Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, asignado como escolta de un funcionario de palacio de gobierno, obstaculizó el libre ejercicio periodístico al intervenir físicamente contra un reportero de esta casa editoria que intentaba cuestionar a una servidora pública.
El incidente ocurrió cuando el periodista intentaba realizar una pregunta, momento en el cual el escolta utilizó su brazo para bloquear el acercamiento, a pesar de que no existía ninguna conducta que pusiera en riesgo la integridad de la funcionaria protegida.
Este tipo de acciones vulneran el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, consagrados en el Artículo 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tratados internacionales.
La ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas establece que las autoridades deben garantizar la labor periodística y evitar cualquier acto de censura o restricción arbitraria.
La intervención del elemento de seguridad no solo refleja una conducta inapropiada, sino también la falta de capacitación en materia de derechos humanos, que debe ser aplicado a servidores públicos, en especial a cuerpos de seguridad.
Durante la actual administración encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha reiterado el compromiso con la libertad de prensa y el respeto al ejercicio periodístico.