En Tamaulipas, entre el 40 y 50 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) operan en la informalidad, lo que representa uno de los principales retos para el crecimiento económico del estado.

Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, señaló que si bien la entidad registra un nivel de informalidad menor al promedio nacional, el problema sigue siendo un obstáculo para el desarrollo.

“Seguimos teniendo un reto importante que es el tema de la formalidad. Estamos todavía por debajo de la media, pero son indicadores en los que se debe trabajar con estrategias específicas”, expresó.

La funcionaria explicó que el fenómeno es multifactorial y está vinculado tanto a la falta de recursos como al desconocimiento de los trámites que deben cumplir los negocios. En muchos casos, dijo, los emprendedores consideran costoso y complicado el proceso, o bien lo asocian únicamente con la carga fiscal.

Para revertir esta situación, el Gobierno del Estado impulsa distintos esquemas de financiamiento que buscan atraer a más negocios a la formalidad. Entre ellos se encuentra el programa Transformando mi Negocio, con tasas de interés que oscilan entre 6 y 10 por ciento, además del crédito Impulso, que en coordinación con municipios y Nacional Financiera representa una bolsa superior a los mil millones de pesos.
También se ofrecen microcréditos desde 20 mil pesos con tasas preferenciales en localidades pequeñas, además de capacitaciones y acompañamiento a través del programa Hecho en Tamaulipas.

Álvarez Quero destacó que uno de los incentivos más importantes para formalizarse son los beneficios directos: las ventas de los negocios que se regularizan llegan a crecer hasta 30 por ciento. Sin embargo, reconoció que existe resistencia social.

“Muchos escuchan SAT y se espantan, cuando en realidad hay ventajas al estar en la formalidad”, apuntó.

Actualmente, el 46.4 por ciento de la población económicamente activa en el estado trabaja sin prestaciones, lo que refleja la magnitud del reto. En este contexto, la subsecretaría mantiene un análisis con cámaras empresariales para simplificar trámites y pagos requeridos para abrir y operar empresas en regla.

“Es un trabajo complejo, pero entendemos la importancia de avanzar en este tema con políticas públicas estratégicas que permitan reducir la informalidad”, concluyó.