Reynosa, Tamaulipas.– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) concluyó que existieron violaciones graves a los derechos humanos en el caso del adolescente P.I.M.D., quien perdió la vida tras un operativo de la Guardia Estatal ocurrido el 13 de octubre de 2024 en el municipio de Reynosa, y por ello emitió la Recomendación 25/2025.
El organismo autónomo informó que la investigación se inició a partir de la queja presentada por la madre del menor, quien señaló que su hijo salió de su domicilio por la mañana con la intención de cargar combustible a una camioneta Ford Explorer blanca, sin que volviera a tener contacto con él.
Ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes, la familia comenzó a buscarlo y recibió avisos de ciudadanos que indicaban que un joven había sido asegurado por elementos de la Guardia Estatal en el viaducto Reynosa–Monterrey.
Al trasladarse al sitio, la madre identificó el vehículo de su hijo con visibles daños, cristales rotos y rastros de sangre.
De acuerdo con su declaración, en el lugar se encontraban patrullas de la corporación estatal y personal del Servicio Médico Forense; sin embargo, los agentes negaron responsabilidad sobre lo ocurrido.
La mujer también denunció anomalías en el resguardo de la escena y en el manejo del vehículo.
Por su parte, la abuela del adolescente respaldó el testimonio y afirmó que el joven no portaba armas, se dirigía solo a realizar una actividad cotidiana y era reconocido por su conducta solidaria.
Aseguró que no había justificación para el uso de fuerza letal, especialmente si el menor ya se encontraba bajo control.
En contraste, los reportes oficiales de la Guardia Estatal señalaron que los elementos fueron atacados durante una persecución y que actuaron en respuesta a una agresión considerada real e inmediata.
No obstante, tras el análisis de testimonios, inspecciones de campo, material audiovisual y documentación oficial, la CODHET detectó contradicciones relevantes entre la versión institucional y las evidencias reunidas.
El organismo concluyó que la actuación policial no se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
En la recomendación emitida, la Comisión determinó que se vulneraron los derechos humanos a la vida, a la legalidad y a la seguridad jurídica del adolescente.
Por ello, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y la continuidad de los procedimientos administrativos para establecer responsabilidades de los elementos involucrados, además de fortalecer la capacitación en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza.
Asimismo, exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Poder Judicial de Tamaulipas a llevar el proceso penal con diligencia y sin retrasos injustificados.