Toda discusión sobre soberanía debería empezar por lo básico: ¿Soberano de qué, y soberano quién?

Durante siglos, la respuesta fue el Estado. Jean Bodin, en 1576, definió la soberanía como el poder supremo, perpetuo e indivisible que reside en el Estado. Thomas Hobbes, en 1651, fue más lejos: Para escapar de la guerra de todos contra todos, los individuos entregan su voluntad a un poder casi absoluto, el Leviatán. En esa tradición, el soberano es quien manda. Carl Schmitt, en 1922, lo resumió así: Soberano es quien decide cuándo se suspenden las reglas.

Hubo otra respuesta. John Locke, en 1689, sostuvo que los derechos no nacen del Estado: Lo preceden. El gobierno no es dueño del poder; lo administra, lo recibe en confianza y puede perderlo si la traiciona. Rousseau, en 1762, lo dijo con una frase que México hizo suya: La soberanía reside en el pueblo.

México eligió esa segunda tradición y la escribió sin ambigüedad en el Artículo 39 de la Constitución: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

Relee la última línea: El poder se instituye para beneficio del pueblo. No del gobernante ni del partido ni del Estado como entidad abstracta. Y ahí aparece la incongruencia.

Cuando un funcionario corrupto es señalado (desde dentro o desde fuera) y su defensa “están atacando nuestra soberanía”, hay un error de categoría, probablemente deliberado. Si la soberanía reside en el pueblo, el gobernante corrupto no es el soberano: Es el mandatario que lo traicionó. Protegerlo no defiende al pueblo; defiende a quien lo saqueó.

No se puede invocar a Rousseau para llegar al poder y a Bodin para blindarse en él; decir que la soberanía es del pueblo cuando se necesita legitimidad, y actuar como si fuera del Estado-gobernante cuando se necesita impunidad. La Constitución ya eligió.

El Artículo 39 no se escribió para escudar a los poderosos de la rendición de cuentas. Se escribió para lo contrario: Para recordarles que el poder no les pertenece, que solo lo tienen prestado, y que el pueblo conserva “en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Usar la soberanía del pueblo para proteger a quien lo traiciona no es un argumento, es una coartada.

La soberanía no es el escudo del gobernante, es el límite que el pueblo le impone. Cuando se invierte ese orden, la palabra queda intacta, pero ya no significa nada.