Los legisladores tamaulipecos aprobaron reformas a la Constitución local en las que impiden que el Congreso entrante pueda homologar el proceso de desafuero contra el gobernador y que no puedan deshacerlo. Lo que prende alertas, es que por más que esté dentro de las funciones de los diputados locales hacer estas modificaciones, es de clara notoriedad que buscan defender al gobernador quien es emanado del mismo partido de quienes tienen mayoría en el congreso. Lo mismo pasa en el poder judicial que hace poco nombraron nuevos magistrados con un corte más político que de juez.
El fin del estado es preservar la vida de los ciudadanos, las libertades y sus posesiones. Los poderes públicos siempre deben actuar siguiendo el bien común. Las funciones del estado corresponden a una ley establecida (fija y conocida), un mecanismo de resolución de conflictos con un juez público e imparcial, y una autoridad que ejecute y vele por la eficacia de la ley. Para que el Estado pueda desempeñar estas funciones debe tener una efectiva división de poderes.
Es vastamente conocido que todo hombre dotado de poder es proclive a abusar de él extendiéndolo hasta donde encuentra limites, por lo tanto, para poder evitar el abuso de poder, es necesario que los poderes estén en diferentes manos. El medio para lograrlo es que sea ocupado por personas distintas de modo que puedan controlarse y limitarse unos a otros. Todo poder debe dedicarse a una función específica, resultando así la presencia de tres poderes fundamentales: Legislativo, ejecutivo y judicial.
La relación que vemos que impera entre poderes en Tamaulipas es más estrecha de lo que por diseño debería de ser, es más, es claro que tampoco hay un correcto balance entre los poderes, subordinándose el Legislativo y Judicial al Ejecutivo. Por lo que vemos que los poderes están separados, pero no divididos.
Hoy más que nunca debemos de buscar fortalecer la división de poderes y el correcto balance entre ellos. El diseño del sistema no es el problema, el problema son las personas que dejan que se corrompa el sistema. En una república democrática como lo es México y en un estado soberano como lo es Tamaulipas todos tenemos nuestra función. Estos mecanismos permiten equilibrar los intereses de los gobernantes y el pueblo, a la vez que el mismo ejercicio del poder.