La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas amplía su vigilancia: ya no solo supervisará a servidores públicos, sino también a notarios, como parte de las reformas recientes a la Ley del Notariado.
La medida busca reforzar la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas en la función pública y en la fe pública, fortaleciendo así los mecanismos de control institucional en el estado.
El Congreso del Estado aprobó el Decreto No. 66-963 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de múltiples ordenamientos estatales, entre ellos la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, con el objetivo de armonizar facultades administrativas y reforzar los mecanismos de control y vigilancia institucional.
El decreto fue expedido por la Sexagésima Sexta Legislatura y promulgado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el jueves 12 de febrero de 2026. En lo correspondiente a la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, las modificaciones forman parte de una reestructuración administrativa que actualiza denominaciones y fortalece la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en distintos procesos vinculados a la supervisión y control de la función pública.
El decreto establece ajustes normativos en más de 30 leyes estatales, con un eje transversal: consolidar las atribuciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en tareas de vigilancia, fiscalización, supervisión de procedimientos administrativos y verificación del cumplimiento de disposiciones legales.
En el caso específico del notariado, los cambios buscan dar mayor claridad a las competencias institucionales, alineando la legislación con la nueva estructura administrativa del Ejecutivo estatal, así como reforzar los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la fe pública.