Las palabras siempre han incomodado al poder…

A lo largo de la historia, los gobiernos con vocación autoritaria no han temido únicamente a las armas o a las movilizaciones, han temido, sobre todo, a las ideas, a las preguntas y a las palabras que cuestionan su actuación.

La política, por naturaleza, es un espacio de confrontación de ideas. Y las democracias modernas protegen de manera especial el discurso político, porque entienden que el debate público no puede reducirse únicamente a las palabras que resulten agradables para los gobiernos en turno.

Por eso resulta profundamente preocupante la resolución mediante la cual la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar publicaciones del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por el calificativo utilizado para referirse a Morena.

Más allá de si se comparte o no esa expresión, el debate de fondo es mucho más grande.

¿Desde cuándo una democracia necesita proteger al partido gobernante de las palabras de la oposición?

Lo verdaderamente grave no es una frase, lo verdaderamente grave es el precedente.

Porque cuando una autoridad comienza a decidir qué expresiones son aceptables en el debate político y cuáles deben desaparecer, la discusión deja de girar en torno a las ideas para girar en torno a los límites de la libertad, y eso debería preocuparnos a todos.

Lo más paradójico de este episodio es la enorme contradicción del oficialismo.

Durante más de una década, Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su discurso llamando “la mafia del poder” a quienes gobernaban México o a quienes pensaban distinto a él.

Fue una frase que marcó toda una etapa de la política mexicana.

Aquella expresión recorrió plazas públicas, conferencias de prensa, campañas electorales y miles de discursos.

Imaginemos, por un momento, que el entonces presidente Enrique Peña Nieto hubiera solicitado al INE prohibirle utilizar ese término por considerarlo ofensivo.

¿Qué habría dicho Morena?

Estoy convencida de que habría denunciado un acto de censura y un intento por silenciar a la oposición.

¿Por qué entonces lo que ayer era una expresión protegida por la libertad de crítica hoy parece convertirse en motivo de sanción cuando la dirige la oposición hacia el partido gobernante?

Las reglas de la democracia no pueden cambiar dependiendo de quién ocupe el poder.

Si ayer era legítimo cuestionar al poder con expresiones severas, hoy la oposición debe tener el mismo derecho.

Las reglas democráticas no cambian cuando cambia el partido en el gobierno. Y si cambian, dejan de ser reglas para convertirse en instrumentos de conveniencia política.

No se trata de defender una palabra, se trata de defender el derecho de la oposición a cuestionar al poder sin que una autoridad administrativa termine convirtiéndose, aunque sea por percepción, en un filtro del discurso político.

La oposición no necesita que el gobierno comparta sus palabras, necesita que respete su derecho a pronunciarlas.

Mientras el país enfrenta desafíos mucho más profundos —violencia, desapariciones, inseguridad, crisis en el sistema de salud, rezago educativo y una creciente desconfianza ciudadana— resulta inevitable preguntarse si esa misma energía institucional se emplea con igual firmeza para enfrentar los problemas que verdaderamente lastiman a México.

Hoy la resolución afecta al dirigente nacional del PRI, mañana podría alcanzar a un periodista, a un académico, a un ciudadano.

Como he mencionado en columnas anteriores: Las libertades nunca desaparecen de un solo golpe, se reducen poco a poco, hasta que un día descubrimos que aquello que parecía impensable terminó por convertirse en costumbre.

Una democracia no se mide por cómo trata a quienes la aplauden, se mide por cómo protege el derecho de quienes la cuestionan.

Y cuando el poder comienza a temerle a las palabras, es la democracia la que tiene motivos para preocuparse.

Porque al final, la realidad siempre encuentra la manera de hacerse escuchar.