La operación minera se compone por minas en operación (1,558), plantas metalúrgicas (19) y proyectos en exploración (1,156), actividades que producen 52 tipos de minerales.

A nivel nacional destaca la producción de 10 minerales (oro, plata, plomo, cobre, zinc, fierro, coque, azufre, barita y fluorita) Tamaulipas ocupa el cuarto lugar nacional en azufre con 77, 978 mil toneladas. Los principales estados de producción son, Sonora: Mina Cananea, la más grande del país de cobre y de las más importantes en el mundo. La caridad: La mina más grande de México: cobre (120 mil toneladas), molibdeno (19,500 toneladas), oro y plata.

Zacatecas: San Julián: oro, plata, zinc y cobre. Concepción del Oro: plata, plomo, zinc, hierro y oro. Saín Alto: mercurio y estaño. Villa de Cos: manganeso, mercurio, antimonio, fluor, ónix y mármol.

San Luis Potosí: 14 regiones. Las principales: San Luis Potosí: oro, plata, cobre, zinc, plomo y estaño. Sierra de Catorce: oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, antimonio y mercurio. Charcas: oro, plata, cobre y zinc. Guanajuato: Valenciana: plata. Chihuahua: Juárez: oro, plata, plomo, zinc y cobre. Casas Grandes: oro, plata, plomo, zinc, cobre, molibdeno, manganeso. Ojinaga: plata, plomo, zinc, cobre.

La minería es una de las industrias que mayor impacto ambiental produce pues el  procesamiento produce múltiples factores de riesgo de contaminación al ambiente. Afecta agua, suelo, disminución de la biodiversidad, malas condiciones de salud para los trabajadores. Desecho de químicos usados en la separación de metales,  se vierten a ríos, lagos o lagunas, afectando la biodiversidad.

Del total de mineras que operan 70% son extranjeras, de éstas, 74% son canadiense y 15%, estadunidense. El país ha cedido millones de toneladas de recursos no renovables y la pérdida de soberanía nacional por la entrega de territorio en concesiones mineras que hacen aquí todo lo que no pueden hacer en su nación: impuestos ridículamente bajos, contaminan y envenenan las tierras donde medran, pagan salarios miserables, se burlan de las leyes laborales y a base de corrupción despojan a campesinos y a pueblos indígenas.

La gran presencia de las empresas canadienses en México se debe a la apertura y a la flexibilización de las normas de inversión extranjera con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.

En 1993 se cambió la Ley Minera que databa de 1961 y empezó la apertura del sector minero al capital extranjero, al eliminar la normatividad que exigía que se asociara con capital nacional en una proporción de 49-51%. En otros países las concesiones mineras se otorgan luego de un proceso de 8 a 10 años que exige audiencias públicas y foros con expertos  que exponen sus puntos de vista.

En México el proceso es cerrado, con competencia del gobierno federal, y se resuelve en ocho meses.

La devastación ambiental y las violaciones de canadienses están documentadas en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, Ghana, Surinam, la República Democrática del Congo, Papua Nueva Guinea, Tanzania, India, Indonesia, Zambia y Sudán.

En México, una situación de contaminación que despertó la alianza social de grupos, organizaciones y partidos políticos es la mina San Xavier, en San Luis Potosí, propiedad  canadiense, cuyos procedimientos de explotación con dinamita y uso de cianuro para destilados,  contamina los mantos freáticos del subsuelo, la depredación del medio y del paisaje natural.

Para minimizar estas protestas, pues se destruyó el cerro San pedro, que está en el escudo del estado, la empresa canadiense ofreció dotar de casa a los 400 trabajadores que participan en las tareas de mejoramiento de los caminos; se han electrificado 10 comunidades cercanas, se les ha dotado de agua potable y se ofrece consulta médica gratuita.

El mayor número de proyectos se concentra en Sonora, con 163, Chihuahua con 101, Durango y Sinaloa con 73, Zacatecas con 50, Jalisco 41, Oaxaca 32.

El gobierno federal no sanciona a las mineras extranjeras por la explotación laboral y despojo a los campesinos e indígenas que realizan, y por la contaminación grave.

Las empresas mexicanas que operan, también hacen lo mismo y además se dan el lujo de no pagar impuestos. Grupo México, Peñoles, Fresnillo y Frisco, deben  180 millones de dólares de 2015 al SAT. Frisco, de Carlos Slim, debe 189 millones de dólares.

En general, la producción minera es de  valor de 13 mil 500 millones de dólares anuales, ganancias por las cuales, extranjeros y nacionales, no pagan impuestos.

En los grandes negocios está la recuperación financiera de México, basta que paguen los impuestos correspondientes.

En toda rama productiva en el país, los grandes empresarios cuentan con un aliado, el Estado Mexicano, para operar sin responsabilidad social, legal, fiscal; se trata de ganar dinero de manera bestial, violentado todo tipo de derecho.