Uno de los mayores daños que puede causar un gobierno no es sólo administrar mal el poder, sino mentirle deliberadamente a la gente, construir una narrativa moral para llegar al poder y, una vez ahí, hacer exactamente lo contrario de lo que se prometió combatir. Eso es lo que hoy queda al descubierto…
Durante años, el movimiento hoy en el gobierno se presentó como distinto, austero, cercano al pueblo. Juraron que acabarían con los excesos, con los privilegios, con los abusos que -decían- lastimaban a México. La promesa fue clara: No ser iguales. Y millones confiaron en esa esperanza. Pero la realidad terminó por exhibir la farsa.
Los recientes acontecimientos hablan por sí solos: Privilegios disfrazados de normalidad, lujos ocultos tras discursos de austeridad, abusos convertidos en rutina. Desde prácticas indignas dentro del Senado de la República, hasta escenas que humillan a las instituciones y revelan una relación servil con el poder; desde detenciones de funcionarios locales que confirman redes de corrupción, hasta la arrogancia pública de figuras que confunden representación popular con impunidad personal.
Nada de ésto es anecdótico. Todo es sintomático.
Lo que hoy molesta no es que existan excesos -porque los prometieron erradicar-, sino que los hayan normalizado y superado. Que aquello que decían combatir ahora lo ejerzan con descaro, que los privilegios que antes criticaban hoy los disfruten sin pudor, que la “justa medianía” haya quedado en discurso, mientras la soberbia se volvió práctica cotidiana.
Y no, aquí no se trata de justificar lo que en su momento hicieron otros gobiernos, no es una competencia de culpas ni un ejercicio de relativismo moral. La diferencia es fundamental: Ellos juraron ser distintos, juraron acabar con esas prácticas, juraron gobernar con decencia, juraron servir, no servirse. Por eso la decepción es mayor.
El cinismo se expresa cuando se utiliza al “pueblo” como escudo retórico mientras se vive con privilegios, cuando se habla de austeridad desde la comodidad del poder, cuando se acusa a otros de corrupción mientras se tolera -o se encubre- la propia, cuando se exige moralidad ajena, pero se practica la indulgencia interna.
Eso no es transformación.
Eso es hipocresía.
Lo más grave es que esta doble cara no sólo erosiona la credibilidad del gobierno, sino que lastima profundamente la confianza ciudadana. Porque la gente no sólo votó por un cambio de siglas, votó por una promesa ética. Y cuando esa promesa se rompe, el daño es mucho más profundo que cualquier escándalo aislado.
El poder no corrompe sólo por el dinero o los privilegios; corrompe cuando se pierde la vergüenza, cuando se deja de rendir cuentas, cuando se asume que el cargo otorga superioridad moral automática, cuando la crítica se responde con soberbia y no con explicaciones.
Hoy, quienes gobiernan no pueden seguir escudándose en el pasado para justificar el presente.
No pueden seguir diciendo que “antes era peor” para excusar lo que hoy es evidente, porque el argumento central de su llegada al poder fue precisamente no ser iguales. Y sin embargo, lo fueron.
Y en muchos casos, resultaron peores.
No por cometer errores -eso es humano-, sino por negarse a reconocerlos, por normalizar el abuso, por traicionar la palabra empeñada.
México no necesita gobiernos moralmente superiores en el discurso y éticamente inferiores en los hechos. Necesita coherencia, decencia y límites, necesita servidores públicos que recuerden que el poder es encargo, no botín.
Porque cuando la esperanza se usa como instrumento de manipulación, lo que sigue no es transformación… es desengaño. Y el desengaño social siempre cobra factura.