El Congreso del Estado volvió a poner bajo la lupa al municipio de Río Bravo. Esta vez, el foco está en la Feria Municipal 2025, cuyos gastos y contratos serán auditados a fondo por la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego de que el Pleno legislativo aprobara un Punto de Acuerdo para revisar hasta el último peso ejercido.
La ofensiva legislativa fue impulsada desde tribuna por la diputada Lucero Deosdady Martínez López, quien solicitó una revisión inmediata de la ejecución de recursos públicos, contratos firmados y posibles incumplimientos o delitos relacionados con la organización del evento ferial.
Aunque el acuerdo aprobado subraya que la auditoría será técnica y objetiva, sin prejuzgar responsabilidades, el mensaje político es claro: el Congreso no está dispuesto a pasar por alto las dudas que dejó la feria realizada del 5 al 28 de diciembre, periodo en el que se contrataron múltiples servicios y espectáculos artísticos con dinero público.
Durante la exposición de motivos, se recordó que el Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales y que la ASE es el órgano encargado de fiscalizar incluso eventos culturales y recreativos cuando implican gasto público.
El endurecimiento de la revisión no surge de la nada. Tras la conclusión de la feria, ciudadanos de Río Bravo comenzaron a señalar afectaciones urbanas, además de presuntas fallas en la planeación y ejecución de contratos, lo que encendió las alertas en el Congreso estatal.
Con esta decisión, la Legislatura 66 formalizó la solicitud de información a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, dando inicio a un proceso que podría revelar irregularidades y derivar en responsabilidades administrativas o legales.
Mientras tanto, en Río Bravo crece la expectativa: lo que comenzó como una feria de entretenimiento hoy se ha convertido en un nuevo frente de tensión política y fiscal, con el Congreso observando de cerca cada movimiento del municipio.