Hoy se entregarán a la Cámara de Diputados los resultados obtenidos hasta este momento en la revisión anual de la Cuenta Pública 2019, incluyendo 487 informes individuales de auditoría. Ello considerando que legalmente se establece la anualidad de la Fiscalización Superior, que el 20 de febrero de cada año presenta sus resultados en un Informe General de la Cuenta Pública -y de lo cual reporta avances en junio y octubre, con las auditorías que durante estos períodos estén concluidas. En la consulta de los informes individuales en la página de internet de la ASF y la APP ciudadana se podrá constatar que la Fiscalización Superior constituye una fuente de certidumbre para garantizar el buen uso de los recursos públicos y fortalecer la democracia.
Es claro, más en tiempos como los que vivimos, que la labor auditora de la ASF necesita de un marco normativo que se ajuste a la realidad social y económica del País, fundamentalmente a las necesidades ciudadanas y que se ajuste con los avances tecnológicos de la auditoria digital y las auditorías concurrentes o en tiempo.
La normativa vigente sólo autoriza las auditorías al ejercicio presupuestal concluido, esto es como hacer autopsias, cuando el paciente está muerto, se investiga de que murió, se determinan los presuntos culpables y únicamente se permiten “auditorías en tiempo real”, que no lo son, pues ya se dio el ilícito o el abuso previa denuncia formal, al ejercicio en curso.
Por ello, es preciso modificar nuestro marco constitucional, a efecto de autorizar la práctica de auditorías en tiempo real o concurrente, con lo que coinciden un abrumador número de legisladores que así apoyan al órgano responsable de la fiscalización superior a tener mejores resultados, priorizar el enfoque preventivo y evitar que pasen años para que se puedan conocer y castigar los mismos.
Los informes individuales que hoy presentamos y que corresponden al ejercicio 2019 entrarán en un proceso de notificación para que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes, y posteriormente se realice su seguimiento para determinar si las observaciones se solventan o no, y en caso de determinarse alguna responsabilidad, dar paso a la labor jurídica de la ASF.
Al respecto, en la ASF hemos llevado a cabo diversas acciones legales con resultados positivos, por ejemplo, en cuanto a los finamientos de responsabilidad resarcitoria se han iniciado más de 4,900 procedimientos que involucran alrededor de 14,000 presuntos responsables. A la fecha, se tienen resoluciones firmes definitivas, es decir, que ya no admiten impugnación jurídica alguna, respecto a más de 1,300 responsables, adicionalmente, se cuenta con un número importante de asuntos en los que la ASF ya emitió resolución determinando responsabilidad resarcitoria se encuentran en distintas etapas de impugnación, de los cuales se han obtenido resoluciones favorables a la institución en los órganos jurisdiccionales. Tan solo en este año se han ganado en esas instancias, asuntos por un monto de alrededor de 5,000 millones de pesos.
Del 15 de marzo de 2018 a la fecha, hemos presentado 117 denuncias penales correspondientes a las Cuentas Públicas 2014 a 2018. Es importante destacar el hecho de que a la ASF se le ha reconocido el papel de parte ofendida en los procesos judicializados.
Al respecto, la coordinación con la Fiscalía General de la República y su Fiscalía Anticorrupción, se ha fortalecido en todos los sentidos, lo que se ha traducido en avances importantes respecto a la resolución de los casos que tramita la ASF, multiplicando los resultados positivos en la concreción de los asuntos denunciados.
Esto es parte de lo que hoy se informara ante la Comisión de Vigilancia.
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