La clasificación Freedom House, que promueve democracia y derechos humanos situó a España en la posición 11; en 2018 estaba en séptimo lugar. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, cayó al lugar 46 de 180 países. Hace 2 décadas ocupaba el lugar 22. La causa; falta de avance legislativo, instituciones débiles y desmantelamiento de agencias antifraude.
Los indicadores del Banco Mundial son fiables, cada vez mejores al evaluar más años, son base de los Indicadores Mundiales Gobernanza 2024, y confirman deterioro en calidad institucional y eficiencia gubernamental. Los parámetros que evalúa: control de la corrupción, eficiencia gubernamental, calidad regulatoria y Estado de derecho, indican que España sufre caída desde el año 2000 más pronunciada que en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, EE. UU., y Japón.
Lo que vemos en los datos es resultado de la presión institucional que generaron la crisis financiera de 2010, la pandemia y la invasión de Ucrania; el estrés por el Gobierno de Pedro Sánchez que tensiona el equilibrio democrático recurriendo al gobierno por decreto ley, burlando la opinión de órganos consultivos, dominando instituciones públicas y privadas, promulgando amnistías fuera del orden constitucional y la confrontación permanente con el poder Judicial.
Esta manera de gobernar riñe con la democracia, busca dominar los poderes Legislativo y Judicial para eliminar contrapesos a su autocracia.
La calidad de las instituciones obedece al equilibrio del sistema democrático. La percepción de corrupción por falta de transparencia en el gasto e ineficacia en la aplicación de la ley afectan de manera negativa la confianza pública y estabilidad económica.
Trump en EE. UU., gobiernos de América Latina, incluyo México, son ejemplo de deterioro democrático. Hay crisis social que acepta el yugo.