Hace semanas que dos circos amenizan la vida familiar en la capital del Estado, fueron “Los Payasonicos” y “Fuentes Gasca” quienes instalaron al norte de la ciudad sus carpas, en el Blvd Tamaulipas.
Y a media semana sorprendió el levantamiento de una nueva carpa, justo afuera de Casa de Gobierno, en el propio Blvd Tamaulipas, y sí, se trataba de otro circo.
Resulta que el desconocimiento, o más bien, la simulación de ignorancia legal con ánimo de engañar a los tamaulipecos, trajeron consigo que funcionarios estatales montaran una carpa para convertir ese espacio público en “Oficialía de Partes del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas”.
¿Qué no sabrán que una orden de aprehensión no se notifica al inculpado? ¿No sabrán que el cometido de una orden del tipo es capturar al sujeto? ¿Para qué habrían de notificarle, para saber qué piensa al respecto? Las órdenes de aprehensión se ejecutan, sin pedirle opinión al presunto delincuente. Por eso no se ventila el documento ante medios. Es confidencial. Esa es su naturaleza.
Además, ¿Qué es lo que no les han notificado institucionalmente? Le fue notificado al Congreso Local la resolución de la Cámara de Diputados Federales cuando procedió el desafuero; les fue notificado por la Suprema Corte el desechamiento de su Controversia Constitucional por notoriamente improcedente; les fue notificada ya la admisión del recurso de Reclamación que interpuso el Fiscal General de la República por la falta de competencia que tenía el Ministro Alcántara para dictar los tres polémicos renglones.
Como se ve, todo les ha sido notificado. No había necesidad de montar un tercer circo en el Blvd Tamaulipas, que pone de manifiesto lo ridículas que han sido sus posturas con tal de no acatar lo que constitucionalmente es inatacable, y exhiben, también, ese afán por continuar distrayendo y tratando de confundir a la ciudadanía.
Pero, observen bien, ayer sábado nos dieron la razón. Tan circo era que ya desmontaron la carpa. Era la nada jurídica. Se trató de un acto desproporcionado y fuera de lugar, que describe perfectamente la fotografía del momento: el desquiciamiento institucional que vive el gobierno de Tamaulipas -por una situación propiciada por ellos mismos- y su impotencia para restaurar la normalidad constitucional.
En fin, al margen del circo mediático que han constituido desde hace semanas, prolongando así su vida artificial, dos apuntes:
1) Las determinaciones que toma la Cámara de Diputados cuando se transforma en Jurado de Procedencia en materia de desafuero, con inatacables, señala la Ley Suprema de nuestro país, es decir, ni el Presidente, ni la Corte, ni ningún otro órgano del Estado mexicano puede echar abajo el desafuero.
En ese punto he insistido en las últimas semanas y creo que resultará relevante cuando se pronuncie la Corte en relación a la polémica que indebidamente le metió al caso el Ministro Alcántara.
2) Han emprendido una campaña de desinformación nacional muy robusta (y costosa, algún día sabremos qué tanto) que incluye líderes de opinión, algunos constitucionalistas y medios de comunicación, para sembrar la idea de que se viola el federalismo y la soberanía estatal con este proceso legal, y así “victimizar” al inculpado. Eso es una falacia.
La constitución es clara al establecer en su artículo 40 que las entidades federativas ejercerán soberanía respecto de su régimen interior, lo que no es oponible a tener que observar una determinación (desafuero) inatacable de un órgano federal. Como dijo en su cuenta de twitter un reconocido abogado de apellidos Torre Garza hace unos días: “El federalismo se rige por un sistema de competencias. Tamaulipas no es un país, es parte de una República Federal”.
Confío en que estamos a días de que acabe este espectáculo circense cuyos principales maromeros han sido los Diputados Locales, y haya justicia en Tamaulipas: que el Gobernador enfrente su proceso como establece la legislación penal, y si se enriqueció a costillas de los tamaulipecos que pague, y si no, que sea absuelto; pero todo apegado a Derecho, como considero ha sido hasta hoy.