Se volvió a ganar al gobierno de Tamaulipas el afán recaudatorio de dinero antes que el bienestar de la gente, pues autorizó la venta de bebidas alcohólicas durante la feria estatal, del 19 de octubre al 4 de noviembre, lo que hará disparar los problemas sociales.

Además, ordenó un gasto millonario en la reconfiguración del Recinto Ferial en lugar de destinar ese dinero a cubrir necesidades apremiantes, como techumbres escolares, aparatos enfriadores de aire en aulas, pupitres o a renta de pipas para el reparto gratuito de agua en las colonias proletarias.

Con la vuelta de las cantinas en la Feria se dispararán los borrachazos, riñas de ebrios, accidentes, violencia intra-familiar, ingresos a la cárcel, pero también aumentará el dinero a las arcas públicas.

También es un escándalo la confirmación de que el PAN-gobierno cobrará dinero a los propietarios de vehículos auto-motores con el pretexto de la renovación de placas metálicas, pues anteriormente hizo campañas para derogar ese tributo.

Ya no digamos el impuesto sobre tenencia de vehículos, que fue una bandera electorera en 2016 pues el PAN y sus candidatos prometieron derogarlo pero han transcurrido dos años de sus vientos del cambio que no han cambiado nada.

En lugar de aligerar la carga fiscal de los tamaulipecos, el gobierno estatal, panista, aumentó en una proporción del 50 por ciento, el impuesto sobre nóminas, con el pretexto de obtener más recursos para combatir a la delincuencia.

Simultáneamente emprendió un adelgazamiento de la nómina gubernamental, echando a la calle a cientos de burócratas sin el pago de indemnizaciones, lo que dio lugar a una lluvia de demandas laborales, ganadas por los afectados, pero sin ser resueltas pues el abogado general, Abelardo Perales Meléndez, se declaró insolvente.

El obsesivo apetito de ingresos llevó al gobierno azul a investigar la situación jurídica del territorio tamaulipeco, dizque para descubrir terrenos o edificios propiedad del gobierno, abandonados o sin escriturar, para actuar en consecuencia.

Están cometiendo además, otro tipo de situaciones irregulares que pueden rayar en la ilegalidad. Como por ejemplo las aduanitas que mantiene funcionando el Sub-secretario de ingresos Arturo Soto Alemán en la Y de la carretera Victoria-San Fernando.

No tienen atribuciones jurisdiccionales para hacer funciones de autoridad fiscal, con mucho que mienten el convenio de coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los Estados.

No puede el gobierno del Estado incautar vehículos extranjeros sin documentos de internación temporal, llamados también chocolate, chuecos, sin regularizar.

Los vehículos incautados por el gobierno del Estado por haber sido ingresados al país de contrabando, no pueden ser declarados propiedad suya ni usarlos, como lo anuncian, como patrullas, pues estarían cometiendo un delito, federal.

Estos vehículos chocolate, chuecos, de contrabando, pueden ser reclamados en cualquier momento por sus propietarios, bien porque demuestren que tienen en regla sus papeles de regularización o de internación, o porque hayan decidido pagar las multas y recargos que la ley disponga, para recuperarlos.

Esto lo sabe Arturo Soto Alemán porque trabajó en Hacienda, pero no les importa contravenir la norma, seguramente porque se sienten intocables o no han asimilado que un nuevo gobierno federal manejará a este país a partir de diciembre y que es intolerante a la corrupción y a la impunidad.

El gobierno federal saliente acaba de recibir otra recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque comprobó que elementos de la Secretaría de Marina incurrieron en detención arbitraria, retención ilegal y torturas, contra personas de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

(No incluimos el Caso Tamaulipas, porque ya es muy conocido y todavía se investiga, en Nuevo Laredo, con observadores de la ONU para que el gobierno no le haga al tío Lolo).

La recomendación de la CNDH incluye a la PGR, pues 17 agentes del Ministerio Público dilataron u omitieron iniciar investigaciones contra los marinos, atendiendo instrucciones superiores, que solo pueden provenir de Los Pinos.

Los quejosos son 13 varones y 4 mujeres, contra los que se cometieron estos excesos: amarre de pies y manos, golpes, vendado de ojos, agresiones sicológicas, descargas eléctricas, intento de asfixia, tablazos en los glúteos, espalda, piernas, espinillas y plantas de los pies. También violencia sexual.

Por cierto, senadores de MORENA, PAN, MC y PT firmaron ayer una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior, aprobada por la anterior Legislatura (Paloma se deshizo en elogios), porque vulnera derechos básicos.

Esta ley autorizaba aprehensiones sin orden de juez, espionaje telefónico, pero provocó impugnaciones nacionales e internacionales, que obligaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mantenerla en reserva, seguramente hasta que se enfriaran los ánimos, pero ahora tendrán que acatar el nuevo decreto que la anulará.

En otros temas, la diputada local del PAN y lideresa del sindicato de trabajadores del IMSS en Tamaulipas, Beda Leticia Gerardo Hernández, hizo ayer en Apodaca, Nuevo León, la elección de la nueva directiva de la Sección X y declaró ganador a su marido Pedro Luis Ramírez Perales.

La asamblea estuvo a punto de terminar a golpes pues una mayoría de delegados denunció que Beda Leticia cometió un fraude electoral pues otro candidato, Arturo Gómez, reunió más votos que su esposo.

Un notario público dio fe de los hechos y los quejosos anunciaron denuncias ante las autoridades que corresponda, para echar abajo esta asamblea realizada en territorio distante de Tamaulipas, como parte de otra maniobra para desalentar a sus adversarios.

Retomamos el tema de la visita de Enrique Peña Nieto a Reynosa, el jueves, sólo para añadir que mientras él le echaba la culpa a Estados Unidos por la violencia que asuela a México, más de 300 migrantes indocumentados venían a Tamaulipas para ser internados subrepticiamente al vecino país.

Los transportaban en tres camiones y fueron descubiertos en la frontera de Nuevo León con Tamaulipas, donde los polleros tienen sobornados a agentes del Instituto Nacional de Migración, para que se hagan de la vista gorda.

Uno de los extranjeros murió y otra, mujer embarazada, dio a luz. Es la corrupción gubernamental la que ha permitido que este problema permanezca sin resolverse. El miércoles, en Río Bravo, hubo la quema de dos vehículos particulares, además de la patrulla militar.

Retomamos temas políticos para comentar que el presidente municipal de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante, aclaró a periodistas que su prioridad es entregar cuentas claras, antes que pensar en candidaturas.

Los representantes del Cuarto Poder quisieron saber si estaba listo para ser candidato a diputado local, pero él los atajó con la argumentación de que se trata de un asunto distante y que lo suyo es, ahora, concluir la entrega-recepción en los mejores términos.

Cumplen años el abogado Rafael Díez Piñeyro, Iram Guadalupe Díaz, el ingeniero Esteban Sánchez y Ambrosio Ramírez Picaso.
En Nuevo Laredo, el colega Marcos Pérez permanece hospitalizado, en condición crítica, de salud y de dinero. Los compañeros están apoyándolo.

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