Los principios de la política social son: universalidad (los beneficios de la política social son más que servicio o mercancía, son derechos y se garantizan a todos los ciudadanos por igual), solidaridad (garantía de acceso de la población pobre a estos derechos que expresa el objetivo de crear sociedades incluyentes) algo que no sucede en México, sociedad de alto nivel de desigualdad; eficiencia (asegurar el uso óptimo de los recursos disponibles para programas de bienestar social) integralidad (existen muchas dimensiones de pobreza y desigualdad, y deben ser abordadas simultáneamente)
México ofrece un Sistema de protección social de “media tabla”: Cobertura de pensión contributiva (mayores de 65 años) 28%; asalariado afiliado al sistema de pensión 58%; Asalariado afiliado a sistema de salud 75%. En países de categoría integral (Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina y Brasil), los porcentajes son 81%, 77% y 90%. En Gasto en protección social y en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, México destina 3.7 y 2; en el sistema integral se destina 10 y 5, por ello la diferencia es enorme en la cobertura en pensiones y en salud; en acceso, oportunidad y capacidad resolutiva. En México, país con sistema de seguridad social intermedio, 46% de trabajador no asalariado tiene acceso a los sistemas de salud en contraste con 80% de países con sistema integral.
Entre las estrategias implementadas para sumar al trabajador independiente a la seguridad social, en 2001 Uruguay montó un régimen de mono tributo y mejoró la cobertura del trabajador por cuenta propia al unificar impuesto y contribución a la seguridad social en un sólo pago, que permite que el trabajador se beneficie y acceda a prestaciones de seguridad social igual que el asalariado (principio de solidaridad) Argentina, con subsidio de contribución a la seguridad social para el trabajador por cuenta propia y para microempresas, y Brasil, con el programa SIMPLES, tributación simplificada para micro y pequeña empresa, reducen costos de seguridad social.
La incidencia de la pobreza disminuyó en América Latina entre 2003-13. A principios del 2000, 43% de la población de la región vivía en la pobreza, en 2013, la tasa se redujo a 28%, por combinación de crecimiento económico acelerado y redistribución del ingreso. El crecimiento económico fue favorable para los pobres, sus ingresos aumentaron más rápido que los ingresos de quienes tenían salarios altos. Este crecimiento se tradujo en aumento del empleo formal. El mayor gasto social tuvo notable efecto y redujo la pobreza y la desigualdad.
En México existe alto nivel de informalidad en el mercado de trabajo, exiguo nivel de contribución obligatoria a la seguridad social, protección social contributiva de limitada cobertura y política fiscal con bajo impacto redistributivo, por lo que los retos de la protección y la política social crecen sin control. Se debe avanzar hacia prestaciones universales, a la ampliación de los mecanismos de protección social no contributivos, hacia empleo formal y desarrollo de mecanismos que aumenten las prestaciones y contribuciones de la seguridad social. Los programas de asistencia social en que se ha centrado el Estado no son suficientes, es tirar dinero público para adoración, no para crecimiento social, una nueva corrupción.