Hay imágenes que deberían incomodar a cualquier demócrata, sin importar el partido al que pertenezca, una de ellas es ver al poder haciendo listas de quienes lo cuestionan.
Periodistas, medios de comunicación, organizaciones, líderes de opinión, políticos opositores y ciudadanos.
Personas que tienen algo en común: han ejercido su derecho a cuestionar, investigar, criticar o expresar públicamente su desacuerdo con el gobierno.
Hace unos días, desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde presentó lo que el gobierno denominó un “ecosistema de amplificación digital”: nombres, medios y actores políticos que, según su explicación, participan en la difusión y amplificación de narrativas contrarias a la llamada Cuarta Transformación.
Después se nos dijo que no se trataba de una “lista negra”. Puede llamársele como quieran, la pregunta de fondo permanece: ¿Qué hace un gobierno identificando públicamente a quienes lo critican? Porque una cosa es ejercer el derecho de réplica y otra es utilizar una plataforma institucional para exhibir a quienes piensan diferente, y esa diferencia importa mucho.
El gobierno tiene todo el derecho de desmentir información que considere falsa, puede presentar datos, puede aclarar, puede responder, puede contrastar versiones, lo que resulta preocupante es que la respuesta del poder termine convirtiéndose en el señalamiento público de personas concretas por el contenido de sus opiniones o publicaciones. Porque el Estado no es un ciudadano más discutiendo en una red social, tiene instituciones, tiene presupuesto, tiene información, tiene capacidad de investigación, y sobre todo, tiene poder, por eso su responsabilidad frente a la crítica debe ser mucho mayor.
La libertad de expresión no significa que todas las opiniones sean correctas, tampoco significa que un periodista, un político o un ciudadano esté exento de ser cuestionado, significa algo mucho más elemental: que en una democracia podemos investigar, disentir y criticar al poder sin sentir que hacerlo nos coloca en una lista de adversarios del Estado. Y aquí encuentro una contradicción difícil de ignorar, durante años Morena construyó su identidad política cuestionando al gobierno, criticaron presidentes, señalaron instituciones, denunciaron medios, marcharon, protestaron, acusaron, y defendieron su derecho a hacerlo. Entonces eran oposición, hoy gobiernan. Y parece que aquello que antes llamaban libertad de expresión ahora les resulta mucho menos cómodo cuando se ejerce en su contra.
Ese es uno de los grandes peligros del poder: olvidar las libertades que se exigían cuando no se tenía.
No puedo dejar de relacionar este episodio con lo que he venido señalando en este espacio. Primero discutimos restricciones al lenguaje de la oposición, después aparecieron propuestas y lineamientos que despertaron preocupación sobre los límites que podrían imponerse a los contenidos de los medios, y ahora observamos desde una plataforma gubernamental nombres y rostros de quienes son identificados como parte de una estructura que amplifica mensajes críticos hacia la 4T. Cada hecho puede explicarse por separado, pero juntos obligan, por lo menos, a hacernos preguntas.
¿Hacia dónde estamos llevando nuestra conversación pública?
¿Queremos una democracia donde el gobierno responda a sus críticos o una donde los exhiba?
¿Queremos periodistas preguntando con libertad o periodistas preguntándose primero qué consecuencias puede tener publicar?
¿Queremos ciudadanos participando o ciudadanos aprendiendo que quizá sea más cómodo guardar silencio?
Porque ahí comienza el verdadero problema. La censura más efectiva no siempre es aquella que prohíbe hablar, a veces basta con conseguir que las personas tengan miedo de hacerlo, y México esta caminando hacia ahí.
Mi solidaridad está con cada periodista, comunicador, organización, líder de opinión, opositor o ciudadano que haya sido señalado por ejercer legítimamente su libertad de expresión. Podemos estar de acuerdo o profundamente en desacuerdo con lo que dicen, eso es democracia, lo que nunca debemos normalizar es que pensar distinto nos convierta en sospechosos frente al poder.
Quienes participamos en política debemos entender una regla elemental: la crítica no es un delito, y tampoco es una traición a México. Muchas veces, cuestionar al gobierno es precisamente una forma de defender al país.
Y quiero decirlo con especial claridad desde mi propia responsabilidad política: pertenecer a la oposición significa señalar aquello que consideramos incorrecto, pero también defender el derecho de los demás a hacerlo, incluso cuando no compartamos sus opiniones.
México necesita menos señalamientos y más respuestas, menos polarización y más diálogo, menos esfuerzos por identificar a quienes incomodan y más esfuerzos por resolver aquello que provoca la inconformidad.
Que nadie tenga miedo de preguntar, que nadie tenga miedo de investigar, que nadie tenga miedo de disentir, que nadie tenga miedo de decir: no estoy de acuerdo.
Porque al final, la realidad siempre encuentra la manera de hacerse escuchar.