricultura y corrige, al menos en papel, el desastre heredado.

Para Tamaulipas, ésto podría significar dos cosas, una es alivio, si realmente se frena el acaparamiento y se distribuye mejor; pero por otro lado, incertidumbre, porque cualquier ajuste en las reglas del riego puede afectar exportaciones, empleos y producción agrícola.

Por ahora los campesinos en la entidad han descartado bloqueos y manifestaciones pero habrá que estar pendientes de las reacciones y acciones que se den en las próximas semanas

Que Dios los bendiga, gracias. Leo sus comentarios en mis redes sociales…