A casi un año de que se revelara cómo los partidos políticos en el Estado simularon candidaturas migrantes para el Congreso local, el Instituto Electoral de Tamaulipas sigue sin rendir cuentas sobre esas irregularidades.
En mayo de 2024 se documentó que sólo una de las siete personas registradas por la acción afirmativa migrante realmente cumplía con un perfil de defensa activa de la comunidad de indocumentados.
El resto presentó pruebas mínimas y, en algunos casos dudosas de su supuesto carácter migrante: Licencias de conducir recientes, estudios en Texas de hace más de una década o vínculos laborales vagos en el extranjero.
La autoridad electoral, lejos de investigar o sancionar, permitió estos registros sin cuestionar su legitimidad. En ese entonces solo Verónica Arredondo, registrada por el Partido del Trabajo acreditó vínculos reales con comunidades migrantes, respaldada por documentos de la Diócesis de Brownsville y del gobierno de Hidalgo, Texas.
Desde junio de 2023 la Ley Electoral de Tamaulipas exige que las candidaturas migrantes presenten documentación que acredite residencia, trabajo o actividades en el extranjero, para ofrecer representación real a un grupo históricamente excluido. En los hechos, el espíritu de la ley fue sepultado por el IETAM.
La omisión del IETAM frente a esta simulación masiva, en el consenso general, refleja falta de compromiso con la equidad electoral en la antesala de la elección judicial.