En México ya no basta con discrepar: ahora hay que prepararse para la agresión.
Opinar en redes sociales se ha convertido en una actividad de riesgo. No por la fuerza del argumento contrario, sino por la violencia de la reacción. Insultos, calumnias, amenazas, descalificaciones personales y campañas de linchamiento digital sustituyen cualquier intento de debate. La idea dejó de importar; lo único relevante es aplastar al que piensa diferente.

Esto no surgió espontáneamente, se sembró durante años desde el discurso político que dividió al país entre buenos y malos, entre pueblo bueno y sabio y los neoliberales o conservadores, entre leales y traidores. Cuando desde el poder se desacredita al crítico, la sociedad aprende a odiarlo, cuando la crítica se presenta como conspiración, el ciudadano se convierte en enemigo.

Y así llegamos al punto actual: millones de mexicanos no discuten, reaccionan, no argumentan, atacan, no responden ideas, responden identidades.

Cada cuestionamiento al gobierno se responde con el pasado, nunca con el presente. No importa el tema: seguridad, salud, economía o corrupción; la respuesta automática es culpar a otros. La discusión dejó de ser racional para convertirse en reflejo condicionado.

Las redes sociales amplifican este fenómeno, la reacción en masa —orgánica o coordinada— convierte cualquier publicación en campo de batalla. El objetivo ya no es convencer: es intimidar, que quien piense distinto prefiera callar.

Ese es el verdadero daño, porque la polarización no solo divide opiniones, destruye la convivencia, convierte al vecino en adversario, al crítico en enemigo y al ciudadano en sospechoso. Y cuando la política deja de ser espacio de ideas para convertirse en territorio emocional, el odio sustituye a la razón.

Paradójicamente, la furia permanente suele esconder decepción, quien cree firmemente en algo no necesita insultar para defenderlo. El fanatismo, en cambio, reacciona con violencia porque no tolera la duda.

México nunca había tenido unanimidad —y no la necesita—, pero sí tuvo durante décadas algo indispensable: la posibilidad de disentir sin miedo. Hoy esa posibilidad se erosiona entre ataques digitales, campañas de desprestigio y una intolerancia creciente que pretende convertir la opinión en provocación.

No es normal, no es democrático y no es sano.

Un país donde opinar provoca odio es un país que está dejando de escucharse.
Porque cuando la política obliga a elegir entre callar o pelear, la conversación pública ya murió.

Y cuando muere la conversación, lo siguiente siempre es la imposición.