México cuenta con poco más de 2,400 municipios, los cambios al 115 constitucional de 1982 dejaron claro que municipio es un orden de gobierno, no olvidemos, que somos un País federal con tres órdenes de gobierno, donde el municipio es el piso básico, donde las autoridades están más cercanas a los ciudadanos e incluso viven en el mismo, además de que es el único orden de gobierno con territorio.

Veamos los contrastes, la mayor parte de los municipios en nuestro País son de marginalidad alta o muy alta marginalidad y están concentrados en el sur del País, particularmente en la zona fiscal 7, con Oaxaca, Puebla, Chiapas y Veracruz. Si sumamos Guerrero y Michoacán rebasamos la mitad de este orden de gobierno, sin contar con las propias subdivisiones municipales –no constitucionales-, llámense agencias municipales o municipios auxiliares.

Un poco más de 410 municipios metropolitanos concentran tres quintas partes de la población del país, hay poco más de 600 municipios indígenas, 395 tienen alto y muy alto rezago social, de acuerdo al último censo. 1,658 cuentan con menos de 25 mil habitantes, de las cuales el 32 % de ellas se encuentran en los estados más pobres del país. Solo existen 50 municipios con población superior a los 500 mil habitantes y el 80 % de la producción agrícola se concentra principalmente en 486 municipios.

Estas diferencias, propias de un País caracterizado por una estructura nacional de la desigualdad, hacen que el fortalecimiento de sus haciendas públicas sea compleja: la mayoría de los municipios dependen mayormente de las transferencias de recursos federales, principalmente las participaciones derivadas del Pacto Fiscal que aprobó desde 1980 la distribución de competencias recaudatorias, dejando en el nivel central de gobierno, las más relevantes, renunciando las entidades federativas a la doble o múltiple tributación en materia fiscal, integrándose al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980. Cuando las entidades se adhirieron al mismo, dejaron en suspenso o eliminaron de sus leyes locales, impuestos concurrentes y recibirían como hasta la fecha, participaciones de la recaudación federal, a través de fórmulas acordadas generalmente con los propios estados, en el SNCF.

Por supuesto las entidades pueden salirse del mismo, y crear su propio sistema impositivo y recaudatorio, renunciando a las participaciones, pero primero tendrían que ponerse de acuerdo con los principales contribuyentes de la entidad y resolver problemas que se generarían como el de la doble tributación y del domicilio fiscal de las grandes empresas. Sería difícil para aquellas que tienen establecimientos en varias entidades.

Hoy los órdenes estatales y el municipal enfrentan varios desafíos: primero la mayoría tienen niveles recaudatorios muy pobres, unos por irresponsabilidad fiscal otros por pobrísimos niveles de desarrollo.

En este desafío los tres órdenes de gobierno tienen que hacer un esfuerzo adicional, el federal es el más avanzado, el esfuerzo recaudatorio del SAT ha sido efectivo, pero en la mayoría de los estados y municipios no sucede lo mismo.

No se trata de incrementar tasas o cobrar más impuestos, simplemente de administrar o cobrar con responsabilidad fiscal, los que ya existen. El mejor ejemplo de apatía recaudatoria, es el orden municipal con el impuesto predial y en el estatal el impuesto sobre nóminas, tenencia y la colaboración administrativa.  No solo por la estructura de la desigualdad, también por ese desinterés, o “padrotismo fiscal”, apelando a un falso costo político y eso también ha generado que seamos un país federal centralizado.

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