El magnífico periodista Azahel Jaramillo publicó en 1992 un libro de entrevistas con personajes de la vida pública, entre ellos el Gobernador de la época, el inolvidable ingeniero Américo Villarreal Guerra.

Impacta releer los pensamientos expresados por Américo, porque bosqueja de manera sencilla, modesta, humilde, la fórmula para hacer un buen gobierno, eficiente, de resultados, como lo quiere la gente, de grandes satisfacciones, y hace surgir una pregunta espontánea: ¿Por qué les resulta tan difícil a los nuevos servidores públicos ejercer los cargos? Azahel Jaramillo inicia el texto de la entrevista con el ingeniero Villarreal Guerra, con una de las expresiones que definen su personalidad: “no se puede gobernar con el código penal en la mano”.

Américo se caracterizó por su trato amable, gentil, cordial, lo mismo con el poderoso, que con el ciudadano modesto, y sorteó los conflictos surgidos durante su sexenio, con habilidad, mano firme, conciliador, accesible, concertador.

Fue un hombre que hizo política sin ser necesariamente un político profesional, pues su conducta se rigió por saber escuchar, atender y resolver, en la medida de lo posible, los asuntos puestos en sus manos.

Nunca cayó Américo en la tentación del autoritarismo, pues tenía una paciencia a prueba de necios y privilegió invariablemente la negociación, el trato político, para zanjar las diferencias. Y qué curioso, porque Manuel Cavazos Lerma, que lo sustituyó en el gobierno, hizo una gestión sustentada muchas veces en el Código Penal, es decir, abusó del poder al intimidar y reprimir a adversarios, reales o imaginarios, mediante el ministerio público, la averiguación previa penal y hasta el encarcelamiento.

Cavazos es un hombre culto, educado, sabio (“yo soy un científico, no se qué hago en la política”, le dijo alguna vez a la editora Ninfa Deandar Martínez), pero actuaba movido por sentimientos de rencor social.

Pedro Silva Rodríguez, el profesor Víctor Manuel Márquez Gatica, el diputado Genaro de la Portilla, el judicial Arturo Pedroza Aguirre, el ex director estatal de Alcoholes, fueron privados de la libertad por revanchismos políticos de ese mandatario. (Se salvaron de correr la misma suerte el contador Mario Alberto Cruz Ayala, Mario Leal Rodríguez y otros funcionarios del sexenio americanista).

Egidio Torre Cantú tuvo así mismo, rasgos de violencia política procesal como les consta a Óscar Pérez Inguanzo y a Mario Ruiz Pachuca, aunque por diferentes motivos, es decir, no como represalia, castigo o venganza, sino simplemente para cobrar notoriedad como jefe máximo. Suena infantil, pero así ocurrió.

El tema tiene relevancia porque ayer ocurrió en Reynosa otro episodio de abuso de autoridad penal en contra del secretario técnico del gobierno municipal, pues fue presentado por agentes de la Policía Ministerial para una simple comparecencia, pero lo esposaron, como si se tratara de un peligroso delincuente.

Se trata a todas luces de una maniobra para efectos mediáticos, pues el sólo presunto delito que le imputan es de menor importancia, siendo el de falsificación de documentos, y además, en calidad de autor intelectual.

Usan a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas como instrumento de intimidación y represión, contra adversarios políticos a pesar de que ambos bandos están pintados de azul, es decir, el Ayuntamiento y el gobierno del Estado.

Y dan un pobre espectáculo porque Tamaulipas se desmorona a golpes de narco-violencia, y en lugar de emplear a los pocos agentes que tienen disponibles en el combate contra los delincuentes, los utilizan en maniobras de terrorismo político. Hugo Ramírez Treviño presentará una contra-demanda contra quien resulte responsable, en instancias judiciales y de Derechos Humanos, pues se siente agraviado por haber sido exhibido como aprehendido y esposado.

El asunto es viejo y cosa juzgada. La porción rebelde del Cabildo que capitanea el ex perredista José Alfredo Castro Olguín y que estorba a la gestión de la presidente municipal Maki Ortiz Domínguez, impugnó hace meses nombramientos de tres o cuatro funcionarios.

Por indicaciones de Ciudad Victoria, Castro Olguín y sus seguidores argüían que los nombramientos incumplían requisitos como arraigo o no ser nativos de la ciudad. Las observaciones fueron solventadas, se confirmaron unos nombramientos, se cancelaron otros, y se acabó el problema.

Y ahora surge este conflicto artificial de documentos falsificados, algo así como cartas de residencia. Dice la autoridad que le enviaron dos citatorios al licenciado Hugo Ramírez, pero él se defiende negando haberlos recibido nunca.

Cuando pidió el inculpado conocer los detalles de la acusación que le enjaretan, le respondieron que alguien dijo que él había ordenado falsificar una firma en uno de esos documentos. De eso se trata el affaire, que sólo atiza los rencores políticos y estorba el funcionamiento del gobierno municipal. Y para no romper la rutina, las balaceras y persecuciones se dieron ayer por el rumbo de la salida a San Fernando.

El gobierno del Estado volvió a esconder las clarinadas de alerta. Ciudad Victoria también volvió a ensangrentarse ayer por cuando menos otros cuatro brutales homicidios. Dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la colonia San Luisito, una de ellas, con el antebrazo destruido por un potente proyectil.

El cuerpo quedó debajo de una cama. La capital de Tamaulipas tendrá hoy remembranzas de violencia del pasado, cuando algunos priistas se reúnan en su sede estatal con el pretexto de que se cumplen siete años de que asesinaron al candidato a Gobernador Rodolfo Torre Cantú. Egidio estaba obligado a hacer un gobierno honesto y eficiente, en homenaje a la memoria de su hermano, pero resultó ser el peor mandatario de la historia, pues no hubo obra pública relevante durante su sexenio, la violencia creció espantosamente y hubo otros muchos millonarios, entre ellos Guillermo Martínez García.

Hablando del PRI, Egidio ya dio la voz de arranque y se desató la bufalada a favor de Sergio Guajardo Maldonado que lo convertirá en el nuevo presidente estatal del PRI, para servir de comparsa a los vientos del cambio. El sábado hubo una reunión en lo oscurito, donde más de cien consejeros del PRI (así lo dice el boletín de prensa) le pidieron a Sergio, que les haga el favor de aceptarles el pedido de ser el sucesor de Rafael González Benavides. Por cierto, el nuevo PRI en manos de Aída Zulema Flores Peña, recurrió al amparo de la justicia federal, para tumbar el laudo de la justicia laboral que le manda pagar una indemnización al velador del inmueble.

Así practica Aída Zulema, abogada y ex diputada local, el lema de su partido, “justicia social”. No es noticia porque ya lo habíamos anticipado, pero ya se confirmó que Gonzalo Alemán Migliolo se separó definitivamente de la Secretaría de Desarrollo Rural.

No renunció, ahora lo corrieron. Punto. Y en la Secretaría de Salud se vuelcan las quejas, pues se cumplen los plazos que ellos mismos se imponen para solventar las irregularidades y el desabasto de materiales y medicamentos, pero todo sigue peor.

El propio personal del Hospital General de Ciudad Victoria instaló letreros en los pasillos, pidiendo disculpas a los usuarios por no usar guantes ni otros insumos y lo explican como una deficiencia de la dirección médica y administrativa.

En Reynosa, el personal de la Jurisdicción Sanitaria tomó las instalaciones exigiendo la destitución del titular, por ser déspota, arbitrario, insolente, abusivo y otras lindezas, pero él se justifica diciendo que es la nueva marca de la casa.

En Ciudad Victoria, una segunda lluvia vespertina volvió a desbaratar el frágil sistema de desagüe, pues se repitieron los encharcamientos e inundaciones, provocando pérdidas materiales por millones de pesos. La noticia buena es que se recargan los mantos freáticos y llega el agua potable a todas las colonias.

El Ayuntamiento victorense tiene ordenado que se suministre el servicio a colonias irregulares, lo que provoca que otras muchas que pagan facturas, se queden sin el líquido, aun contando con tinacos.