En congruencia con las políticas de austeridad republicana impulsadas por el Gobierno de México, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) informo que mantienen una política salarial conservadora y justa, tanto en sus oficinas centrales como en cada una de sus delegaciones estatales, descartando cualquier tipo de dispendio o privilegios excesivos.

A través de un comunicado oficial emitido por la dirección de comunicación social de la delegación estatal que preside Claudio Aquiles Villanueva, dejo en claro que durante los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, los altos mandos del Instituto percibían sueldos elevados, reflejados en los rangos salariales de 2018. Sin embargo, a partir del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se aplicó un ajuste significativo que marcó el inicio de una política de moderación y transparencia en el uso de los recursos públicos.

“Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta política se consolidó: el tabulador salarial del personal de confianza fue modificado para situar al director general del INFONAVIT con un ingreso equivalente al de un subsecretario de Estado. Asimismo, se eliminaron los bonos y otras compensaciones extraordinarias que en el pasado representaban un gasto oneroso” se citó.

Actualmente, el salario bruto del director general asciende a 185 mil 825 pesos mensuales, lo que, tras impuestos, resulta en un ingreso neto de 120 mil pesos, nivel equiparable al que perciben los titulares del IMSS y PEMEX.

Además, con la reforma a la Ley del INFONAVIT en marzo de 2025, los sueldos de los funcionarios fueron homologados con los del Gobierno Federal, reduciendo la estructura organizacional y eliminando áreas innecesarias.

En el comunicado no se da a conocer la percepción que reciben los delegados federales del Infonavit en cada entidad federativa solo se establece la eliminación Direcciones Sectoriales de trabajadores y empresarios, junto con 120 plazas administrativas. La supresión de bonos de desempeño para mandos medios y superiores, garantizando que ningún servidor público gane más que un subsecretario y la cancelación del pago por asistir al Consejo de Administración, que antes ascendía a más de 86 mil pesos mensuales.