México ha avanzado en paridad. Las cifras lo confirman: más mujeres ocupan cargos públicos, más mujeres legislan, más mujeres gobiernan. Pero la estadística no siempre cuenta la historia completa. Porque una cosa es llegar al espacio público… y otra muy distinta es ejercerlo con libertad y respeto.
Ser mujer en la política mexicana todavía implica enfrentar una batalla adicional que no aparece en ninguna reforma ni en ningún presupuesto: la violencia simbólica, digital y estructural.
A un hombre se le cuestiona su propuesta; a una mujer, su carácter.
A un hombre se le critica su estrategia; a una mujer, su tono de voz.
A un hombre se le confronta políticamente; a una mujer se le sexualiza, se le calumnia o se le intenta ridiculizar.
Lo he visto, lo he vivido, y lo he observado en muchas mujeres valiosas que decidieron participar en la vida pública con convicción y preparación. La descalificación cambia de forma, pero no de intención.
La violencia política de género no siempre se manifiesta en amenazas abiertas. A veces se esconde en comentarios “disfrazados de opinión”, en insinuaciones sobre la vida personal, en la constante duda sobre la capacidad intelectual. Es el desgaste sistemático que busca intimidar, minimizar o desacreditar.
Y lo más preocupante es que muchas veces se normaliza como parte del “juego político”.
La política no debería ser territorio exclusivo de los hombres ni espacio de resistencia obligada para las mujeres, no debería requerir una piel más gruesa, ni una preparación el doble de exigente para recibir la mitad del reconocimiento. Sin embargo, muchas mujeres saben que además de debatir ideas, deberán soportar ataques que nada tienen que ver con su trabajo.
Las redes sociales han amplificado este fenómeno, la crítica legítima se diluye entre campañas de desprestigio y comentarios que buscan deshumanizar. No se confronta el argumento, se ataca a la persona, no se analiza la propuesta, se desacredita a la mujer. Y aun así, seguimos…
Porque la participación política de las mujeres no es concesión, es derecho, no es cuota simbólica, es representación legítima. No llegamos por invitación; llegamos por preparación, por trabajo, por convicción.
La igualdad no se agota en ocupar un cargo, la igualdad implica respeto, implica que el debate sea sobre propuestas y no sobre estereotipos, implica que disentir no se convierta en excusa para violentar.
Una democracia madura no solo presume paridad; garantiza condiciones dignas para ejercerla. Mientras una mujer tenga que demostrar el doble para que se le reconozca la mitad, la igualdad seguirá siendo incompleta.
No queremos privilegios.
Queremos piso parejo.
Y sobre todo, queremos algo que debería ser elemental en cualquier sociedad democrática: que participar en la vida pública no sea un acto de valentía… sino un derecho ejercido con dignidad.