Las desavenencias, discordancias y hasta las confrontaciones, son partes medulares en la naturaleza de las personas y sociedades.
Pero…¿Qué ha permitido que las visiones encontradas sean positivas en lugar de destructivas?
Responderé con dos palabras: La ley.
Viene a colación el tema por el choque de trenes entre el poder federal y el del Estado de Tamaulipas, que dejó atrás el ámbito político y se adentró de lleno en el judicial. Más preocupante aún: En el terreno penal.
Todos lo saben: La Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, iniciar el proceso de desafuero contra el Ejecutivo tamaulipeco de extracción panista, Francisco García Cabeza de Vaca, petición derivada de una indagatoria oficial por presuntos delitos de alto impacto achacados al mandatario.
No entraré en detalles sobre qué señala la FGR ni en la respuesta emitida por el inculpado. Para ambos protagonistas eso es fundamental sin duda, pero para los ciudadanos comunes como usted y yo, lo que importa en este entramado es la Ley. Que se observe y que se aplique.
Parados en este escenario, expondré en estas líneas en apretado resumen, lo que la propia Constitución, de la República y de Tamaulipas, asientan en sus respectivos textos como ruta legal para un proceso de desafuero y destitución, de acuerdo al análisis de un prestigiado jurista del Estado.
El artículo 111 de nuestra Carta Magna nacional establece que por tratarse de un Gobernador éste podría ser desaforado en el Congreso Federal pero no puede ser destituido directamente por el mismo. Para eso, la misma ley exige que tras ser aprobado el desafuero en la Cámara de Diputados –como es muy probable que suceda– este asunto pase al Congreso de Tamaulipas, que hoy -esto es de vital importancia– es de mayoría panista.
En el mismo contexto, el artículo 152 de la Constitución de Tamaulipas, marco legal en el que debe actuar el Congreso Local, indica que en el caso de ser el Gobernador el indiciado, para proceder penalmente en su contra se le tiene que destituir por medio de un juicio político.
Para lograr eso, el Congreso Local, previo consenso de por lo menos dos terceras partes de los diputados, tendría que acusar al Gobernador ante el Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, el cual se debe erigir en Jurado de Sentencia y sólo podría aprobar la destitución por mayoría también de dos terceras partes de los magistrados.
Cuando pudiera superar esos trámites, la Fiscalía General de la República podría judicializar la carpeta de investigación contra Francisco García Cabeza de Vaca. De no cumplirlos, el Gobernador conservaría su puesto y por consecuencia también su inmunidad.
Si lo anterior es cierto –no soy abogado para confirmarlo– ¿Cree alguien que el Congreso Local y el Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas llevarán a cabo ese proceso, por lo menos en este año?
La respuesta, como reza la voz popular, por sabida se calla.
Con todo esto, la aparente conclusión de este “affaire” político y penal, parece ser sólo uno por lo pronto: Para actuar la FGR en contra del Gobernador aún tendrá que esperar más de un año y medio, salvo que consiguiera directamente o con alianzas la mayoría de las curules locales el 6 de junio, lo cual se ve improbable.
Y vaya usted a saber qué suceda en esa larga fila de meses…

UNA PLÁTICA DEL PASADO
El pasaje lo publicó el periódico El Norte, décadas atrás. Lo expongo con una disculpa por la falta de apego al texto original:
En los primeros meses de la presidencia encabezada por Carlos Salinas de Gortari, éste se reunió con un selecto grupo de empresarios de su Estado consentido, Nuevo León.
Estaba reciente la aprehensión de Joaquín “La Quina” Hernández Galicia y se veía cercana la misma suerte para Carlos Jonguitud Barrios, entonces líder nacional de los maestros –quien se retiró “voluntariamente”– por lo que la plática cayó en forma natural en ese tema y Salinas preguntó a los presentes su opinión al respecto.
La respuesta fue contundente: “Señor, queremos un Presidente, no un sheriff”…
Me reservo los comentarios…

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