Puebla, Puebla a 12 de abril de 2025 – Una fuerte controversia envuelve al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, tras ser acusado por la oposición de presunto chantaje contra la empresa constructora Grupo Proyecta. Las acusaciones surgen a raíz de una exigencia del mandatario estatal para que la compañía done dos hectáreas de terreno al estado en un plazo de 30 días, bajo la amenaza de expropiar una extensión mayor en caso de no cumplir con la demanda.
Las declaraciones de la oposición han encendido las alarmas en el ámbito empresarial y político local, generando un debate sobre los límites de la autoridad gubernamental y el trato a la inversión privada. Los críticos señalan que esta acción podría interpretarse como una forma de presión indebida y un uso desproporcionado del poder estatal.
Este incidente se suma a otros señalamientos en el pasado donde el nombre de Alejandro Armenta ha estado ligado al término “chantaje”. Previamente, en marzo del presente año, el gobernador denunció públicamente lo que consideró intentos de chantaje por parte de la organización Antorcha Campesina, a quienes acusó de buscar beneficios económicos a costa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En ese mismo contexto, Armenta se mostró firme en no ceder ante presiones relacionadas con protestas que exigían la liberación de alcaldes involucrados en procesos legales.
Retrocediendo en el tiempo, en 2019, cuando Armenta se desempeñaba como senador, también enfrentó acusaciones de haber intentado chantajear a Miguel Barbosa Huerta, entonces candidato a la gubernatura. Se alegó que Armenta habría condicionado su apoyo y la no impugnación de la candidatura a la entrega de la mitad de los puestos en el gabinete, señalamientos que él negó categóricamente.
Incluso en 2016, siendo diputado federal por el PRI, el propio Armenta acusó al gobierno estatal de Puebla de “chantaje político”, argumentando que se estaban reteniendo fondos a su municipio para forzar su aprobación incondicional del presupuesto estatal.
La reciente acusación contra el gobernador Armenta por parte de la oposición sin duda intensificará el escrutinio público sobre su gestión y su relación con el sector empresarial en Puebla. Se espera que en los próximos días se generen más reacciones y posibles investigaciones en torno a estas serias alegaciones.