La semana pasada llevamos a la mesa de análisis en Info7 (en la que participó junto a Diana Romero y Meme Sámano), una iniciativa de la diputada Lucero Deosdady Martínez López, de Morena, que propone reformar el Código Municipal de Tamaulipas. La idea: Que ningún ciudadano pueda instalar paneles solares en su casa sin antes tramitar un permiso municipal y entregar una memoria de cálculo estructural y de anclaje, firmada por un perito. La justificación suena impecable: Vientos huracanados, el “efecto vela”, losas que podrían ceder. La leímos completa, renglón por renglón. Y entre más la analizamos, menos nos convenció.

Empecemos por el miedo que se vende mejor: El peso. Un panel residencial moderno pesa entre 21 y 27 kilos. Con todo y su estructura de montaje, una instalación completa añade alrededor de 15 kilos por metro cuadrado. ¿Es mucho? La losa de azotea de cualquier casa decente está diseñada para soportar unos 100 kilos por metro cuadrado de carga viva, y eso antes de los factores de seguridad que el cálculo ya trae encima. Quince contra cien. Es como pararse una persona en cada seis metros de techo. Hablar de “colapso de losas” por el peso de los paneles no es ingeniería: Es alarmismo.

El riesgo de verdad no es el peso, es el viento. Y ahí la diputada tiene un punto: En una región de ráfagas de 140 ó 180 kilómetros por hora, un panel mal anclado se convierte en proyectil. Pero ese riesgo ya está regulado. El Manual de Diseño por Viento de la CFE, que la propia iniciativa cita, ya fija las cargas de diseño. Y el Reglamento de Construcciones de Tamaulipas ya responsabiliza al municipio de la seguridad estructural de cualquier instalación, y ya exige permiso para modificarla. El estándar existe. Lo que falta no es una ley nueva: Es que alguien la haga cumplir.

Aquí viene el detalle incómodo. Por cada obra, el ciudadano ya paga licencia de construcción, derechos por remodelación, peritajes oficiales, registro de uso de suelo y, año con año, predial. El aparato de seguridad estructural del municipio ya lo financiamos nosotros. Lo que esta reforma agrega encima es un permiso más y un perito obligatorio por cada instalación. Eso no es una capa de seguridad. Es una ventanilla nueva.

Y lo más curioso: La iniciativa se cuelga de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la energía “asequible”. Pero encarecer cada instalación con honorarios de perito y semanas de trámite no vuelve la energía limpia más asequible; la vuelve más cara y más lenta, justo para las familias que decía proteger. No se le pone peaje a lo que dices querer impulsar.

Que quede claro: Nadie aquí defiende las instalaciones chambonas. Si hay quien atornilla paneles a lo loco, la solución es regular al instalador, certificarlo, exigirle la norma. No hacer pasar a cada familia por una caja nueva. Porque cuando el remedio cobra y el problema sigue, vale la pena preguntarse para qué era el remedio.

Nadie está en contra de que los paneles estén bien anclados. Estamos en contra de que “seguridad” se vuelva, otra vez, el nombre elegante de un cobro nuevo por algo que la ley ya regula y que el ciudadano ya paga.