La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, en base a informes del órgano técnico fiscalizador, dictaminó 26 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021 de aprobarse y otras 49 de rechazarse, mientras que de once se dejó abierta la posibilidad de entablar procedimientos penales del 2022, con el fin de recabar más información que permita una resolución concluyente y aparte, declaró viable el Programa Anual de Auditoría para el año próximo.

El Diputado Claudio Alberto de Leija destacó que se realizó una segunda revisión a las Cuentas del 2021, ante la deficiente primera revisión del anterior titular.

De los 86 informes específicos recibidos, 11 entidades que ya fueron resueltas por el Pleno Legislativo en la pasada legislatura, continuarán con las investigaciones para el eventual fincamiento de responsabilidades penales.

Las entidades que no cumplieron con las disposiciones legales y normativas cuyas cuentas se dictaminaron de rechazarse fueron:

Los Institutos Municipal de Nuevo Laredo para el Desarrollo de la Juventud, de Vivienda y Suelo Urbano, de Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano y para el Desarrollo Cultural, de Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales, de la Mujer y el sistema DIF Municipal.

Los municipios de Mier, Camargo, Díaz Ordaz, Méndez, Cruillas, Jiménez, San Nicolás, Casas, Palmillas, Jaumave, Antiguo y Nuevo Morelos, González, Güémez, Bustamante, Guerrero, Río Bravo, Hidalgo, Padilla, San Fernando y Victoria. Además, las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Camargo, Jaumave, Nuevo Morelos, Soto La Marina, El Mante, Jaumave, Nuevo Morelos, Soto La Marina, El Mante, Casas, Mainero, Méndez y Miquihuana, Llera, Jiménez, Tula, Guerrero, Mier, Palmillas, Nuevo Laredo y Victoria.

El Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Cotacyt), el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos y el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Río Bravo.

Asimismo, en el análisis de 190 informes de resultados correspondientes a las cuentas públicas del año 2022, la Diputada Úrsula Salazar propuso emitir un dictamen suspensivo, hasta en tanto se cuente con la información legal necesaria para que este órgano legislativo se pronuncie mediante una opinión definitiva.