Lo ocurrido en Matamoros con la pequeña Aranza no puede quedar solamente en una investigación más ni en un comunicado oficial.

La Fiscalía de Tamaulipas confirmó que la bala que le quitó la vida a la niña de siete años corresponde a un disparo realizado desde un helicóptero de la Guardia Estatal. Es decir, durante un operativo de seguridad, una menor que viajaba con su familia terminó perdiendo la vida por un disparo de una corporación que tiene precisamente la responsabilidad de proteger a los ciudadanos.

Y ahora, el Congreso local busca llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, para que explique qué ocurrió y se deslinden responsabilidades.

El secretario tiene que dar la cara y explicar cómo se desarrolló ese operativo, quiénes participaron y bajo qué protocolos actuaron.

Porque este tipo de incidentes se han vuelto cada vez más frecuentes.

Tamaulipas ha registrado durante años un número elevado de enfrentamientos en los que participan fuerzas de seguridad. Los datos del INEGI muestran que estas situaciones han dejado personas fallecidas, aunque el instituto no especifica cuántas eran realmente civiles armados y cuántas pudieron ser víctimas inocentes, ajenas a los hechos.

Y justamente por eso se necesita tanta transparencia.

La Guardia Estatal es una corporación a la que se le ha intentado cambiar la imagen y dejar atrás la mala fama de sus antecesoras. Pero esa transformación no se logra sólo cambiando de nombre o uniformes. Se demuestra con resultados, preparación y respeto a los derechos humanos.

La muerte de esta pequeña exige respuestas. Y si hubo responsabilidades, que se sancione a quienes corresponda.

Que Dios los bendiga, gracias. Leo sus comentarios en mis redes sociales…