Hay un problema crítico en nuestro país que es el abusoinfantil, que ha llegado, estimado lector, a niveles escandalosos en México, sobre todo, a raíz de la etapa de “resguardo” consecuencia del Covid-19, y en Tamaulipas no podemos bajar la guardia.

Según datos dados a conocer por la ONG internacional ‘Save the Children’ se puede constatar que de 2015 a la fecha ha existido un aumento de más del 80% en reportes de violencia familiar y que, solo durante 2021, diariamente 37 niñas, niños o adolescentes sufrieron violencia física diariamente en nuestro país.

En ese contexto, creo que los ciudadanos debemos sumarnos con propuestas y proyectos de iniciativas, porque tener una mejor comunidad implica la participación de todos.

Por eso, en el Colegio de Abogados que presido hemos decidido sumarnos a trabajar de la mano de la gente que ama a Tamaulipas y que quiere avancemos, y estamos por presentar una iniciativa para reformar obstáculos e incongruencias legales, que le permitan a nuestras niñas y niños denunciar directamente cualquier forma de abuso.

Y es que, generalmente en los esfuerzos legislativos en la materia, se habla de endurecer las penas para los delitos de violación, violación equiparada, abuso sexual; de mejorar la redacción en el delito de abuso sexual en beneficio de las víctimas; de eliminar cualquier tipo de prescripción en los delitos de violación equiparada y abuso sexual; y sobre todo desde el enfoque de prevención, sin embargo, y me duele decirlo: de poco o nada han servido estas acciones, pues usualmente quedan en retórica.

De acuerdo a las estadísticas, justo al tiempo que Usted lee este texto, alguna niña o niño está sufriendo algún tipo de abuso y lo está viviendo en silencio y sin ayuda, o peor aún, el dolor que sienten, lo ven normal. Si no podemos proteger a quienes son más vulnerables en nuestra comunidad, estamos destinados a un fracaso continuo como sociedad. Comparto datos:

Un dato que es muy ilustrativo de lo que ocurre, es el siguiente: el 40% de la violencia que se da en las escuelas, el 53% que se da en los trabajos y el 67% que se da en las colonias: es de carácter sexual.

Pero lo doblemente alarmante es que los agresores sexuales muchas veces se encuentran al interior de las casas en donde viven los niños víctimas, sea un primo, un tío, u otro familiar.

También robustece lo anterior la Consulta Infantil y Juvenil 2021 aplicada por el Instituto Nacional Electoral, que da cuenta de que 1 de cada 4 niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años que viven en este país afirmaron estar expuestos a abuso sexual en su comunidad o el entorno en el que viven.

Y por si fuera poco, en un documento publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Centro de Excelencia UNODC-INEGI y el Early Institute, se desprende que al analizar la información estadística que integra el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, con información de los institutos de procuración de justicia de cada entidad federativa, existe un registro de 51 mil 273 delitos sexuales cometidos a las víctimas en carpetas de investigación previas y abiertas por el Ministerio Público y por el especializado en adolescentes; de las cuales ¡el 42.4% fueron menores de edad!

Esto equivale, estimado lector, a 21 mil 717 niñas, niños y adolescentes, donde el 83% de las víctimas fueron del sexo femenino. Dicho de otra manera: en nuestro país, 4 de cada 10 delitos sexuales son cometidos contra menores de edad y de ellos, 8 de cada 10 fueron niñas y adolescentes mujeres. (Esto sin contar que muchas de las víctimas no denuncian y ni siquiera acuden a los hospitales o servicios de salud).

En virtud de todo lo anterior, estamos terminando de darle forma a una gran propuesta, que parte de una cuestión inequívoca: esta situación es real y puede pasarnos a nosotros mismos, me refiero a nuestros seres queridos, a los hijos de una amiga, a una sobrina, etcétera.

Por último, vale precisar, que no se desconocen ni escatiman los diversos programas de Protección de Derechos de la Niñez implementados en nuestro Estado para garantizar el cumplimiento de sus derechos y prevenir situaciones de violencia o vulneración de los mismos, no obstante ello, soy un convencido de que dándoles voz a nuestras niñas y niños, se podrá reducir los márgenes de maniobra de quienes están al acecho, manipulándolos con fines perversos.