El nuevo problema que reventó en la Ciudad de México sobre el transporte público nos hace pensar en las exigencias de los permisionarios de este tipo de servicio, tan necesario en cualquier ciudad.
Victoria, desde tiempos de Alejandro Flores Camargo y aquellas vetustas camionetas VAN que fungieron como competencia a los autobuses de los Martínez, llegando a las zonas de la periferia de la ciudad, han sido una guerra de estira y afloja, de pedir y dar, o de querer pedir y querer dar. Nos explicamos.
Es cierto que urge un aumento en las tarifas del transporte urbano, y quien no piense en ello es desconsiderado. Todos sabemos que las camionetas y los microbuses no cuestan dos pesos, y que las refacciones han estado subiendo de precio frecuentemente. No digamos las llantas que se tienen que estar cambiando, en parte, gracias a un desmedido uso y calor, y en otra parte, por la ineficiencia de la autoridad municipal de dotar a las calles de pavimento adecuado.
Todos sabemos que la gasolina sube y las refacciones y mano de obra ha ido hacia las nubes. Nadie que sepamos de precios en lo más mínimo podemos negarlo, pero: ¿realmente se puede o debe pagar?
Los permisionarios de las peseras, en un porcentaje importante son personas que no tienen idea de lo que es el servicio que prestan y que tiene parte de negocio personal y parte de servicio social.
Imaginemos a una familia con 3 o 4 hijos que van a la escuela y toman una o dos peseras para llegar: hay que hacer cuentas para saber que gastan un mundo de dinero para llegar, sin embargo, los permisionarios no tienen por qué financiar los trayectos de nuestros hijos: tampoco la autoridad tiene por qué mantenernos, porque es una obligación de cada padre de familia hacer lo posible por mantener a los suyos.
El problema se agrava, porque, en el caso de la Ciudad de México, tienen 9 años sin que les autoricen aumentos. En Victoria son varios años también en que las tarifas están congeladas.
Aunque nos ponemos a meditar sobre el conflicto, y realmente algunas -muchísimas- peseras no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y comodidad.
Merecemos un transporte digno y eficiente, y eso compete a los transportistas; merecemos calles en buen estado que compete a la autoridad municipal. El problema es, sin duda alguna, que nadie quiere cumplir con sus obligaciones: los dueños de las peseras hicieron una inversión hace ya muchos años y no quieren invertir en modernizarse, en tener servicios adecuados, en componer sillones, pisos o lo que se necesite: contratan a muchos salvajes que manejan como locos asesinos sin preparación ni educación, y por otra parte, tenemos una autoridad que solapa todo esto a cambio de dádivas, y si no cree, dese una vuelta por el Boulevard para que registre la forma en que los agentes que ahí se congregan hacen su “capitalito” diario.
Con una autoridad corrompida e ineficiente no se puede negociar, porque siempre es pedir “moches”, es solapar problemas.
Urge alguien con una honestidad capaz de solventar este problema: que se haga una revisión y se establezca una tarifa justa para los que invierten en transporte público, pero, a cambio, que se exija, en forma inmediata, que la autoridad sea honrada, eficiente y exigente con los parámetros de calidad necesarios.
No merecemos ir transportados como animales, y ellos también merecen vivir dignamente de su trabajo. Se requiere aumentar las tarifas, pero les diríamos a los transportistas: “a cambio de qué”, ¿Qué me das a cambio? Porque no es exigir a la autoridad que autorice aumentos y ya, sino que cumpla cn nuestra vialidad decente y eficiente.
Como podemos ver, el problema no es nada sencillo en tanto contemos con un grupo de autoridades municipales ahogados en la corrupción, la transa, la ratería y el “ahí se va” que todos conocemos y no podemos negar, aunque nos quieran mandar mensajes en redes sociales asegurando que están haciendo bien las cosas.

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