Un juez federal en New Hampshire bloqueó este jueves, con efecto en todo Estados Unidos, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía suprimir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, una medida que iba a entrar en vigor el próximo 27 de julio.

La resolución fue emitida por el juez Joseph Laplante, quien argumentó que el decreto presidencial representaba un cambio drástico respecto a una política de larga data y podría causar “daños irreparables”. No obstante, el magistrado dio un plazo de siete días para que el Gobierno pueda interponer una apelación.

El caso fue presentado como una demanda colectiva por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en representación de personas potencialmente afectadas. Entre ellas se encuentra Barbara, una mujer hondureña solicitante de asilo, quien espera un hijo que nacería en octubre en territorio estadounidense.

En su fallo, Laplante —nombrado por el expresidente George W. Bush— reiteró que la ciudadanía estadounidense es uno de los mayores privilegios del país y sostuvo que la orden ejecutiva viola la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en suelo estadounidense.

Aunque el juez ya se había pronunciado en contra de esta medida en febrero, entonces su decisión sólo protegía a los miembros de organizaciones demandantes. Esta vez, el alcance es nacional y contempla a todos los niños nacidos en Estados Unidos, presentes y futuros, aunque no incluye a sus padres.

El decreto fue anunciado por Trump apenas en su segundo día de gobierno y ha sido objeto de múltiples impugnaciones legales. En semanas recientes, el Tribunal Supremo había invalidado varios fallos de tribunales estatales que intentaron frenar la orden, al considerar que no podían bloquear disposiciones federales.

Restricción de fondos para inmigrantes en educación técnica

En paralelo, el gobierno de Trump anunció una nueva política que impide que inmigrantes sin documentos accedan a fondos públicos para educación técnica, profesional o de adultos.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, señaló que a partir de agosto se revocará una norma vigente desde 1997, implementada durante la administración de Bill Clinton, que permitía la inclusión de migrantes en estos programas.

“La educación técnica financiada con recursos federales debe beneficiar a ciudadanos estadounidenses, no a quienes se encuentran en el país de forma ilegal”, expresó McMahon en un comunicado oficial.

La administración argumenta que la política anterior violaba la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA), que restringe el uso de beneficios públicos para personas sin estatus migratorio regular.

Ambas decisiones forman parte del enfoque más restrictivo en materia migratoria impulsado por el actual gobierno republicano, el cual ha buscado endurecer las condiciones de permanencia y acceso a derechos en Estados Unidos.