La reforma sobre prisión preventiva oficiosa contraviene los tratados internacionales, es violatoria de los derechos humanos y representa un franco retroceso, considero la diputada Mayra Benavidez Villafranca.
La legisladora de MC en Tamaulipas dijo que además de ello, se agrega la desaparición “Errónea” de órganos desconcentrados y autónomos por parte de las nuevas reformas ejecutadas en el Congreso del estado.
“Esta reforma nos entrega opacidad; en lugar de competencia, monopolios; en lugar de rendición de cuentas, discrecionalidad y arbitrariedad. Hablamos en concreto del INAI, mismo que es una herramienta ciudadana que ha garantizado el acceso a la información pública y protección de datos personales” señaló.
Precisamente a nivel central la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República votó en contra de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa porque esto no ayuda a disminuir la criminalidad ni la inseguridad en el país.
En Tamaulipas los legisladores locales rechazan esta reforma, puesto que representa un retroceso, una traición a los ciudadanos, a México y décadas de avances construidos con esfuerzo; por lo que les hubiese gustado que el debate fuese para enfocarse en fortalecerlos.
Benavidez Villafranca aseguró que enviar automáticamente a prisión a todas las personas sin haber sido previamente juzgadas es un desacato a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y viola tratados internacionales.
La legisladora sostuvo que la ampliación de la prisión preventiva no mejora el sistema de justicia, sino que por el contrario lo debilita porque obstaculiza la evaluación individualizada a la que todas las personas tienen derecho.
Otra manifestación fue para defender la justicia, igualdad y derechos humanos, aseverando que estos principios se están en peligro cada vez que se da la prisión preventiva oficiosa como política pública.
“Con ella no se reduce la violencia, lo que se hace es destrozar vidas, separar familias y una justicia que en lugar de proteger castiga de manera injusta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Casi 100 mil personas en México están privadas de su libertad bajo esta figura”.