La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado la retroactividad que se introdujo in extremis en el dictamen sobre la reforma a la Ley de Amparo que discutió y aprobó el Senado con 70 votos a favor y 39 en contra. La disposición transitoria que conmina a juzgar asuntos que ya están en los tribunales conforme a la nueva legislación no estaba en la iniciativa presidencial y tampoco en el dictamen que las comisiones conjuntas de Justicia, Estudios legislativos y Hacienda llevaron a la Cámara Alta. Fue el senador morenista Manuel Huerta quien la introdujo a través de una reserva en el Pleno. Preguntada por ello esta mañana durante su conferencia matutina, la mandataria se ha mostrado contundente: “Hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad”. “Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes no puede haber retroactividad, eso es lo primero”, ha expresado antes de afirmar que va “a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio” que, según ha asegurado, “no era necesario”.

La reforma había nacido plagada de polémicas desde su concepción, pero ninguna había escalado la preocupación de los expertos como la introducción de esta disposición que contradice expresamente el artículo 14 de la Carta magna. Ese apartado establece que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, es decir, solo se puede aplicar una ley nueva a un asunto anterior cuando se hace en beneficio de la persona juzgada, nunca a la inversa. La introducción en el Senado de este punto abre un debate nuevo a los que se venían arrastrando desde que se conoció la iniciativa el 15 de septiembre y deja en manos de la Cámara de Diputados la responsabilidad de corregir esta contradicción que afecta al corazón de la seguridad jurídica. El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, ya ha apuntado que en su opinión, tal como está redactado ahora, “sí es violatorio” de la Constitución, y anticipa una revisión muy cuidadosa en la Cámara baja.

En un intento por sortear las acusaciones que penden a diario sobre Morena, que usa su aplanadora legislativa para aprobar sin resistencias ni consenso sus reformas, el lunes y el martes se celebraron en la Cámara Alta varias audiencias públicas en las que diversos expertos expresaron sus reticencias a la iniciativa de la presidenta tal como estaba planteada en un inicio. Entre los puntos que despertaban mayor recelo destacaba la restricción del concepto del interés legítimo, que dejaba en el aire la capacidad de los colectivos para presentar demandas por asuntos en los que no pudieran demostrar una afectación directa y personal. La oposición a algunos proyectos de gran impacto ambiental, como la construcción del Tren Maya, han sido encabezados por organizaciones sin ánimo de lucro, que se han puesto en guardia desde que se conoció la propuesta.