Tamaulipas se estremece ante una tragedia que ha encendido la indignación social: un niño de apenas 7 años fue asesinado el pasado 4 de septiembre presuntamente por Policías Investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes además habrían herido a varios integrantes de su familia durante un operativo marcado por el uso excesivo y letal de la fuerza.
El Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Tamaulipas, A.C., a través de un escrito dirigido a la opinión publica firmado por Gilberto Avalos Martínez y la Secretaria Mayra Edith Cepeda Gómez levantaron la voz con un pronunciamiento enérgico y contundente, calificando este hecho como una violación flagrante a los derechos humanos y una mancha más en la debilitada credibilidad de las instituciones de justicia.
Los abogados denunciaron que detrás del intento de encubrimiento de los responsables se estarían ofreciendo apoyos funerarios condicionados al perdón de la familia, lo que tacharon de “inmoral e insultante”.
“Pretender resolver una pérdida humana con dinero es un agravio adicional”, señaló el organismo, exigiendo una investigación autónoma, imparcial y bajo supervisión de organismos de derechos humanos.
El Colegio advirtió que este crimen no solo destrozó a una familia, sino que también profundiza la desconfianza ciudadana hacia los cuerpos de seguridad, que deberían proteger a la población y no atentar contra ella.
“Hoy, más que nunca, es momento de elevar la voz. La vida de un niño no puede tratarse como una estadística más. No habrá paz sin justicia, ni justicia sin verdad”, recalcaron.
En un acto de solidaridad, los penalistas ofrecieron apoyo jurídico gratuito a los familiares de la víctima, desde representación legal hasta acompañamiento ante instancias de derechos humanos. Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad civil, al gremio jurídico nacional y a defensores de derechos humanos a mantenerse vigilantes para impedir que el caso caiga en el olvido o sea manipulado políticamente.