El Índice Global de Impunidad (IGI) y el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project son referencia global en impunidad y Estado de derecho. En IGI 2020 México ocupa el lugar 60, de 69 países. Colombia en el 49 y Chile en 50. México está en situación precaria en número de jueces por 100 mil habitantes con 2.17 respecto del promedio global de 17. En el índice del World Justice Project 2023, México se ubica en el lugar 116, de 142 países. Ecuador está en el 96, Colombia 94, Brasil 83, Argentina 63 y Chile 33.

México ocupa lugares bajos en orden y seguridad e impartición de justicia, en esta, ocupa el lugar 132 de 142; mal en los subcomponentes: efectividad de investigación y de los sistemas correccionales, en debido proceso, discriminación e influencia del gobierno. ¿Por qué se necesita un mejor sistema judicial? Porque proteger los derechos y libertades de todo ciudadano es una responsabilidad básica a cumplir por un gobierno.

El economista de la Universidad de Harvard, Robert Barro, luego de décadas de estudio sobre las variables que determinan el crecimiento de un país, incluyendo el nivel de desarrollo de mercados financieros, grado de democratización, entre otras, apunta a que el Estado de derecho es clave para detonar tasas de crecimiento económico.

Salvo esfuerzos de los presidentes Zedillo y Calderón, el Estado de Derecho pierde. ¿La reforma judicial que envió el Presidente al Congreso es la llave de mejora? El objetivo, reemplazar el sistema judicial por uno como el de Bolivia que no sobresale por mejores prácticas. Nombrar jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por proceso de elección popular no resuelve el número de jueces y sesga el resultado del voto a personas carismáticas, en campañas con contenido alejado del objetivo que se desea siendo funcionario del Poder Judicial, en lugar de escoger personas con preparación, características y experiencia para cumplir con la impartición de justicia que debe ser imparcial.

Es probable que la población vote por jueces, ministros y magistrados que prometan menos impuestos a que voten por un funcionario público que lleva años de servicio en el Poder Judicial con credenciales académicas, reconocimiento y la experiencia y que prometa elevar la calidad de la impartición de justicia con transparencia, accesible y conciliadora.