La batalla frontal contra la corrupción y la impunidad es uno de los principales objetivos y mandatos democráticos del movimiento social encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien reconoce que este mal destruyó la confianza de la sociedad en las instituciones en México.

Bajo esta tesitura, la investigación por actos de corrupción en contra de Emilio Lozoya Austin se convierte en una de las acciones en las que se materializa el compromiso moral que el actual gobierno tiene para resarcir los daños que la corrupción ha generado durante décadas, y que en el pasado dinamitaron, sin freno alguno, el desarrollo económico y social de México.

Emilio Lozoya fungió como director de Pemex de 2012 a 2016, año, este último, en que fue destituido por el entonces presidente de México, tras haberse visto involucrado en el escándalo por los sobornos que la empresa Odebrecht afirmó haber entregado, presumiblemente, a funcionarios del gobierno mexicano. En ese entonces, y a pesar de que Lozoya también estuvo implicado en otros presuntos actos de corrupción, su destitución fue un castigo considerado como insuficiente, y la impunidad se volvió a imponer una vez más.

Cuando inició el gobierno del presidente López Obrador, muchas personas pensaron que nada pasaría, que la corrupción seguiría siendo protegida por el velo de la impunidad, y que quienes abusaron de sus cargos en el pasado no enfrentarían a la justicia. Hoy, el caso de Emilio Lozoya es un recordatorio de la convicción verdadera de este nuevo régimen para acabar con la corrupción, sin miramientos y con total transparencia: que todo se sepa.

Ya lo ha dicho el jefe del Estado mexicano: “nos interesa la verdad”, y por eso la justicia no puede ser discrecional o dirigida, ni tampoco contenida. Actualmente, la impunidad no será el muro que impida castigar a quienes abusaron de posiciones públicas. Toda persona que resulte señalada tendrá que ser investigada sin excepción y, al mismo tiempo, se tiene que respetar el derecho de la sociedad a ser informada sobre los resultados de esas pesquisas.

Es necesario esperar los resultados de la investigación, pero con lo que se sabe hasta el momento es muy probable que el caso de Emilio Lozoya sea un terremoto que levantará muchas de las ruinas del pasado para iniciar el camino de la reconstrucción. Es muy factible también que se demuestre quiénes fueron los actores que impulsaron la reforma energética promovida por lo que se conoció como “Pacto por México”, una serie de reformas que en gran medida favorecieron a intereses particulares y alrededor de las cuales existieron señalamientos y sospechas que se pueden convertir, muy pronto, en hechos probados.

Finalmente, y tal vez más importante, se debe tener claro que el caso de Emilio Lozoya Austin, así como otras investigaciones por actos de corrupción están sentando un precedente de la mayor relevancia: la corrupción no será tolerada y la impunidad no tendrá lugar. Ahora, las y los funcionarios públicos, así como quienes forman parte del sector privado saben que la justicia funciona y que la corrupción tiene consecuencias. Así, las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación no solamente están levantando los escombros del pasado, sino que están trazando la ruta del futuro.

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