Vaya escándalo el que estalló con la detención en Estados Unidos de Bernardo Gómez Guajardo, regidor del Cabildo de Río Bravo, postulado por el PAN, junto a su esposa. Ambos enfrentan acusaciones de haber participado en un fraude millonario con préstamos federales creados durante la pandemia de COVID-19 para apoyar a pequeñas empresas. Alteraron documentos fiscales y comerciales para inflar montos y quedarse con recursos que nunca les correspondieron.

Que un funcionario en activo esté enfrentando este tipo de señalamientos deja muy mal parado al Ayuntamiento al que pertenece y al partido que lo impulsó.

Bernardo Gómez ocupa la cuarta regiduría del Ayuntamiento de Río Bravo para el período 2024-2027 que dirige el polémico alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado y ambos personajes llegaron al poder representando al Partido Acción Nacional.

Al alcalde de Río Bravo lo tenemos todos identificado por sus videos en tik tok, plataforma a la que sube contenido durante horas de trabajo en su oficina, consumiendo bebidas embriagantes y de fondo las canciones del momento que llevan mensajes nada edificantes.

Por cierto, en uno de sus muchos videos describe su personalidad “como una mezcla de malandro fresa, puro ternura y perversión” (jaja). Juzgue usted.

El proceso que ahora enfrenta uno de sus regidores, es otra mancha para la política local, donde en lugar de servir a la ciudadanía, algunos terminan sirviéndose a sí mismos.

Y por si hiciera falta un prietito más en las migajas del PAN, se ha dado a conocer que más del 90 por ciento de las cuentas públicas de 2021, en tiempos de Francisco García Cabeza de Vaca, resultaron con dictámenes negativos en la nueva revisión de la Auditoría Superior del Estado.

Estamos hablando de violaciones a la Ley de Disciplina Financiera, de sanciones económicas que ya superan los 2 millones de pesos y hasta de denuncias penales turnadas a la Fiscalía Anticorrupción. Lo más grave es que estas mismas cuentas fueron aprobadas en fast track por un Congreso de mayoría panista en su momento.

Francisco Noriega, el Auditor Superior, fue el encargado de dar la nota y corresponderá a los diputados integrantes de la comisión permanente del Congreso del Estado dictaminarlo en los próximos días.

Pendientes.

Que Dios los bendiga, gracias. Leo sus comentarios en mis redes sociales…