La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), emitió un posicionamiento en el que advierten que no aceptarán que los ajustes en los precios de la carne recaigan sobre los productores, al señalar que el problema está en los márgenes de comercialización y no en el campo.
Respaldado por las Uniones Ganaderas de todo el país incluyendo Tamaulipas y dirigido a autoridades federales, los productores subrayan que cualquier reducción en los precios al consumidor debe provenir de la disminución de ganancias de intermediarios y grandes comercializadores, y no de una baja en el ingreso de quienes crían el ganado.
“El campo no puede seguir absorbiendo los costos”, advierten en un comunicado oficial, al señalar que son el primer eslabón de la cadena productiva, pero también el más afectado.
Explican que, por una crisis silenciosa derivada del cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano desde mayo de 2025, ha dejado más de 1.2 millones de cabezas sin exportar, generando sobreoferta interna y desplome de precios para el productor.
Mientras tanto, los precios al consumidor no han bajado. De acuerdo con el posicionamiento, el precio del bistec en supermercados supera los 215 pesos por kilogramo, mientras que el productor recibe entre 68 y 87 pesos por kilo de becerro en pie, evidenciando una amplia brecha en la cadena de valor.
Los ganaderos también cuestionaron la política de importaciones, al señalar que permitir el ingreso de más carne en este contexto solo agravaría la sobreoferta y seguiría afectando al sector primario sin beneficiar realmente al consumidor.
Además, destacaron que, pese al aumento de importaciones en años recientes —particularmente bajo esquemas como el PACIC—, los precios al consumidor no disminuyeron, lo que confirma que el problema no está en la producción nacional.
Ante este panorama, los productores plantean tres acciones urgentes: mantener el cupo de importación en 70 mil toneladas sin ampliación, acelerar la reapertura de la frontera para exportación de ganado en pie, y establecer un sistema de monitoreo público sobre los márgenes de comercialización.