Desde hace varias semanas, tal y como lo relaté en mi publicación anterior, la Entidad padece una “crisis constitucional” que no tiene precedentes, por un lado, tenemos un enfrentamiento entre el Gobierno Federal con el Gobierno del Estado, y por el otro, el de la Cámara de Diputados con el Congreso Estatal.

A lo anterior, hay que sumarle la inclusión del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que planteó la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Tamaulipas, lo que implica hacer la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional, y por si esto fuera poco, la Unidad de Inteligencia Financiera que no quita el dedo del renglón en las denuncias en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Para fortuna de algunos y desgracia de otros, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, se pronunció y emitió un Acuerdo en el que resolvió lo siguiente: “Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas”.

Pero ahora, ¿qué sigue? ¿qué efectos tiene esta resolución?

El ministro validó que, el Congreso de Tamaulipas, en ejercicio de sus atribuciones, tal y como lo prevé el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, decidiera “no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, es decir, legitimó que el Poder Legislativo local no le quitará el fuero al gobernador del Estado.

Sin embargo, aquí no termina la situación, podemos decir que el caso del desafuero llegó a su fin, pero no las investigaciones por los presuntos delitos que motivaron todo este procedimiento que inició en la Cámara de Diputados y que concluyó con la resolución de la Corte.

Esto es así, pues el ministro de la Corte señaló que esta determinación no prejuzga sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el gobernador concluya en su cargo.

Esto es de gran relevancia, y no podemos decir que existe una victoria de una de las partes o la derrota de la contraparte. Recordemos que esta administración estatal concluye en 2022, y la del gobierno federal en 2024, por lo que una vez que concluya el cargo el actual titular del Poder Ejecutivo del Estado ya no tendrá fuero y ello le daría un margen de acción más amplio a las autoridades que presentaron la solicitud para el inicio del procedimiento de desafuero, sin embargo, lo único que pudiera evitarlo es una negociación en pleno proceso electoral, al tiempo.

Sin duda, todo este proceso dejó, lamentablemente, una relación política muy lastimada entre el Gobierno Federal con el Gobierno del Estado, así como el de la Cámara de Diputados con el Congreso Estatal, y los principales afectados serán las personas que habitan en Tamaulipas.

Y es que en los próximos meses se presentará el Presupuesto de Egresos de la Federación el cual sin duda tendrá una disminución importante en lo que le corresponde a la Entidad, repercutiendo en las áreas de salud, desarrollo social, seguridad pública, etc., desafortunadamente el centralismo político sigue vigente y las decisiones que se tomen en la capital del país no se vislumbran buenas para Tamaulipas.

Y ahora sí, a diferencia del desafuero, que muchos lo analizamos como un tema de índole personal,  en donde el enfrentamiento era directamente con el Gobernador del Estado, con las disminuciones al Presupuesto para la Entidad, ya no será así, pues el desafío será con cada uno de los habitantes de Tamaulipas.

En conclusión, no olvidemos que el próximo 6 de junio tenemos la gran oportunidad de elegir a nuestros próximos representantes, hagámoslo bien para evitar estas crisis constitucionales, pues ellos se van, pero nosotros y nuestras familias continuamos.