La posesión de terrenos en la zona de la playa de Soto La Martina o en cualquier otro punto geográfico, son concesiones que el gobierno federal otorga a quienes se comprometen en un plazo perentorio a darles aprovechamiento turístico y contribuir a la limpieza y mejoramiento ambiental, sino se cumplen estos aspectos la posesión es derogada, es el caso de 42 hectáreas en La Pesca, Soto La Marina.

Durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca se promovió esta clase de concesiones. Incluso lo manejaron periodísticamente como “venta” de superficies en la playa de La Pesca, lo cual no era, ni es posible. Al respecto la Ley General de Bienes Nacionales, establece que las playas son “bienes nacionales de uso común”, lo que indica que cualquier mexicano puede usarlas sin restricción y no pueden ser vendidas.

En pocas palabras, las playas son de todos para su disfrute y de nadie como propiedad privada.

El tema lo traemos a colación porque el caso de revocación definitiva de la “expropiación de 42 hectáreas en La Pesca, Soto La Marina”, lo entrecomillamos porque, si efectivamente, fue “expropiación”, entonces estamos frente a un delito, pero cuando se trata de una concesión, al no haber cumplimiento de lo pactado, tenemos un caso, donde están aplicando la ley al no ser utilizadas para impulsar un desarrollo turístico, y hay incumplimiento.

Una nota periodística cita que las 42 hectáreas regresarán a sus “propietarios” anteriores, en realidad debe referirse a los poseedores anteriores de la concesión.  La información precisa, que el juez Primero de Distrito, falló a favor de quienes figuraron como los propietarios en 2023.

Ojalá hubiera propiedad privada en esa zona, y no concesiones, porque entonces las empresas hoteleras y restaurantes, no dudarían en invertir. Por eso ha sido tan lento el desarrollo turístico en Miramar. Desgraciadamente, el caso del poseedor de las 42 hectáreas, vienen a confirmar que es mal negocio apostarle a una concesión de inseguro futuro.

En el sexenio de García Cabeza de Vaca, el Estado actuó como intermediario entre el gobierno federal y los empresarios del ramo turístico, los que finalmente no se animaron a realizar grandes inversiones ante la falta de seguridad en la posesión de superficies, aunque las concesiones fueran a 100 años, es sembrar en tierra ajena; esa es la enorme piedra que obstaculiza, que fructifique el desarrollo turístico, pese a la belleza de las playas en la zona sur.