La apertura democrática en México ha sido un largo y complejo proceso que ha ido transformando las instituciones del sector público, de manera particular al Poder Legislativo.  Apenas en 1977 la L Legislatura (1976-1979) aprobó una reforma constitucional para, entre otros cambios, introducir el sistema de representación proporcional (lo cual implicó mayor representatividad para los partidos minoritarios) y facultar al Congreso a diseñar y promulgar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de regular la estructura y funcionamiento de este, lo que contribuyó a fortalecer al Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

Otro hito histórico en la apertura democrática se presenta en 1988, cuando el partido hegemónico pierde la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que para los partidos de oposición implicó la posibilidad de, por primera vez en la historia del Congreso, influir en las decisiones al interior de la Cámara y, desde luego, en aquellas relativas a los grandes temas nacionales.  Sin embargo, los legisladores de oposición se vieron rebasados por la cantidad de temas a atender y el nivel de especialización requerido, frente a un partido hegemónico con mayoría en el Congreso y titular del Poder Ejecutivo, es decir, los legisladores del PRI tenían las puertas abiertas del gabinete del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para resolver o plantear cualquier cuestión, mientras que la oposición no contaba ni con dichos accesos, ni con información ni con asesores especializados en ningún tema.

De ahí que precisamente, de manera natural, la oposición fue la que primero mostró interés en desarrollar cuerpos de asesores técnicos para apoyar a los legisladores a identificar y procesar información útil para la toma de decisiones.  El artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso, vigente en aquel año, hacía mención de que los grupos parlamentarios dispondrían de “los asesores, personal y elementos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, gracias a lo cual la oposición, en particular el recientemente establecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundamentó su exigencia para hacerse de asesores al interior de su grupo, práctica que siguieron el resto de los grupos parlamentarios.

Sin embargo, la asesoría técnica en Comisiones, donde se lleva a cabo el trabajo parlamentario substantivo, quedó relegada a un segundo plano, que sería atendido once años después con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1999 (LOCG), en la cual se crea el servicio de carrera de la Cámara de Diputados y un año después se promulga el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera (SC), que fueron a su vez, en ambos casos, producto de otro hito histórico en el proceso de apertura democrática de nuestro país: la pérdida de la mayoría absoluta del partido hegemónico. En los lineamientos de ese estatuto se dispone que los secretarios técnicos y asesores de las comisiones deben pertenecer al SC.

Ahora bien, a pesar de que, en el año 2000, se lanzara una primera convocatoria en la que participaron más de mil personas para entrar a todo tipo de posiciones en áreas administrativas y parlamentarias, el SC no se implementó tal como lo instruye la LOCG de 1999 y el Estatuto arriba señalado, pues no se crea la estructura orgánica responsable de diseñar y administrar el SC, es decir, la Unidad de Capacitación y Formación Permanente (UCFP), ni tampoco el Consejo Directivo del SC, integrado por funcionarios de la Cámara y tres expertos externos.  Lo anterior llevó a que dicha convocatoria quedara como un esfuerzo aislado, pues no hubo instancia que diera seguimiento a la capacitación, desempeño y evaluación de las personas que ingresaron al régimen del SC en el año 2000.

Fue entonces hasta la llegada de una nueva mayoría (MORENA-PT-PVEM-PES) en el 2018, otro hito histórico en la apertura democrática de México, que los órganos de gobierno instruyen a la Secretaría General a retomar y relanzar el servicio de carrera, circunstancia que hizo posible entonces que en 2019 se creara la UCFP, se analizara el diseño óptimo del SC, dadas las características del Poder Legislativo, se evaluara cómo y en qué áreas reiniciar el SC y se analizara el estatus de quienes concursaron en el año 2000 a fin de reintegrarlos al “nuevo” SC.

Como titular de la UCFP se integra el Dr. León Aceves Díaz de León, quien cuenta con una destacada trayectoria en la formación de funcionarios públicos, siendo una de sus últimas posiciones la de director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, creada en 2009 por el entonces Jefe de Gobierno, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón.

Con la visión de la LXIV Legislatura y la experiencia del Dr. Aceves se decide relanzar el SC con la intención de fortalecer uno de los pilares de todo parlamento: el cuerpo técnico especializado, parte del cual se ubica en los centros de estudio de la Cámara de Diputados, cuyo personal brinda precisamente asesoría técnica, imparcial y objetiva, para la toma de decisiones de las y los legisladores.

En los primeros 20 años de este milenio, dichos centros de estudio (1-Finanzas Públicas, 2-Derecho e Investigaciones Parlamentarias, 3-Desarrollo Rural Sustentable y para la Soberanía Alimentaria, 4-Estudios Sociales y de Opinión Pública y 5-Estudios para el Logro de la Igualdad de Género) estuvieron integrados por una combinación ecléctica de funcionarios: había desde quienes no contaban siquiera con licenciatura hasta quienes ostentaban el grado de doctor. La primera convocatoria del “nuevo” servicio de carrera (que además se hizo, por instrucciones de los órganos de gobierno de la Cámara, considerando la paridad de género) se lanza precisamente para homologar hacia arriba el nivel de los funcionarios, es decir, para que todas las personas en plazas de investigador parlamentario cumplan con el perfil óptimo para dicha posición.

Pero ¿por qué es importante el apoyo técnico de staff en el Poder Legislativo? Básicamente porque las y los diputados son líderes políticos, se espera que conozcan muy bien la problemática y necesidades de sus respectivas comunidades –tema que abordaré en mi siguiente entrega–, por lo tanto, para allegarse de información oportuna, precisa y objetiva para la toma de decisiones, requieren del apoyo de un staff técnico especializado y multidisciplinario. Para el caso de la Cámara de Diputados, dicho staff se ubica en: (1) cuerpos de asesores de los grupos parlamentarios, (2) asesores de cada diputado o diputada, (3) secretarios técnicos y asesores de Comisiones y (4) los centros de estudios arriba mencionados.  Desde luego, hay líderes políticos que tienen amplias capacidades técnicas, pero no es lo que prevalece en ningún parlamento en el mundo.

De igual forma funcionan prácticamente todos los congresos y parlamentos en el mundo.  El Congreso Norteamericano, por ejemplo, cuenta con el Congressional Budget Office (CBO- Oficina de Presupuesto del Congreso, similar a nuestro Centro de Estudios de las Finanzas Públicas) y el Congressional Research Service (CRS- Servicio de Investigación del Congreso, similar al conjunto de los otros cuatro centros de estudios de San Lázaro), entre otros organismos de apoyo a la labor parlamentaria norteamericana, como lo son los amplios staffs de comisiones legislativas, que allá se llaman “comités”.

Hoy en día, la Cámara de Diputados cuenta ya con 94 miembros del servicio de carrera, 67 de ellos adscritos en los 5 centros de estudio (frente a 850 funcionarios del CBO y CRS del Congreso Norteamericano), así como con la UCFP y el Consejo Directivo del SC, que forman parte de la estructura orgánica responsable de dar seguimiento, capacitación y evaluación a los miembros del SC.

¿Qué sigue? Continuar con el concurso de secretarios técnicos de comisiones legislativas, a fin de fortalecer dichas instancias responsables del trabajo parlamentario sustantivo y crecer la estructura de funcionarios del SC tanto en los centros de estudio como en las comisiones. ¿Por qué es necesario crecer dicha estructura? Porque el Congreso requiere de legisladores con amplia capacidad técnica (dada por la capacidad de su staff) no sólo para legislar, sino también para ejercer de manera eficiente y efectiva la facultad de “control del ejecutivo”.

El camino aún es largo, pero se han sentado sólidas bases para brindar información oportuna, imparcial y técnicamente impecable que apoye la toma de decisiones de las y los diputados. Un Congreso con mejores capacidades técnicas eleva el nivel del debate político, lo cual sólo puede ser en beneficio de nuestra nación.

* Secretaria General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.