Américo pide unidad… ¿y sus operadores?

El llamado de Américo Villarreal Anaya a los aspirantes de Morena para que eviten las descalificaciones entre compañeros deja una pregunta inevitable: ¿por qué tiene que intervenir el gobernador para pedir el orden que debería garantizar la dirigencia de su partido?
Pedir civilidad es pertinente. Lo preocupante es que, cuando apenas se están acomodando las piezas rumbo a 2027, ya sea necesario recordarles a los participantes que la competencia interna no debe convertirse en una guerra entre morenistas.
La presidenta estatal, María Guadalupe Gómez Núñez, también ha pedido frenar los ataques. Pero una dirigencia no demuestra liderazgo solamente con exhortos. Lo demuestra cuando consigue que los grupos respeten las reglas, cuando procesa las diferencias y cuando evita que una candidatura termine costando la unidad del partido.
Hasta ahora, los llamados reiterados permiten cuestionar qué tanta autoridad tiene para conseguirlo. Porque si cada conflicto termina requiriendo la intervención del gobernador, entonces alguien está dejando de hacer su trabajo.
Y la revisión política tampoco puede detenerse en las oficinas de Morena.
Aunque conducir al partido corresponde a su dirigencia, desde la Secretaría General de Gobierno tendría que existir capacidad para anticipar conflictos, mantener interlocución y evitar que las disputas políticas se conviertan en problemas para la administración estatal.
El titular es Héctor Joel Villegas González, “El Calabazo”; pero también debe examinarse el papel del subsecretario de Gobierno, Tomás Gloria Requena, por las responsabilidades de operación e interlocución que corresponden a su cargo.
Aquí aparece una contradicción que merece atención: Tomás Gloria no se ha descartado para buscar una candidatura en 2027, y San Fernando, municipio que ya gobernó, vuelve a figurar en su horizonte político.

¿Cómo puede ofrecer confianza como interlocutor quien también puede terminar compitiendo por una posición?
No se trata de dar por probado que haya descuidado sus responsabilidades para atender sus aspiraciones. Se trata de preguntar si existe la distancia necesaria entre su encargo y su proyecto personal. Porque cuando el operador también quiere aparecer en la boleta, cualquier intervención corre el riesgo de interpretarse como parte de su propia estrategia.
Para Américo Villarreal, esa incertidumbre debería ser motivo de preocupación.
La elección de 2027 tendrá un peso especial: de ella saldrá el Congreso que acompañará el cierre de su administración y que seguirá en funciones después de su salida. En términos políticos, estará en juego la mayoría con la que buscará concluir su gobierno y el equilibrio de fuerzas que enfrentará su legado.
Dicho sin rodeos: también estará en juego quién podrá cuidarle las espaldas. Eso no significa que el Congreso deba renunciar a fiscalizar; significa reconocer que, en la política mexicana, una mayoría legislativa puede convertirse en respaldo o en un frente de confrontación para quien deja el poder.
Y los revanchismos suelen cobrar fuerza cuando cambian las circunstancias. Los que hoy se presentan como aliados pueden tomar distancia mañana; los adversarios, en cambio, rara vez olvidan sus cuentas pendientes. Como suele decirse: en política, los amigos son de mentiras y los enemigos son de verdad.
Por eso, permitir que las disputas internas crezcan sería un error que podría pagarse más allá de una alcaldía o una diputación.
Morena todavía tiene tiempo para corregir. Pero la unidad no se construye repitiendo que todos son compañeros, ni escondiendo diferencias que después estallan en plena campaña. Requiere conducción, reglas claras y operadores capaces de generar acuerdos.
El gobernador ya hizo el llamado. Ahora falta saber si su dirigencia y sus interlocutores tienen capacidad para convertirlo en resultados.
Porque si Américo tiene que salir a ordenar cada pleito, el desgaste terminará llegando también a Palacio de Gobierno.
LAS LEALTADES TERMINAN DONDE EMPIEZAN LOS EXPEDIENTES
En la política, las lealtades suelen presumirse mientras se comparte el poder. La verdadera prueba llega después, cuando aparecen las investigaciones y cada firma comienza a tener consecuencias.
El caso de Carlos Alberto García González, ex secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, ilustra ese cambio de circunstancias. El exfuncionario atribuyó a instrucciones del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca los hechos por los que enfrenta un proceso judicial y sostuvo que su dependencia únicamente participó como área requirente.

Pero también es claro que alegar instrucciones superiores no resuelve, por sí mismo, la responsabilidad individual.
La lectura política, sin embargo, es inevitable: otro integrante del gabinete cabecista está colocando al exgobernador en el centro del huracán.
Según la misma información, su postura coincide con la de la exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, quien también ha pedido revisar las decisiones provenientes de los niveles superiores del gobierno anterior.
A este panorama se suma el sonado caso de Yahleel Abdala Carmona, exsecretaria de Bienestar Social durante aquella administración, quien enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades en la contratación de despensas.
Aunque su situación es distinta de los deslindes públicos de García González y Molina Gamboa, amplía el cuadro de exintegrantes del gabinete que ahora deben responder ante las autoridades por actuaciones durante su encargo.
Los señalamientos de antiguos colaboradores, sumados al proceso contra Yahleel, hacen cada vez más difícil reducir las sospechas de corrupción del sexenio de Cabeza de Vaca a una simple disputa política. La acumulación de casos obliga a investigar si detrás de estos expedientes hubo prácticas que comprometieron a distintos niveles de aquella administración.
Como dice el dicho popular: “Cuando el río suena, agua lleva”. Y en este caso, el ruido también proviene de quienes formaron parte del propio gobierno. Corresponde a las autoridades establecer, con pruebas, hasta dónde llegaron las irregularidades y quiénes deben responder.
Para el gobierno actual, la lección debería ser clara: conviene revisar desde ahora lo que se firma, lo que se autoriza y lo que se paga. La cercanía con el jefe no sustituye el cumplimiento de las obligaciones, ni garantiza que mañana exista una defensa compartida.
Porque cuando llegan los expedientes, el “somos equipo” suele convertirse en “yo solamente recibía instrucciones”.
SHEINBAUM PIDE SOLTAR EL PODER… PORQUE ESTÁ EN JUEGO CONSERVARLO
El mensaje atribuido a Claudia Sheinbaum Pardo refuerza lo que advertimos en la pasada entrega de Cabalgata Política: la Presidenta tiene motivos para preocuparse por el desgaste de Morena y por las consecuencias de una guerra interna que puede cobrar factura en 2027.
Según las versiones difundidas durante los últimos días, la Presidenta habría pedido a los gobernadores aprender a “soltar el poder” y privilegiar a quienes realmente tengan mayores posibilidades de ganar y no arrastren negativos ante el electorado, por encima de sus preferencias personales. También les habría advertido que las diputaciones y presidencias municipales no estarán disponibles para acomodar a sus grupos.
Apenas están en la etapa de registro de aspirantes. Precisamente por eso, es momento de evaluar perfiles y evitar que las decisiones queden comprometidas de antemano con los favoritos de quienes gobiernan.
La preocupación tiene lógica electoral. Entre el desgaste de gobernar, las disputas por las candidaturas y las presiones de Estados Unidos, el oficialismo enfrenta varios frentes. Añadir una pelea entre compañeros sería facilitarles el trabajo a sus adversarios.
Para Sheinbaum, 2027 representará una prueba decisiva. En esa elección se renovará la Cámara de Diputados. Una pérdida de fuerza podría complicar la aprobación de presupuestos y leyes; perder la mayoría calificada limitaría la posibilidad de aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición.

Claudia Sheinbaum Pardo
Una Presidenta con menor apoyo legislativo tendría menos margen para impulsar su agenda durante la segunda mitad del sexenio.
Por eso, repartir candidaturas entre grupos locales puede salir demasiado caro. Una posición entregada para pagar una lealtad puede convertirse en una elección perdida si el beneficiario llega cargado de negativos.
En Tamaulipas, esa advertencia tiene una dimensión adicional.
Para Américo Villarreal Anaya, el Congreso que surja de 2027 acompañará el cierre de su administración y permanecerá en funciones después de su salida. Su composición influirá tanto en el último tramo del gobierno como en la revisión posterior de sus decisiones y cuentas públicas.
Un Congreso con mayoría opositora podría convertirse en una piedra en el camino para el cierre de su gestión. Incluso una mayoría formalmente afín puede dejar de ser confiable cuando los grupos comienzan a acomodarse alrededor del siguiente proyecto de poder.
Porque las lealtades también tienen fecha de caducidad.
De ahí que el llamado del gobernador a frenar las descalificaciones entre morenistas y el mensaje atribuido a Sheinbaum puedan leerse bajo una misma preocupación: evitar que la disputa por las candidaturas termine debilitando las mayorías que necesitan conservar.
Sin embargo, pedir unidad no resolverá por sí solo el problema. También tendrán que revisar a quiénes pretenden postular, qué resultados pueden presentar y cuánto rechazo arrastran ante los ciudadanos. La cercanía con un gobernador o la pertenencia a un grupo no garantizan votos.
Lo que señalamos en la pasada Cabalgata cobra así mayor relevancia: el riesgo para Morena también está dentro de sus propias filas, en la soberbia de quienes consideran que las siglas alcanzan para ganar y en la resistencia de quienes confunden una responsabilidad pública con una posición de su propiedad.
Si la instrucción presidencial fue aprender a soltar el poder, el mensaje resulta claro: algunos tendrán que renunciar a imponer candidatos para evitar que todo el movimiento pierda posiciones.
Porque aferrarse a una candidatura puede terminar costándoles la mayoría. Y para Tamaulipas, esa factura podría llegar justo a la hora de salir.
¿CON QUÉ CONFIANZA LLEGARÁ EL ÁRBITRO A 2027?
Las noticias sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE y los señalamientos que involucran a Guadalupe Taddei Zavala dejan mal parado al instituto, sobre todo porque se trata del árbitro que debe garantizar la imparcialidad y dar certeza a las elecciones.
La confianza en quienes organizan los comicios es fundamental. Por eso preocupa que la presidenta del organismo enfrente cuestionamientos sobre sus propias decisiones cuando se aproxima la contienda de 2027.
En ese contexto, Claudia Sheinbaum pidió investigar y dejó en manos de Taddei la decisión de solicitar licencia o renunciar. No exigió su salida, pero tampoco cerró esa posibilidad.
Aunque ambas figuras tienen consecuencias distintas, para efectos políticos inmediatos implicarían que se apartara de la presidencia del organismo.
La investigación anunciada por la Auditoría Superior de la Federación deberá esclarecer las posibles irregularidades en contrataciones y los presuntos conflictos de interés. No se han acreditado responsabilidades, pero los señalamientos exigen respuestas documentadas.
La pregunta es inevitable: ¿con qué confianza puede encabezar el árbitro electoral quien mantiene bajo cuestionamiento sus propias decisiones? Si las dudas permanecen sin aclararse, cualquier resultado cerrado encontrará terreno fértil para la sospecha y la confrontación.

Guadalupe Taddei Zavala
Taddei tiene derecho a defenderse; los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administraron sus recursos. La investigación debe avanzar con independencia y sus resultados hacerse públicos oportunamente.
Al cierre de esta columna circulaban versiones sobre una posible salida de Taddei, sin confirmación oficial hasta ese momento. Esas versiones añaden presión, pero no sustituyen una decisión formal ni esclarecen los señalamientos.
El árbitro también tiene que rendir cuentas. La confianza que necesitará en 2027 debe cuidarse desde ahora, con transparencia y respuestas.