Hace casi un año, el 31 de octubre de 2021, escribí un texto que titulé: “Se acerca el corazón de la reforma laboral a Tamaulipas”.

Ahí señalé, aunque faltaba un lapso de tiempo para que llegara a nuestro Estado el momento legal para la implementación de la última etapa de la reforma, que la misma marcaría un antes y un después en la justicia obrero – patronal en México, y que nuestra entidad federativa no sería la excepción.

Bien, llegó el día y, a partir del 3 de octubre de 2022, tanto en Tamaulipas como en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, algunos municipios de Durango, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Yucatán, las “Juntas” dejaron de recibir asuntos (conflictos) individuales y colectivos; ahora lo harán los centros de conciliación, y los tribunales laborales.

Como puede verse, el gran reto apenas comienza, ya que adviértase de lo que plasmo líneas arriba: la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y prácticamente todo el norte del país arrancan esta última etapa, es decir, dejaron “lo más pesado” para el final, pues en los estados donde más hay industria, es evidente que son los más propensos a generar conflictos colectivos o individuales del trabajo, y así lo confirma la estadística oficial.

Y, para la magnitud del reto, claro está que se necesitarán recursos. De acuerdo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, de 2020 a la fecha se han invertido más de 10 mil millones de pesos para la operación de los nuevos Centros de Conciliación y Tribunales Laborales federales y locales.

Ahora, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, contempla la asignación de más de 6 mil millones de pesos en recursos federales, incluyendo, ojo, 860 millones de pesos en subsidios para las entidades federativas. De ahí que sea muy importante la capacidad de gestión del Gobierno de Tamaulipas para consolidar lo más rápido posible las bases del nuevo sistema de justicia laboral.

Siguiendo ese orden de ideas, estimado lector, en mi carácter de Presidente del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria, Tamaulipas, A.C., sostuve un diálogo con altura de miras con la Secretaria del Trabajo del Gobierno de Tamaulipas, Olga Sosa, donde comprometí al gremio y ella a la Secretaría a su cargo, a asumir un papel responsable y de colaboración en la implementación de la reforma laboral en el Estado.

Y es que el nuevo sistema de justicia laboral está cimentado en la tesis de que el diálogo esté por encima del conflicto y que, contrario a lo que ha sucedido en las últimas décadas (corrupción, saturación, demora y denegación del derecho de trabajadores y patrones a una justicia expedita e imparcial), ahora se resuelvan los asuntos en 6 semanas -si se concilia-, o máximo 6 meses si tuvo que llegar el caso al Tribunal Laboral.

Soy un convencido de que tener una nueva y moderna justicia laboral sí es posible, pero no será fácil; pues no se trata solo de un cambio legal, ésta reforma laboral representa en sí misma el inicio de un cambio cultural.

Es en esto último, de hecho, donde reside el corazón de la reforma laboral, y para que lata necesitará del compromiso de la autoridad laboral, y de nosotros las y los operadores del Derecho.

Desterremos las malas prácticas, renovemos nuestra visión, y con capacitación y profesionalismo -y de los funcionarios responsables- logremos una justicia laboral a la altura de lo que merecemos los tamaulipecos. Con rigor ético es alcanzable. Ofrezcámoslo y exijámoslo. Al tiempo…