El poder presidencial: no tiene contrapeso político, manifestó la canciller alemana, Angela Merkel, preocupada por la inexistencia de mecanismos reales y eficientes para que el Presidente rinda cuentas, y cumpla con las leyes, como ocurre en Alemania y otros países europeos. “El desarrollo –de México o cualquier país- va aparejado con condiciones de seguridad y armonía de la ciudadanía”.

Principios constitucionales fueron violados en Coahuila, en especial en el Estado de México, derivados del despliegue costoso de la campaña político-electoral que llevo a ganar a Del Mazo con complicidad de las autoridades electorales.

NiUnFraudeMás, organización social, presentó 20 denuncias penales a la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales y 10 quejas e impugnaciones al Instituto Nacional Electoral, Instituto

Electoral del Estado de México, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Elementos jurídicos para anular la elección los hay, pero no voluntad para que prevalezca la ley. Los procesos electorales son uno de los principales riesgos para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, advirtió la Auditoría Superior de la Federación. Con tal de conservar el poder en el Estado de México, se calcula cada voto costó más de tres mil pesos. El priismo sumó a las prerrogativas oficiales, recursos federales y aportaciones particulares que aumentaron este gasto en tres mil %.

En el 88, el seis de julio, un fraude electoral solapado por los panistas, se veía venir gubernaturas a su favor y el reingreso del clero a los asuntos de estado, Salinas de Gortari, alcanzó la presidencia. En 1989 los diputados aprobaron al Ejecutivo Federal la venta de 250 empresas públicas, Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, entre otras. En el 90, se privatizó el servicio público de banca y crédito. Voraces aún, se fueron sobre la tierra en 1992. De nueva cuenta los legisladores aprobaron reformas al Artículo 27 constitucional y se permitió la venta de tierras ejidales y comunales, muchas transformadas en centros turísticos sin relación con el campo, con los alimentos. Se concesionaron las minas por 50 años y se derogó el impuesto a la extracción de minerales, con las modificaciones a la Ley Minera en 1992. En septiembre, se permitió la entrada de empresas privadas en la generación de electricidad

En 1993, se reforma el Artículo tercero y se limita la gratuidad de la educación a primaria y secundaria. 1992 y 1993 cambian el rumbo del país. Se aprueba el TLC. EN 1995, aprueban el 15% de IVA; se venden los ferrocarriles. En 1998 aprueban el Fobaproa. 2005 permite multiplicar las ganancias de las grandes empresas al permitírseles diferir en 100% el pago de impuestos. La reforma a la Ley del ISSSTE entrega las pensiones a los banqueros en 2007. En 2008 se autoriza a extranjeros firmar contratos petroleros. En 2009, aumenta el porcentaje al IVA y se homologa a las zonas antes especiales. El Pacto por México de 2012 sella la entrega nacional a los extranjeros. Los procesos electorales fraudulentos dejan de ser priista para ser potestad extranjera el virrey que vivirá en Los Pinos por seis años. La absoluta desgracia nacional se cumple.

Con extranjeros apoderados de México, ¿a quién le importa la vida, el bienestar y la tranquilidad de los mexicanos? Sólo a nosotros mismos. Nosotros estamos en la obligación histórica de iniciar el proceso de recuperación de la Patria.