La crisis económica generada por COVID-19 golpea una estructura productiva y empresarial débil originada por décadas. Pocas actividades de producción y procesamiento de recursos naturales, algunos servicios de capital (electricidad, telecomunicaciones y bancos) y pocas grandes empresas tienen alto nivel de valor agregado por trabajador, las demás tienen nivel bajo de productividad. Es la base de las brechas externa e interna de productividad de la región.
La primera mide la diferencia entre la productividad laboral de América Latina y EE. UU., que se toma como referencia de frontera tecnológica internacional. La segunda registra diferencia dentro de cada país, en productividad laboral de microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la de las grandes empresas. En brecha externa, en 1980 la productividad laboral latinoamericana alcanzaba el 37% de EE.
UU. En 2016 la productividad del trabajo de una empresa mediana era, en promedio, menos de la mitad de una empresa grande. En las empresas pequeñas la productividad laboral era 23% de la productividad de una empresa grande y las microempresas una productividad laboral de 6% de las empresas grandes.
Las diferencias de desempeño entre mipymes son marcadas en América Latina. En la Unión Europea la productividad de empresa mediana no duplica la microempresa (como proporción de la productividad de grandes empresas, eran 76% y 42%), en América Latina era más de7 veces mayor (46%, frente a 6%)
En la estructura productiva latinoamericana no hay incentivos para el desarrollo de actividades de valor agregado en las mipymes, incluso hay factores que lo dificultan. En las actividades basadas en recursos naturales y servicios básicos (agua, luz, electricidad y telecomunicaciones), no pueden desarrollarse debido a la elevada intensidad de capital que requieren las inversiones. La alta informalidad en el mercado laboral (54%) dificulta el desarrollo de micro y pequeñas empresas. Es difícil prever intensidad y duración de la crisis actual, aunque se identifican: Es global, afecta a todos los países con intensidad distinta.
En cada economía se producen consecuencias asociadas a demanda y oferta internas y a la demanda y la oferta mundiales. Se trata de un virus desconocido para el cual no hay vacuna ni remedios eficaces. La manera de controlarla es con prevención que implica reducir contacto social y limitación de la actividad económica.
Hay tres etapas con las que se vivirán en relación con la epidemia: La primera se relaciona con la emergencia y medidas a tomar en un plazo corto. La segunda se producirá cuando, controlados los focos, haya que “convivir” con un virus que, sin control sanitario se difundirá. Se mantendrán restricciones a la actividad económica y social y la economía funcionará a media marcha (reactivación) La tercera ocurrirá cuando no haya peligro de contagio (vacuna) e implica nueva realidad económica y social distinta en cada país, según duración e intensidad de las dos primeras etapas, las medidas económicas y sociales que se hayan tomado y las capacidades institucionales, productivas y tecnológicas. Cambiará el escenario económico y político internacional, pues los países entrarán a la segunda y tercera etapas en diferentes momentos y en condiciones distintas.
La crisis económica se origina en la oferta y demanda. La restricción social genera suspensión, total o parcia, de la actividad productiva, efecto más fuerte en sectores cuya actividad implica aglomeración y cercanía física (turismo, espectáculos, hoteles y restaurantes, transporte y servicios personales), es menor en los que se considera indispensables (alimentos, desinfectantes, artículos de limpieza, medicamentos e insumos y equipos médicos) La interrupción de actividades productivas genera problemas en la provisión de insumos, nacionales e importados, para las empresas que siguen operando. Por el lado de la demanda, la reducción del ingreso del consumidor y la incertidumbre hacen caer el consumo y cambio en los patrones de consumo. Se da en segmentos de bienes de consumo duradero (automóviles, muebles, electrodomésticos, viviendas, prendas y calzado).
La Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) estima que 34% del empleo formal y 25% del PIB corresponden a sectores afectados y menos de la quinta parte de empleo y PIB se generan en sectores afectados moderadamente. 92% de industria de contenido tecnológico enfrenta crisis entre fuerte y significativa. Estas, reúnen actividades intensivas en aprendizaje e innovación, fundamentales para el proceso de diversificación e incorporación de valor agregado para cerrar las brechas de productividad e ingresar a una senda de crecimiento sostenible. La crisis golpea a sectores industriales de mayor dinamismo tecnológico y profundizará los problemas estructurales de las economías, que, de no implementar políticas para fortalecer esas ramas productivas, hay alta probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que llevará a la reprimarización de las economías.
El impacto sobre la estructura industrial se ve en el desempeño del cuatrimestre comparado con 2019. En Brasil, la producción industrial cayó 8% (aeroespacial y autos). En México, cayó 11% (cuero y calzado, equipo de transporte) En Argentina, cayó 14% (autos, autopartes, motocicletas, equipos eléctricos, textiles, prendas y calzado) A la primera semana junio 2020, en Colombia, 96% de la empresa vio caer sus ventas (75% registró disminución superior a 50%) y 82% de la empresa formal podrían subsistir uno y dos meses con sus recursos. En Brasil, 76% de la industria redujo o paralizó su producción y 55% tiene dificultad para acceder a crédito. En Argentina, 44% de la industria no tenía liquidez para pagar el 50% del salario de abril (12% no pagó nómina); 38% no pagó servicios públicos; 48% no pagó a sus proveedores, y 57% no pagó impuestos. En Chile, 37% de las empresas redujo su personal entre abril y mayo, y 44% está en estado financiero malo o crítico y aumenta a 51% en microempresa. En Uruguay, 59% de empresas de comercio y servicios enviaron a sus empleados al seguro de desempleo. En Centroamérica, 50% de las empresas necesitan 4 a 9 meses para recuperar el nivel de facturación y se agrava en la microempresa que necesita un año.
Sobre la base de diagnóstico de cámaras empresariales en relación con mipymes, CEPAL estima que cerrarán más de 2.7 millones de empresas con pérdida de 8.5 millones de empleos, sin incluir reducciones que realicen las empresas. Un objetivo de los gobiernos es reducir la destrucción de capacidades provocada en la fase crítica de la pandemia (despidos y cierres de empresas) que dificulta la recuperación de la actividad de las economías. El cierre de empresas destruye el saber empresarial y capital físico localizado, cadenas productivas completas y circuitos de flujo de pagos.
CEPAL identifica 351 medidas, agrupadas en 6 categorías según objetivos. En 19 países, 91 de estas medidas se orientaron a problemas de determinadas ramas productivas. Proveer liquidez y mejorar el acceso al crédito fueron las políticas más frecuentes. Para aumentar la disponibilidad de crédito, 71% de las medidas supone mayor asignación de recurso por el Estado, por líneas de crédito o fondos para garantías, una tercera parte implica cambios en la regulación para inyectar liquidez. Los recursos provienen del tesoro público, en pocos casos de crédito internacional. Medidas que no requieren fondo adicional: reducción de encaje legal, disminución de tasas de interés a instituciones financieras privadas (bancos, cooperativas de crédito, cajas de ahorro, instituciones de microfinanzas) o simplificación de trámites y requisitos de acceso a los créditos.
Los bancos de desarrollo juegan papel relevante: Banco de la Nación Argentina, Caja Económica Federal, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social en Brasil, Banco Estado en Chile, Bancoldex en Colombia y Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El monto comprendido por las medidas de crédito en 19 países representa 4% del PIB de la región en 2019. Las características de los créditos varían. Los plazos de pago van de 1 a 5 años. Las tasas de interés son subsidiadas, a veces, 0%. El monto se ajusta al nivel de ventas por empresa. En algunos países, se supeditan a que las empresas no despidan trabajadores. Otro grupo de medidas busca liquidez a las empresas y evitar se interrumpa el flujo de pagos (Postergar pago de obligaciones con el Estado y entidades financieras, las herramientas más utilizadas) Para reprogramar, reestructurar y renegociar crédito privado, muchos países modificaron la regulación bancaria, con mayor nivel de endeudamiento y moratorias, mantención de la clasificación de riesgo del deudores, incremento de plazos de garantías públicas, desembolso de recursos públicos para reprogramar deudas y refinanciar créditos.
Terminada la crisis sanitaria, las empresas estarán en recesión pues las ventas se recuperarán lentamente, la necesidad de liquidez podría extenderse y el cobro de deudas en la crisis sanitaria podría inviabilizar las operaciones. Plazo y modalidad de pago de créditos y postergar obligaciones son cruciales para que las empresas operen. En muchos países se flexibilizó el vínculo laboral y se ofreció subsidio para pago de salarios. Aplican durante la emergencia y cuando la empresa sufre caída en las ventas o pertenecer a cierta actividad productiva muy afectada. Acogerse a estos beneficios implica que, pasado el período de gracia, los trabajadores deben volver a su tarea habitual por un período mínimo determinado, sin reducción salarial. La flexibilización de jornadas y salarios, suspensión de pagos provisional y adelanto de vacaciones se tomaron. Los gobiernos reforzaron presupuestos de salud para fortalecer su capacidad y adquirir insumos. En Chile, se implementó el portal Pago Oportuno. En sus primeras semanas se pagó facturas pendientes del Estado por más de mil millones de dólares.
Ante esta situación CEPAL propone: 1. Ampliar los plazos y alcances de las líneas en liquidez y financiamiento para las empresas. 2. Reforzar las transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción de capacidades. 3. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis. El primer conjunto implica aumentar la liquidez de las empresas de menor tamaño, mediante: Postergación o cancelación de pago de impuestos y el adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales 2020. Suspensión del pago de servicios de luz, agua, gas y telecomunicaciones, sin multas ni corte de servicios, hasta finales 2020. Flexibilización y mejora de las condiciones de crédito: Los períodos de gracia deben ser por lo menos un año y los plazos de 5 años o más. Deben reforzarse las operaciones de crédito a través de la banca de desarrollo, que tiene propensión a asumir el riesgo asociado a las empresas de menor tamaño. El segundo conjunto busca evitar la destrucción de capacidades: Cofinanciamiento de la nómina salarial según tamaño de las empresas: 30% para las grandes, 50% para las medianas, 60% para las pequeñas y 80% para la micro. Este subsidio tendría duración de 6 meses y su costo se estima en un 2.7% del PIB. Una contribución en efectivo para trabajadores autónomos formales. Este subsidio por seis meses para cada trabajador autónomo podría llegar a 500 dólares según el poder adquisitivo en cada país. Los recursos públicos comprometidos a nivel regional alcanzarían a más de 15 millones de trabajadores.
Estas dos medidas complementan las propuestas de la CEPAL de establecer un ingreso básico de emergencia para toda la población en situación de pobreza en 2020 y un bono contra el hambre para la población en pobreza extrema. En la medida en que el cofinanciamiento de nómina y el apoyo en efectivo a trabajadores autónomos sean eficaces, disminuirán el desempleo y la pobreza, reduciéndose el costo total del ingreso básico de emergencia y del bono contra el hambre. Existiría sinergia entre las medidas de apoyo al empleo y la reactivación y las de atención inmediata a las situaciones personales y familiares más críticas.
El tercer conjunto toma en cuenta el rol e importancia de la gran empresa, 39% del empleo formal y más del 90% de la exportación, rol protagónico en los sectores de intensidad tecnológica y relevante al generar cadenas de proveedores. Su aporte al incremento de la productividad es clave para garantizar el crecimiento y la transición a un modelo de desarrollo más sostenible. Aunque su capacidad de resiliencia es mayor en la fase de emergencia, en comparación con las empresas de menor tamaño, las pérdidas de empleo, capacidad productiva, tecnológica y exportadora son riesgos que afectan seriamente la fase de reactivación.
Por estas razones, además del acceso al crédito en condiciones favorables y el cofinanciamiento de la nómina salarial, se considera la posibilidad de que el Estado participe en recapitalizar grandes empresas estratégicas para el crecimiento. Estos apoyos se condicionan a que las empresas no despedan trabajadores por un plazo determinado desde la recepción del cofinanciamiento o de los aportes de capital, a no distribuir utilidades por un período similar y a implementar planes de inversión para acelerar la reactivación o aumentar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones. Asimismo, las grandes empresas deben empeñarse en reducir los plazos de pago a sus pequeños proveedores, llegando posiblemente a pagos al contado.