Hay nombres que cargan con el peso de una época. Ernesto Ruffo Appel es uno de ellos. En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, el hombre que le arrebató Baja California a un PRI que parecía eterno. Fue el rostro de la transición democrática, el símbolo de que el cambio era posible, la primera grieta en un muro que llevaba décadas sin una sola fisura. Por eso su detención por huachicol fiscal es un titular muy importante, ya que retrata por completo el sistema entero.

Y es, también, la confirmación de algo que he sostenido en esta columna hasta el cansancio, y que dejé por escrito en mi libro “Gobernados por Nadie”: la corrupción no tiene ideología.

No es de izquierda ni de derecha. No es priista, ni panista, ni morenista. Es humana. Nace donde nace el poder y la posibilidad de abusar de él sin consecuencias. Lo hemos visto con gobernadores de todos los colores, con funcionarios que ayer juraban combatir lo que hoy los tiene tras las rejas, con “hombres del cambio” que terminaron administrando el mismo sistema que prometieron demoler. ¿Será que el problema no radica en los partidos políticos, sino en la naturaleza del ser humano frente a la tentación del poder?

Por eso insisto: la verdadera línea que divide a este país no es izquierda contra derecha. Esa es la pelea que nos venden para mantenernos entretenidos, gritándonos entre nosotros mientras el sistema sigue intacto. La verdadera división es otra, mucho más vieja y mucho más honesta: poderosos contra no poderosos.

Y aquí llegamos al centro del asunto. Porque si la corrupción es transversal, la justicia también debería serlo. Debería ser ciega, como la representan: con los ojos vendados y la balanza en la mano, sin mirar quién se para frente a ella. Pero cualquiera que haya vivido en este país sabe la verdad: la justicia no es ciega. Ve perfectamente. Ve con una nitidez asombrosa quién tiene poder y quién no.

Hace más de dos mil años, en el primer libro de “La República”, un sofista llamado Trasímaco le lanzó a Sócrates una frase que sigue siendo el diagnóstico más exacto de nuestra realidad: “la justicia no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte”. No lo justo, no lo verdadero, no lo bueno. Lo que le conviene a quien manda. Toda la filosofía política occidental ha intentado, durante veinticinco siglos, refutar a Trasímaco. Y todos los días, en cada juzgado de México, Trasímaco vuelve a ganar la discusión.

Lo escribí en “Gobernados por Nadie” y lo repito aquí: las cárceles de este país están llenas de pobres, no de banqueros. El que roba un teléfono pasa años en prisión; el que roba una nación recibe una amnistía, un cargo diplomático o, con suerte, una foto que en unos meses nadie recordará. La ley cae con todo su peso sobre quien no tiene con qué defenderse, y se vuelve extrañamente flexible, casi tierna, con quien puede pagar los mejores abogados o hacer las llamadas correctas.

A Ruffo, la justicia lo encontró, sí. Pero lo encontró ahora. Ahora que ya no es gobernador, ahora que el PAN es una sombra de lo que fue, ahora que ya no tiene el poder que durante años vuelve intocables a ciertos hombres. Cuando eras fuerte, la justicia miraba hacia otro lado. Cuando caíste, de pronto recuperó la vista.

No escribo esto para defender a Ruffo. Si cometió el delito, que enfrente sus consecuencias, como debería enfrentarlas cualquiera. Escribo esto porque su caso desnuda el mecanismo. El caso Ruffo nos hace preguntarnos: ¿cuántos poderosos hacen exactamente lo mismo y duermen tranquilos, sabiendo que la balanza no se inclinará contra ellos mientras conserven el poder que los protege?

La balanza no está rota. Está trucada. Y esa es una diferencia que nos ha costado, y nos seguirá costando, mucho más caro de lo que imaginamos.