Usuarios de aguas nacionales del estado de Tamaulipas denunciaron públicamente presuntas irregularidades y omisiones por parte del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA, al que acusan de no cumplir con los plazos de respuesta establecidos por la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, lo que habría provocado la cancelación automática de trámites iniciados desde 2017.

En una carta dirigida y que fue compartida por la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla que encabeza José Enrique Yáñez en solidaridad con dichos usuarios establece el llamado “a la ciudadanía en general”, donde los afectados señalan que la dependencia federal no ha realizado la entrega formal de notificaciones ni la emisión de resoluciones en tiempo y forma, pese a que los procedimientos administrativos de concesión y regularización de derechos de agua llevan años pendientes.

Los usuarios aseguran que la autoridad ha fundamentado sus negativas en argumentos como la “falta de interés” o “ausencia de comunicación” del solicitante, situación que, según ellos, traslada injustamente la responsabilidad al ciudadano.

“La autoridad tuvo que dar contestación en un plazo no mayor a 90 días… ahora resulta que nos culpan por no haber mostrado interés”, se expone en el documento.

Asimismo, el grupo denunció que la actual administración del organismo, encabezada por el Ing. Jaime Gudiño Zárate, director general, y la Lic. Yolanda Flores Perales, encargada de los Asuntos Jurídicos, estaría emitiendo resoluciones “sin conocimiento del caso y en perjuicio de los usuarios tamaulipecos”.

Los afectados consideran que estas acciones vulneran sus derechos para obtener una concesión o cesión de volumen de agua, indispensable para el desarrollo de sus actividades productivas y familiares.

“Se están pisoteando nuestros derechos; pedimos que no se sigan atropellando las solicitudes de los usuarios que confiaron en la autoridad”, expresan en la misiva firmada por “Usuarios de Aguas Nacionales del Estado de Tamaulipas”.

Finalmente, exhortan a la ciudadanía y a las autoridades competentes a revisar los procedimientos y garantizar transparencia y cumplimiento en los plazos legales establecidos para la atención de los trámites.