¿Cuándo empieza el proceso? fue respuesta que me dio un colega periodista hace unos días, cuando lo cuestioné sobre si le daría cobertura a las campañas de la Elección al Poder Judicial, lo que de primera impresión me causó gracias, para después pensar, lo dijo ¿de broma o en serio?
Y es qué, esto me llevó a reflexionar, si quienes estamos involucrados en el ámbito de la comunicación, el periodismo o la política y tenemos la obligación de estar bien informados, para darle cobertura o hacer analisis sobre estos temas, tenemos dudas al respecto, porque las tenemos.
Los ciudadanos de a pie, el ama de casa, el vendedor ambulante, el obrero o hasta un profesionista como un maestro, un doctor o un ingeniero, ¿qué tanto saben de la elección? ¿qué tanto les interesa escuchar a las y los candidatos? O mejor aun ¿irán a votar el 1 de junio?
El próximo domingo 30 de marzo arrancan las campañas para la Elección al Poder Judicial, tanto a nivel federal como en Tamaulipas, con 818 y 147 cargos en disputada, respectivamente, pero si lo múltiplicaramos por el número de candidatos a cada cargo, que varían desde candidaturas únicas que son las menos, hasta nueve candidaturas por cada espacio en competencia, son miles los candidatos que habrá en el país.
Si bien, la gente no tendrá que elegir entre miles, pues sólo votará por los candidatos correspondientes a su distrito judicial y los magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí tendrá que hacerlo entre más de un centenar de nombres, lo que de entrada ya representa una complicación, seleccionar entre nombres, colores o números en lugar de los emblemas de los partidos políticos.
Cada uno de los ciudadanos que acudan a votar, recibirá 10 boletas, entre cargos federales y estatales. Tan sólo en Victoria habrá 98 candidatos a elegir, entre Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, Magistraturas Supernumeraria, Magistraturas Regionales, Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, Jueces de Primera Instancia y Jueces Menores y por lo menos 40 candidatos a nivel federal en en los diversos cargos.
Si a esto le sumamos que este ejercicio democrático inédito, será muy diferente a las elecciones tradicionales, con múltiples limitantes para hacer una campaña, las expectativas de que la gente se involucre para elegir a sus juzgadores y salga a votar, es mínima.
Primero, la limitante del dinero, mientras los partidos políticos cuentan con recursos públicos millonarios y algunas candidaturas hasta con recursos privados, ahora las y los candidatos al Poder Judicial, tienen un tope de gastos bastante austero para hacer una campaña, que van de acuerdo al cargo en competencia.
Si bien, 954 mil pesos es una enorme cantidad de dinero para la mayoría de los mexicanos, sin duda que es insuficiente para que un candidato a Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado haga en 60 días, una campaña como en el papel se esperaría, ni que decir de los 63 mil pesos de los que dispondrá el candidato que compita por un juzgado de primera instancia, gastos que tendrán que solventar con recursos propios, comprobables para las unidades de fiscalización de los órganos electorales.
Segundo, porque al no votar por un partido político o un candidato que lo representa, sino solamente por la persona, pese a hacer campaña, la gran mayoría de la gente no lo conocerá, pues es ajena a los ámbitos de impartición de justicia, lo que los desmotivará para ir a las urnas.
Tercero, porque las campañas no serán masivas, ni de territorio y la mayor parte tampoco mediáticas, pues las reglas de difusión de la competencia básicamente lo limitan al ámbito de las redes sociales, la cobertura periodística y las plataformas de difusión de los órganos electorales, sin realizar gastos de campaña en redes y medios, es decir, todo deberá ser orgánico.
Y cuarto, porque debido a la naturaleza de las reglas del juego, las y los candidatos se presentarán por invitación en espacios como foros, encuentros y debates. Principalmente en universidades, asociaciones de profesionistas o cámaras empresariales, es decir, harán campaña para un segmento muy específico, dejando de lado al grueso de la población.
En teoría, no harán campaña para los segmentos que menos le interesa la elección judicial, cuando la lógica debería ser al revés, que las campañas se enfocaran principalmente en esos ciudadanos, pues representan una mayor cantidad de votos y mientras más votos se emitan, la elección tendrá mayor legitimidad.
Ante las limitantes mencionadas que sin duda afectarán que se tenga una votación copiosa, con expectativas que oscilan entre el 7 y 15 por ciento, dicho por las mismas autoridades electorales, lo que de confirmarse, significa que no se cumplirá el propósito fundamental de la democracia, que la mayoría elija a sus gobernantes, en este caso a sus juzgadores.
Esta sencilla razón, ha hecho cuestionar, criticar y señalar a muchos que la reforma al Poder Judicial en México y por ende la elección, es un proceso injusto, tendencioso y amañado, que tendrá una ínfima participación ciudadana y con grandes posibilidades de que las y los candidatos ganadores, sean quienes desean los que ostentan el poder ¿Será verdad?
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