Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que dos elementos del grupo Linces ya rindieron su declaración ante la Fiscalía estatal por su participación en la detención del delegado estatal del IMSS.

“Yo escuché perfectamente y dijo que los linces ya habían declarado. Eso fue lo que está en la carpeta”, aseguró en entrevista el General Sergio Hernando Chávez García, quien explicó que el proceso ya está completamente en manos de la Fiscalía.

Al ser cuestionado sobre si los elementos fueron suspendidos, aclaró que “no tienen por qué ser suspendidos” y que ambos continúan en sus funciones normales.

“Ya la determinación de la Fiscalía trae varias líneas de investigación que solamente ellos pueden en su momento determinar cuándo se hacen públicas”, sostuvo.

El secretario explicó que ante cualquier incidente donde participa personal de la Guardia Estatal, la unidad de asuntos internos actúa de inmediato.

Dijo que se hace una indagatoria con la acumulación de información que resulte del evento para después decidir si el caso se turna al ministerio público o al onsejo de desarrollo policial.

Sobre la actuación de los elementos en el caso investigado, el funcionario afirmó que “todos los indicios nos hacen ver que fue de forma apegada al debido proceso”.

Ante la posibilidad de que el arma y el dinero hayan sido sembrado, respondió: “Eso es parte de la indagatoria y ya hay información sobre el seguimiento que se le dio a los elementos”.

El ex Gobernador, ¿Se quedo sin escoltas?

El secretario aclaró que no se le retiró la seguridad al ex Gobernador Cabeza de Vaca, tras una resolución judicial reciente.

“No, no se la retiró, no nos equivoquemos. Canceló la revocación que se había hecho del acuerdo que se había tomado de sustituirle a los elementos”, explicó.

Indicó que se trata de una rotación de elementos para que sigan bajo la misma capacitación y control que el resto de la Guardia Estatal.

“Es una sustitución, no un retiro. Sigue y continúa la misma cantidad”, enfatizó.

Recordó que el otorgamiento de escoltas es un derecho constitucional previsto en el Estado, extendido también al secretario general de Gobierno y al Fiscal General, entre otros.