Por naturaleza el ser humano busca agruparse, formar sociedades en las cuales vivir en busca del desarrollo en un entorno de seguridad, de protección, de alianzas favorables para el clan, la tribu, el poblado, la ciudad, el territorio, el país. Con la agrupación en sociedad, surge la necesidad de contar con aquellos servicios que poco a poco se han incorporado a lo largo de miles de años de organización social y obvio, con quienes desempeñan ese tipo de distintos servicios dedicados a la comunidad, es decir, los servicios que lo que ahora se denomina Gobierno, debe proveer.
Hace miles de años el deber del mandatario del clan era simple, imponer orden al interior del grupo a través de respetar a las personas, sus posesiones y derechos, integrar el cuidado de las personas de ataques de otros clanes y disponer de grupos de caza para garantizar la supervivencia.
El desarrollo de la tecnología y el crecimiento en el número de población sin control exigen una demanda en constante crecimiento de estos servicios a grado tal que no es posible concebir una ciudad con orden social sin la presencia y actuación de un aparato de Gobierno complicado en su desempeño, y con muchos más retos de contar con ciudadanos que eligen violentar las leyes establecidas, incluso las básicas de convivencia. Llega el punto en el cual las sanciones pierden su carácter de represión de conductas antisociales.
Tantos más artículos y beneficios contenga una Constitución, más enorme y complicado será el aparato de gobierno necesario para su aplicación, la que debe ser en beneficio del pueblo, y por lo tanto más caro se vuelve el funcionamiento de ese aparato de gobierno.
Para resolver el costo que genera un aparato de servicio, un Gobierno dispone de la producción de bienes, servicios o productos a través de mantener la propiedad sobre los bienes del subsuelo o a través de empresas propiedad del Estado, sin embargo los Impuestos son la base para costear los gastos del Estado.
Evitar los impuestos es imposible, aunque hay una capa social que se maneja en la tiniebla a la que la Hacienda no penetra como son millones de trabajadores informales y miles de dueños de empresas millonarias, muchos en sociedad con el propio Estado Mexicano que les exime del pago de impuestos o aplica tarifas mínimas a ganancias extraordinarias, por lo que aprieta el cobro a los ciudadanos que tiene identificados y a la población en general a través de impuestos globales a bienes, servicios y productos diversos como alimentos y casi de todo tipo.
La Olimpíada que México realizó en 1968 generalizó el servicio de televisión a color en el país y el establecimiento del recién creado impuesto a la Tenencia y Uso Vehicular con carácter de transitorio para ayudar a solventar los gastos para construir y albergar a los atletas que concurrieron a México, sin embargo “llegó para quedarse”.
Candidatos a Diputados, Senadores y Gobernadores gritan al pueblo en tiempos electorales que lucharán por derogar la Tenencia, algo que muy pocos hoy gobernantes han logrado tal cual lo prometieron. El mismísimo Bronco en Nuevo León una vez gobernador, perdió totalmente la bravura ante la enorme pérdida económica que significa eliminar el pago por la Tenencia, promesa que pregonó, presumió y aseguró siendo candidato.