La propuesta de reforma a disposiciones de la Administración Pública Federal, en especial la que limita el pago de indemnizaciones en caso de que las empresas tengan litigio con el gobierno, afecta la certidumbre jurídica del país, advirtió Juan Carlos Baker, experto en comercio internacional. La intención es que el país no pierda, sin embargo, se deja un perdedor, no es una reforma que sujeta esté a litigio internacional apegada a derecho
Baker explicó que si el gobierno decide expropiar un proyecto lo puede hacer, los tratados comerciales no lo prohíben, aunque el gobierno debe pagar bajo principios internacionales, el cual señala se respete el valor comercial de la expropiación. Poner topes a las indemnizaciones va en el sentido contrario de la certeza jurídica, pues la parte administrativa es una iniciativa que reforma varias leyes, pero en esencia da mucho margen de operación al gobierno en los tratos que tenga para concesiones, licitaciones y expropiaciones. El gobierno puede tomar decisiones sobre tus activos y no hay ninguna garantía, primero que te va a pagar y segundo, que te vaya a pagar lo justo.
Aunque históricamente hay abusos por parte de privados, responder con estas acciones es igual de abusivo por el gobierno. Desde la perspectiva de Baker, las cifras del comercio exterior del país demuestran que es el ancla de la cual depende el país y que la reconfiguración en las cadenas de valor beneficia la llegada de inversiones extranjeras, pero este tipo de decisiones de política pública van en dirección contraria. Por ejemplo, la Ley Minera confronta al país con la inversión extranjera en muchos aspectos, lo que es muy preocupante.
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la reforma administrativa que envió el presidente de México al Congreso provocará conflicto con EE. UU., y Canadá, socios comerciales. El plan de enmienda a 23 leyes secundarias deja a las empresas proveedoras del Gobierno en desventaja, debido a la cláusula exorbitante que da prioridad al Estado y que hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios. Consideramos que esta iniciativa viola la Constitución, genera incertidumbre, atenta contra el Estado de derecho y encarece los costos de proyectos por el alto riesgo para las empresas, enfatizó.
Coparmex dice que la iniciativa, cuyo argumento principal es dar a la Administración Pública Federal instrumentos jurídicos para salvaguardar el interés general, echa por la borda las oportunidades de atraer nuevas empresas y capital que nos abre el nearshoring y terminará por afectar a los jóvenes que requieren opciones de empleo y mejores ingresos en el presente y futuro. Sin inversión no hay desarrollo.