Es un hecho: las prioridades de la agenda de nuestra clase política son un reflejo de que tal agenda no recoge las prioridades de la ciudadanía. Una estupidez.

Explico mi punto, en los párrafos siguientes, estimado lector.

Si nuestros gobernantes atravesaran por un proceso de cambio o renovación, o simplemente fueran sensibles, fácilmente advertirían que la sociedad sí atraviesa por un proceso de cambio o renovación, y que nosotros sí somos cada vez más sensibles a sus indiferencias.

Ese proceso y sensibilidad de la que hablo redunda en una comunidad cada vez más madura: más vigilante, más exigente, y si bien estimo sería mucho decir: “más inteligente” (esto por la gran desigualdad y lastimosos niveles de pobreza), considero sí cabe decir: menos ignorante.

Y esa disminución de ignorancia permite que el ciudadano logre notar con suma sencillez cuando no resulta coherente la agenda de una autoridad electa con lo que la sociedad que representa estima más relevante. Que, por cierto, esto último sí constituye la base de discursos de campaña. Es evidente que la incongruencia predomina.

Es que es muy claro, hombre: la gente quiere elevar su calidad de vida a través de mejores condiciones de entorno y servicios públicos, sí, pero las prioridades son -sin lugar a dudas- vivir en paz y que sus autoridades no se enriquezcan a costillas del dinero del pueblo.

Sin embargo, inseguridad y corrupción parecen no ser prioridad para el gobierno federal, ni para el estatal, ni para el alcalde; ya que, considero, a su juicio son temas cuyo ejercicio generan desgaste y costos políticos.

Pero, yo preguntaría: ¿Qué ciudadano de 2017 no quisiera que la prioridad de sus autoridades fuera la seguridad y el combate a la corrupción?

No hablo de descuidar otros rubros, hablo de jerarquizar prioridades de acuerdo al pulso social: ¿Qué mejor acción de cara a tus representados, que dar muestras inequívocas de que dentro de los múltiples temas que guarda la agenda política, la seguridad se encuentra como la número uno?

Antes era sencillo, si un gobierno establecía como prioridad la infraestructura o la educación -porque así veía el mundo el líder de dicho gobierno-, entonces la infraestructura y la educación se convertían en el eje principal del actuar de dicha administración, pero las reglas cambiaron: ahora la sociedad alza la voz y pone sobre la mesa con claridad cuáles son sus prioridades primarias, mismas que deberían de ser también las de la agenda política.

Ese cambio de reglas debiera valorarse bajo la óptica de una política moderna. Simplemente, hoy: ¿Cómo va a tener un costo político incorporar como primera prioridad el combate a la inseguridad? Al contrario, eh. Entiendo la lógica de “si lo tomo como

bandera y no obtengo los resultados esperados, sufro un enorme costo político”, pero creo que está obsoleta.

Hoy el costo político por no ver las cosas como las ve la sociedad, les será muy alto, pero más alto lo está siendo el costo social.