Los principios de la política social son: universalidad (visión de que los beneficios de la política social son más que servicio o mercancía, son derechos y por tanto se garantizan a todos los ciudadanos por igual) solidaridad (algo que es evidente no sucede en las sociedades que presentan altos niveles de desigualdad, la garantía de acceso de la población pobre a estos derechos debería basarse en el principio de solidaridad que expresa el objetivo básico de crear sociedades incluyentes) eficiencia (debe asegurarse la utilización óptima de los recursos disponibles para los programas de bienestar social) integralidad (existen muchas dimensiones de la pobreza y la desigualdad y estas deben abordarse simultáneamente)

En América Latina, México ofrece un Sistema de protección social intermedio, que en lenguaje de futbol corresponde “llegar casi a la “media tabla”. Cobertura de las pensiones contributivas (mayores de 65 años) 28%; Asalariados afiliados a sistemas de pensiones 58%; Asalariados afiliados a sistemas de salud 75%. En países de sistema de categoría integral (Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina y Brasil), los porcentajes son 81%, 77% y 90%. En Gasto en protección social y en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, México destina 3.7 y 2.1; en el sistema integral se destina 9.9 y 5.11. Enorme diferencia, por ello la diferencia es enorme en la cobertura en pensiones y en salud.

El porcentaje de trabajador no asalariado con acceso a atención de salud en la última década se duplicó, gracias al Seguro Popular, el sistema de pensiones sólo se incrementó tres puntos porcentuales. Entre las estrategias implementadas para sumar al trabajador independiente a la seguridad social, Uruguay en 2001 puso en marcha un régimen de mono tributo para mejorar la cobertura del trabajador por cuenta propia con un proceso simplificado, unificaron impuestos y contribuciones a la seguridad social en un sólo pago, que permite que el trabajador se beneficie y acceda a las mismas prestaciones de la seguridad social que el asalariado (principio de solidaridad) Argentina, con subsidio de la contribución a la seguridad social para el trabajador por cuenta propia y para las microempresas, y Brasil, con el programa SIMPLES de tributación simplificada para micro y pequeña empresa, reducen los costos de seguridad social. En México, la pensión no contributiva no existe. Hay subsidio focalizado, sujeto a verificación de la condición de pobreza, que cubre menos del 30% de la población.

Las acciones emprendidas para ampliar la protección social van de la mano de mayor gasto social. Entre 1990 y 2013, este aumentó 5 puntos porcentuales del PIB en América Latina. El 70% de este incremento impulsado principalmente por la salud y la seguridad social (seguros y asistencia), se produjo entre 2002 y 2013. En México, país con sistema de seguridad social intermedio, el 46% de trabajador no asalariado tiene acceso a los sistemas de salud en contraste con el 80% de países con sistema integral.

La incidencia de la pobreza ha disminuido drásticamente en América Latina entre 2003 y 2013. A principios de la década de 2000, 43% de la población de la región vivía en la pobreza (CEPAL) En 2013, la tasa se redujo a 28%. Se basó en una combinación de crecimiento económico acelerado y redistribución del ingreso. El crecimiento económico fue especialmente favorable para los pobres, sus ingresos aumentaron más rápido que los ingresos de aquellos que tenían salarios altos. Este crecimiento se tradujo en un aumento del empleo formal. En cuanto a la redistribución, el mayor gasto social tuvo notables efectos, y redujo la pobreza y la desigualdad.

En México existe alto nivel de informalidad en el mercado de trabajo, exiguo nivel de contribución obligatoria a la seguridad social, protección social contributiva de limitada cobertura y política fiscal con bajo impacto redistributivo, por lo que los retos de la protección y la política social crecen. Se debe avanzar hacia prestaciones universales, a la ampliación de los mecanismos de protección social no contributivos, hacia el empleo formal y al desarrollo de mecanismos flexibles que aumenten las prestaciones y contribuciones de la seguridad social. Los programas de asistencia social focalizados en que se ha centrado la atención del Estado en las últimas décadas, no son suficiente. Lo que suficiente es, es el estatus de corrupción e impunidad del Estado mexicano, causa raíz de los males nacionales.