Para Platón, el bien y la justicia se adquieren en el intercambio social y político y presuponen un tipo de conocimiento específico respecto a lo que sea el bien. La indagación ética – ¿cómo he de actuar? – se conecta a la pregunta política relativa a ¿cómo hemos de organizarnos colectivamente para sostener un estado justo? Carecemos, sin embargo, de una perfecta intelección respecto a qué sea la justicia, no hay una conexión entre las diferentes opiniones (doxai) al respecto y su auténtico conocimiento (episteme). La justicia no es un concepto evidente en sí mismo, exige aclaración filosófica.

Una vez obtenida la intelección de qué es la justicia y cómo se establece un orden justo se suscita la cuestión relativa a cómo educar a los miembros de un estado para que cada cual haga lo que le corresponde. El resultado es el diseño de una constitución ideal, utópica, en clara contraposición a las formas políticas conocidas. Es un orden contrafáctico que sirve como modelo de lo que sería una sociedad bien ordenada.

Una vez dicho lo anterior, de acuerdo con los valores de nuestra sociedad, los políticos, empresarios o cualquier persona con gran influencia política, económica o social, cuando son acusados por una institución persecutora de delitos (fiscalías), puede ser por dos motivos; 1) Se hace justicia conforme a la ley por haber violentado a la constitución, o 2) la institución persecutora de delitos es corrupta y se utiliza con fines perversos.

Lo cierto es que pueden ser cualquiera de las dos opciones anteriores, sin embargo, en el 100% de los casos, aunque sea culpable el imputado para él y sus allegados es un perseguido político ya que solo cuenta con buenas intenciones y nunca ha infringido la ley en ningún momento. Por el otro lado generalmente las instituciones nunca trabajan de una manera utópica, de una manera correcta. Por lo que siempre se presta a confundir entre si es una persecución política o se está haciendo justicia.

En el caso de los “perseguidos políticos” en el 100% de los casos huyen y no enfrentan la justicia porque se creen inocentes y no creen en las instituciones que en algún momento defendieron. Lo congruente sería quedarse a ser detenidos y demostrar con hechos su inocencia como Pepe Mujica, Mao Zedong, Nelson Mandela, Martin Luther King, Lech Walesa, Dilma Rousseff, entre otros; es mejor ser un preso político que un prófugo de la justicia. El huir solo demuestra su culpabilidad.

En el caso de las instituciones que persiguen delitos, son instituciones creadas por humanos por lo que tienen intereses humanos, y en la mayoría de los casos intereses más personales que colectivos. Desde la forma en que se seleccionan los fiscales en los estados o la federación, te puedes percatar que los fines reales se acercan más a ser dependientes del poder ejecutivo que ser verdaderamente independientes de los gobernadores o el presidente de la república, por lo que es difícil creer en estas instituciones.

Para concluir creo que tanto el “perseguido como el persecutor” tienen razón en la mayoría de los casos. Por parte del perseguido decir que la fiscalía es corrupta, la mayoría de nosotros no lo podríamos negar. Por parte del persecutor decir que el perseguido es culpable y más si es un gobernante o alguien con mucha influencia, la mayoría de nosotros no lo podríamos negar.